…”la gente negra del mundo tendrá que rehuir la tradición falsa y tendrá que enseñar la verdad,
que será su nueva filosofía de redención. Esto tiene que enseñarse en el hogar a los niños, a los jóvenes; en las universidades y escuelas a los estudiantes; desde pulpitos, plataformas y conferencias a los públicos; y en fraternidades y sororidades a los hombres y mujeres jóvenes. Esta Filosofía de la Redención, siendo una revelación de la verdad en la historia de la civilización de los negros, tendrá que convertirse en una porción necesaria de su educación y tendrá que ser enseñada a las generaciones y siglos por venir, para poder llenarles de inspiración y orgullo y liberarlos de su mentalidad de servidumbre”. GEORGE G. M. JAME
Una de las principales construcciones ideológico-políticas de la modernidad reciente para ofrecer alternativas humanamente aceptables en torno al establecimiento de parámetros de conducta y relacionamiento social en función de la co-existencia de grupos poblacionales étnico-culturalmente diferentes y diferenciados ha sido la invención del multiculturalismo, cuya exacerbación, principalmente a partir de los años 90 del siglo anterior, ha significado una incursión progresiva del discurso del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en los sistemas políticos de orientaciones demo liberales, que coincidió en América Latina con la configuración de tipologías de Estados neoliberales residuales agenciadas e inducidas por los Estados Unidos a través de las políticas de ajuste estructural.
Sin embargo, mas allá de la ambivalencia, que de ello a todos nos consta, de un sistema político que se reclama social y democrático de derechos con un modelo económico de vocación capitalista que contraría sus fines, el reconocimiento y la vivencia del multiculturalismo y la interculturalidad en la sociedad colombiana no sólo presenta una limitada inclusión dentro de su ordenamiento jurídico-legal, sino que, de manera consustancial con la lógica y dinámica del estado y la sociedad se reproducen practicas institucionales y relaciones de poder que además de prolongar la precariedad de las condiciones materiales y sociales de los grupos negativamente alterizados, racializados y marginalizados, tienden a agudizar tales situaciones, y en consecuencia, a acrecentar los niveles de injusticia e inequidad étnico-racial.
Todo lo cual nos conduce a repensar2 y cuestionar el orden sociopolítico actual, y a su vez, los imaginarios socio-raciales sobre los cuales se construyó el estado y la sociedad colombiana, así como la constitución misma de su estructura de poder y dominación, para reconocer y abordar públicamente con el concurso protagónico de los grupos étnicos en desventaja comparativa los puntos cardinales sobre los que se sostiene en el espacio y en el tiempo el lastre histórico del racismo y la discriminación racial.
Invención pseudo-científica sobre los africanos y sus descendientes.
África y sus descendientes han sido históricamente mal interpretados y sobre todo mal representados. Producto de la construcción pseudo-científica (falsedad científica) occidental cristiana, esta imagen consistió en representar a África desde una inferioridad que le consideraba como atrasada e incivilizada. Donde la naturaleza y estructura anatómica y cerebral del africano era diferente e inferior a la del hombre blanco occidental. La construcción de esta representación negativa de África en la era reciente tuvo lugar principalmente en los siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX, y sirvió de so-pretexto para justificar el sometimiento de los africanos y sus descendientes al sistema inhumano de explotación económico esclavista, así como para el posterior proceso de colonización de África por los mismos europeos.
Fue así como, en desarrollo de esta corriente participaron diversos etnógrafos, científicos, viajeros, misioneros e investigadores europeos y sus descendientes en territorios americanos, especialmente en América del norte. Los cuales señalaron, entre otros aspectos que, “los negros son pueblos bárbaros, ignorantes, ociosos, pícaros, tramposos, sanguíneos, ladinos, sospechosos y supersticiosos” (Edward Long. 1774). Del mismo modo, Hegel (1830) consideraba que “áfrica no era parte de la historia del mundo”, puesto que no tenía “movimientos ni desarrollo que mostrar”. J. J. Roueseau argüía que “los negros no tenían el intelecto de los europeos”. Por su parte, Robert Nnox (1850) sostenía que “la historia pasada y futura del negro estaba vacía de contenido”. “En África sólo existe crueldad y opresión por doquier, en ningún lado pueden encontrarse rasgos de civilización, barbarie absoluta la ha dominado durante millones de años” decía Anderw H. Foote. Pero quizás uno de los planteamientos más deshumanizadores que se sumó a los anteriores fue el de Richard Burton (1863) quien escribió; “debido a alguna deficiencia de su naturaleza los africanos (y por consiguiente, sus descendientes) son incapaces de desarrollo, más allá de cierto estado de primitivismo. Debido a un freno mental retroceden en lugar de avanzar”.
Teniendo lugar esta representación en el mundo occidental cristiano, esta imagen vino a desembocar en una situación de sobredeterminación divina que dio paso para que a dicha argumentación pseudo-científica se le sumara una justificación religiosa. De este modo, uno de los principales intelectuales de la época, el filósofo Emmanuel Kant expresaba vagamente; “Dios no pudo haberle puesto alma a un cuerpo negro”.
Esta “convención intelectual” pseudo-científica vino a fortalecerse con la validación académica mundial de la teoría Darwiniana de la reproducción de las especies que hubo de traducirse desde el punto de vista sociológico en el denominado darwinismo social, que equiparaba a las dinámicas societarias y en particular a los grupos poblacionales que la constituían a la lógica de la supervivencia del más fuerte, sin distingo de las relaciones desiguales de poder de dichos grupos. En consecuencia, la exteriorización de esta concepción sobre los africanos y sus descendientes tendió a recrudecer la negatividad de su representación simbólica y las expresiones xenofóbicas, racistas y discriminatorias con las que se les referenciaban. Una corta frase del pensamiento de la época permite ejemplificar lo anterior; “provoquemos una extinción natural del negro para que nuestras manos no se manchen, sino las epidemias y las pestes (José Ingenieros).
Las repercusiones empíricas de esta representación fueron experimentadas con total crueldad por parte de los africanos y sus descendientes sometidos al sistema económico esclavista al ser considerados y tratados como animales salvajes, sin alma, sin espíritu y sin ninguna condición mínima de dignidad humana.
El racismo y la discriminación en la historia del estado y la sociedad colombiana.
Producto de la representación social despectiva, peyorativa y animalizadora del africano y sus descendientes y las condiciones materiales a las que fueron sometidos, el racimo y la discriminación racial tuvieron lugar de manera consustancial con la dinámica misma de formación del Estado y la sociedad colombiana. Pues, las relaciones interétnicas estuvieron d
eterminadas por las condiciones sociales desiguales emanadas de la pirámide racial que situaba a los negros en la base de la misma y que en términos socio-raciales le significaba pocas posibilidades de ascenso socioeconómico debido a la exclusión y marginalización de las que fueron objeto. Tal situación evidenciaba los efectos en el tiempo de la glocalizacion de la construcción pseudo-científica que, al menos para el caso colombiano, tendió a fijar su marco discursivo bajo la perspectiva del darwinismo social que hubo de influenciar fuertemente las consideraciones biológicas al respecto de las representaciones étnicas. Fue así como, por ejemplo, José Celestino Mutis, uno de los ilustres de la patria, de acuerdo con la historiografía oficial, y quien en su momento encabezó la famosa expedición botánica, argüía que las condiciones climatológicas y ambientales determinaban las características fenotípicas de los seres humanos, y estas a su vez, las capacidades mentales de los individuos. Su deducción lo llevó a considerar, sin ninguna demostración científica, que las condiciones climáticas tropicales (e “inhóspitas”) provocaban la existencia de individuos mentalmente inferiores a los individuos asentados en el clima andino, y que, por consiguiente, los negros eran inferiores a los blancos. En términos políticos sus consecuencias fueron profundas, a juzgar por las posiciones de quienes consideraron que este país debía surgir sin la presencia de los negros (Mitre y Sarmiento). E incluso, el cinismo político fue tal que no solamente trató de marginalizar, invisibilizar y excluir a los negros en términos sociopolíticos, sino que también le acusaba del limitado progreso de la sociedad colombiana. En este sentido, uno de los personajes políticos a través de los cuales la oligarquía nacional se ha representado a si misma en el estado, Laureano Gómez, decía; “esta nación está atrasada por la presencia de los negros y los indios”.
El trasegar histórico de las comunidades negras en este país se corresponde con las anotaciones precedentes respecto de la discriminación racial y el racismo institucional, pues los episodios políticos históricos así lo demuestran. Uno de los cuales fue la situación producto de la ley de “manumisión de partos” de 1821que significo un espejismo abolicionista por cuanto no sólo se limitaba a reconocer la libertad para los hijos de los esclavizados después de haber cumplido una edad de 18 años, sino también, porque estos debían comprar su propia libertad, supuestamente ya dada. Por lo cual, este hecho jurídico-político no modificó en absoluto las condiciones serviles de la época, puesto que, aún reconociendo la posibilidad de libertad que abrió la norma, las retribuciones económicas que les pagaban los esclavistas a los esclavizados eran tan precarias que no les permitía zafarse de su yugo.
Por otro lado, una situación similar tendría lugar con la “ley de abolición legal de la esclavitud” de 1851 (que empezaría a regir a partir del 1 de enero de 1852) donde en lugar de indemnizar a los esclavizados, explotados, despojados y reprimidos, el Estado y la sociedad colombiana (incluyendo a la Iglesia Católica) indemnizó a los esclavizadores, explotadores y opresores, dejando a las negros y negras a la intemperie, a la suerte de su propio destino. Este es quizás uno de los hechos donde se ha evidenciado con mayor claridad el racismo del Estado colombiano para con las comunidades negras y la indolencia de una sociedad construida sobre la base de la discriminación y la exclusión étnico-racial.
Sólo hasta finales del siglo XX (1990 – 1991) con Constituyente Nacional y producto de la presión y la movilización social de las comunidades negras e indígenas organizadas y/o en proceso de organización, el Estado colombiano se reconoció como multicultural y pluriétnico. Lo que dio lugar a la inclusión del Artículo Transitorio 55 en la Constitución Política de 1991, que se devino en el reconocimiento jurídico de los Derechos Ancestrales de las comunidades negras, a través de la ley 70 de 1993. No obstante, el desarrollo de esta ley en la actualidad es muy limitado y la responsabilidad del Estado como garante de derechos esta entredicha, pues por el contrario, asistimos a un desmonte sistemático de la misma a través de disposiciones institucionales y de gobierno que lesionan sustancialmente los derechos ancestrales de las comunidades.
Panorama de la población afrocolombiana actual en perspectiva sociohistórica.
Los descendientes de africanos en Colombia constituyen un importante sector poblacional que ha aportado a la construcción social, económica, política y cultural de la nación. Según los datos del Censo General de población 2005 el porcentaje de población que se autorreconoció como negra o afrocolombiana, incluyendo palenqueros y raizales, es de 4.261.996 que representa el 10,3% de la población total del país3. Según el Censo, la mayor concentración poblacional está en la región Pacífica con 1.904.739 personas, lo cual representa un 44.1% del total de afrocolombianos del país. Le sigue la Región Atlántica con 1.346.281 personas y un porcentaje de 31.2%. Por otro lado, ciudades como Cali, Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá concentran el 30% del total la población afrocolombiana. Si se suma la población en ciudades intermedias el porcentaje de las comunidades negras asentada en zonas urbanas asciende a un 43%.
Las condiciones económicas y sociales en las que viven los negros o afrocolombianos en todo el país y los indicadores con los que éstas son descritas reflejan la marginalidad, la exclusión y los efectos en el tiempo de la esclavización a la que fueron sometidos en el pasado y la discriminación que actualmente padecen. De lo cual dan cuenta algunas variables relacionadas con las condiciones socioeconómicas de esta población: para el caso de la tasa de alfabetismo, el promedio para población afrocolombiana es de dos puntos por debajo de la media nacional (88% y 86% respectivamente); la población profesional a nivel nacional es del 7% y para el caso de la población afrocolombiana es del 4%. La mortalidad infantil a nivel nacional es de 26.9 por cada mil niños, mientras que el promedio para la población afro es del 48.1; para el caso de la población infantil del Chocó ésta llega a 77.5 por cada mil niños. La esperanza de vida promedio nacional es de 72.8 años y para el caso de la población afrocolombiana es de 64.6 y para la población chocoana de 58.3 años4.
En términos generales, los indicadores de bienestar social, condiciones y calidad de vida, entre otros, ubican a la población afrocolombiana por debajo de la media nacional. Esto ilustra condiciones de inequidad, ausencia de oportunidades y situaciones de marginalidad y alta vulnerabilidad5.
La población afrocolombiana tiene menores oportunidades de acceso a la educación media y superior, y una menor participación en los mercados de bienes, servicios y financieros. En general, se presenta una mayor vinculación de la población en el mercado laboral informal y a través de empleos no cualificados o servicios generales, lo cual afecta la posibilidad de vinculación de la población como cotizante al sistema de protección social. Lo anterior, sumado al déficit de cobertura del régimen subsidiado de la salud y la presencia de enfermedades endémicas, afecta la esperanza de vida de la población afrocolombiana con respecto al promedio nacional, con un énfasis territorial mayor en la región del Pacífico6.
De este modo, vemos que la colonización del poner en la formación del Estado – Nación colombiano se expresa en la actualidad tanto en las relaciones socio-raciales de su población como en las p
rácticas institucionales. Así, el racismo institucional se evidencia en que la presencia del Estado y su capacidad como garante de derechos es mucho más residual y disfuncional en los territorios constituidos mayoritariamente por población afrocolombiana que en las poblaciones mestizas o eurodescendientes, especialmente en los sectores de clase media y alta. Del mismo modo en que el racismo estructural se corresponde con la estructura de clase, donde las comunidades negras se hallan situada en la base de la pirámide socioeconómica.
Por otro lado, las comunidades negras están ubicadas en zonas de capital importancia en términos geoestratégicos, sobre las cuales están planificados, sin su participación, megaproyectos portuarios, turísticos, de infraestructura y la expansión de la agroindustria, que las expropian de su territorio para permitir la posterior apropiación y explotación de los mismos por parte del capital privado – nacional y/o multinacional-, a través de la instrumentalización del poder expresado en métodos legales (pero ilegítimos) e ilegales, con la complicencia del Estado y del Gobierno colombiano.
Además, y en relación con lo anterior, los afrocolombianos sufren un impacto desproporcionado del conflicto armado interno que por mas de 50 años ha desangrado al país, sobre todo a los sectores sociales más desprotegidos, donde los desplazamientos, emplazamientos, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, amenazas y asesinatos de lideres, cercos alimentarios, etc., constituyen algunas de las tipologías que hacen que los afrocolombianos constituyan en términos humanitarios la mayor crisis de la diáspora africana en el mundo. Colombia es el país en el mundo con mayor número de desplazados forzados internos. Los afrocolombianos constituyen en la actualidad el 30% del total de la población internamente desplazada (PCN: 2008). Situación que, según los principios del DENG de Naciones Unidas se constituye en una limpieza étnica o un etnocidio, por cuanto estamos presenciando un plan deliberado de exterminio y desterritorialización sobre esta población, que modifica sustancialmente la composición étnico-racial de los territorios de comunidades negras y anula las posibilidades reales del ejercicio de sus Derechos Colectivos.
Caso Valle del Cauca y Buenaventura.
El reciente Informe de Desarrollo Humano (IDH) para el Valle7 plantea que las oportunidades que ofrece el departamento por su situación geoestratégica, geografía, suelos, climas, economía altamente competitiva, industria manufacturera y de servicios modernos, infraestructura de calidad y universidades acreditadas, no están distribuidas equitativamente entre su población afrovallecaucana, indígena y “no étnica”. Pues aunque en el Valle del Cauca se verifican avances en materia de bienestar por cuanto el índice de condiciones de vida es 83,7, superior al del departamento de Antioquia (81,7) y al del país (78,8); la población con necesidades básicas insatisfechas (Nbi) es el 15,6%, casi la mitad que la de la nación (27,6%) y el índice de desarrollo humano (Idh) del Valle del Cauca (0,80) es el segundo del país, después del de Bogotá (0,83) y finalmente, el departamento muestra tendencias en erradicación de la pobreza e indigencia mejores al promedio nacional y tendencias positivas hacia el logro de las metas planteadas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Odm), sin embargo, persisten situaciones que generan exclusión.
Según el IDH la exclusión incluye la pobreza, y hace referencia, además, tanto a las carencias materiales, como a la precariedad de oportunidades, capacidades y libertades, y a la sustracción forzada de sectores poblacionales de escenarios en los que se toman decisiones y definiciones fundamentales relacionadas con elaboración y ejecución de propuestas de bienestar. La suma de limitaciones y desigualdades en oportunidades, capacidades y libertades hace que la exclusión trascienda la pobreza y se manifieste bajo formas variadas y diversas, según los derechos que se vulneren, las oportunidades que se recorten y las libertades que se restrinjan. La acumulación de desventajas en diferentes dimensiones del desarrollo humano coloca a quienes las padecen en condición de vulnerabilidad y en riesgo de caer en círculos viciosos que tienden a reproducirlas y perpetuarlas. En el IDH para el Valle del Cauca se reconoce que entre los grupos poblacionales que presentan mayor acumulación de limitaciones están los indígenas, las personas en situación de discapacidad y las comunidades negras. Los hogares de afrocolombianos tienen un índice de condiciones de vida (Icv) de 74, mientras que el de los hogares “no étnicos” es 82; en el 58% de aquellos se vive por debajo de la línea de pobreza y en el 19%, por debajo de la línea de indigencia, contra 49 y 12% respectivamente en los hogares “no étnicos”. (IDH: 2008).
Todo lo cual se complejiza con la localización y agudización del conflicto armado interno en la región, que opera de forma imbricada con la implantación y profundización de una plataforma económica de enclave, cuya racionalidad esta orientada en función de la generación y acumulación de capital monetario, en detrimento de los recursos naturales y de las dinámicas societarias regionales y locales.
Es en este complejo contexto donde se explica la crítica realidad humanitaria, social y económica que vive el municipio de Buenaventura (hoy anfitrión del II Encuentro Nacional de Jóvenes y Estudiantes Universitarios Afrocolombianos). Municipio que por sus condiciones geoestratégicas, biodiversa, hídrica y mineral se convierte para los emporios económicos nacionales y extranjeros, por un lado, en un importante “banco” de extracción de materias primas para la producción capitalista en diferentes ámbitos y, por otro, en una zona de capital importancia política en relación con la lógica de la economía de mercado, dado a su importancia para las operaciones comerciales internacionales.
En este sentido, la disputa y/o dominación y control territorial expresado en diversas formas de violencia extrema, da cuenta a su vez de los intereses económicos y políticos que se tienen sobre este territorio. Y es en este marco de lucha e imposición de poderes donde tiene lugar la relación entre el desplazamiento forzado y los megaproyectos. Es así como, cada vez se evidencia con mayor claridad que “los desplazamientos provocados por los paramilitares coinciden con los lugares de implantación de megaproyectos, y que el mapa de los territorios afrocolombianos e indígenas coincide, en parte, con el de grandes proyectos de infraestructura, con el de una gran biodiversidad, con el de riquezas en el subsuelo… y el de la lucha armada. De esta manera, muchas de estas comunidades se encuentran establecidas en sitios militar, política y económicamente estratégicos”8.
En este sentido, si correlacionamos los mapas de los megaproyectos, y la correlación entre los intereses locales, regionales y transnacionales encontramos que “el modelo de desarrollo mundial se impone a través de las practicas de un discurso doble. De una parte, se viene implementando la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana IIRSA, y de otra, el Corredor Biológico Mesoamericano CMB; las cuales son dos estrategias complementarias dentro del proceso de privatización de la biodiversidad. Para esto se requieren desarrollar, con el IIRSA, la infraestructura, especialmente de comunicaciones (terrestre, aérea, acuática, proyectos energéticos, etc.), y como complemento, el Corredor Biológico Mesoamericano. Dentro de este último, Colombia tiene su lugar y, con nombre propia, el municipio de Buenaventura, puesto que en el Corredor Biológ
ico Mesoamericano se incluye la región del Chocó Biogeográfico, región donde se ubica este municipio.
Es en este entramado de intereses geopolíticos y económicos donde se explica, en parte, el conflicto militar y social que hoy padece el municipio. En el cual están planificados y/o en proceso de implementación grandes proyectos de expansión portuaria, industriales y de remodelación urbanística. Tal es el caso de proyectos como el “Puerto Industrial de Aguadulce”, la expansión del “Puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura”, el “Centro de productividad de la Pesca”, el “Puerto Industrial de Delta del Río Dagua”, el “Centro de Productividad de la Madera”, el “Complejo Industrial y portuario”, el “Centro de Actividades Económicas- CAE”, la “Zona de Expansión Industrial”, el “Aeropuerto Internacional de Carga” y el Malecón. Este último contempla la construcción de un “complejo hotelero a la orilla del mar”, un “Centro de Convenciones y complejos comerciales” y “oferta urbana de bienes públicos y privados para el desarrollo inmobiliario y empresarial”, el cual será construido en el sector sur de la isla, lugar donde están ubicados algunos de los barrios de mayor intensidad bélica del puerto, y por ende, los que registran mayores niveles de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos internos y externos, y masacres que han aterrorizado a la población. Sin embargo, estos megaproyectos son considerados como estratégicos tanto por el gobierno central, como por el departamental y local. Razón que justifica el desalojo de más de 3.500 viviendas ubicadas en la zona lacustre o de bajamar.
Por lo tanto, el modelo de desarrollo impuesto, el conflicto armado, la exclusión y el racismo, vulneran profundamente la dignidad humana y los derechos colectivos de las comunidades negras, en tanto contribuyen al debilitamiento de su identidad étnico-cultural, a la pérdida creciente de sus territorios colectivos tanto rurales como urbanos; al debilitamiento de sus redes sociales de apoyo y organización para la participación comunitaria, menoscabando su autonomía y restringiendo las posibilidades de agenciar propuestas y acciones para su desarrollo propio9.
Algunas conclusiones finales.
Un primer elemento conclusivo de las descripciones precedentes es la consideración de que la población afrocolombiana esta siendo objeto de acciones sistemáticas de lesa humanidad que ponen en riesgo su pervivencia como grupo étnico, es decir que los problemas que hoy padecemos debemos afrontarlos con el insoslayable ímpetu que amerita nuestra sobrevivencia étnica y la vivencia de nuestros derechos Colectivos.
Un segundo aspecto tiene que ver con un cuestionamiento y rechazo rotundo al sistema de intervención institucional asistencial actual, puesto que, en lugar de generar condiciones reales que permitan transformar de manera positiva el conjunto de las problemáticas estructurales que padece la población afro, sólo contribuyen a prolongar las inequidades y la injusticia social, a desmovilizar la capacidad organizativa de las comunidades y a generar mayores niveles de dependencia socioeconómica y política. Teniendo en cuenta que sólo mediante respuestas estructurales es posible transformar sustancialmente las relaciones de poder y las condiciones sociales y económicas desiguales e inequitativas de la sociedad colombiana, a razón de que la marginalización y la exclusión étnico-cultural constituyen tipologías empíricas de la discriminación y del racismo estructural e institucional.
Y en tercer lugar, debe ser un compromiso indeclinable nuestro demandar del Estado colombiana la reparación histórica de nuestras comunidades a través de la aplicación efectiva de las acciones afirmativas, entendidas como el conjunto de directrices, programas y medidas institucionales orientadas a generar condiciones para mejorar el acceso a las oportunidades de bienestar económico, social y cultural de la población negra o afrocolombiana, a partir de la garantía y vivencia de sus Derechos Colectivos10.
Desde esta óptica, las políticas de acciones afirmativas deben orientarse en función de dos propósitos fundamentales: en primer lugar, deben enfocarse en la deconstrucción de la falsedad pseudocientífica de los africanos y sus descendientes y sus repercusiones en el tiempo, en otras palabras, la eliminación de todas las formas sociales e institucionales de racismo y discriminación racial; y de otro lado, debe significar en términos prácticos en la transformación positiva de las condiciones de exclusión y marginalización socioeconómica. De modo que se nos garantice el Derecho a ser hombres y mujeres negr@s (identidad), el derecho al territorio como espacio de vida, a la organización propia y la participación, la autonomía y la posibilidad real de tener una opción propia de futuro de acuerdo a nuestra cosmovisión como grupo étnico y como pueblo.
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