Las comunidades campesinas de Playa Rica, Huisitó y Los Andes que nos encontramos en asamblea permanente y movilización en el parque central de la cabecera municipal de El Tambo – Cauca desde el pasado 31 de mayo, manifestamos al Gobierno Colombiano, la Opinión Púbica, las Autoridades Civiles y Militares, los Entes de Control del Estado, las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, y a la Comunidad Internacional, lo siguiente:
1. Que desde el pasado 18 de mayo, día en que el Ejército y el ESMAD llegaron hasta el corregimiento de Playa Rica – El Tambo para erradicar los cultivos de uso ilícito, nos declaramos en Asamblea Permanente, solicitando al Gobierno Departamental y Nacional que escuche las propuestas que comunidades tenemos para sustituir gradualmente los cultivos de uso ilícito presentes en nuestra región, propuestas que aunque vienen siendo presentadas desde hace tres años no han sido escuchadas y por el contrario el Estado ha utilizado la fuerza y se ha mostrado indiferente ante ellas.

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Los habitantes de Mazamorrero (Buenos Aires y Santander de Quilichao –Cauca, Colombia) ancestralmente hemos hecho aprovechamiento de la finca San Rafael en desarrollo de nuestras actividades de producción agrícola y pecuaria como una actividad socio-económica y cultural para nuestra supervivencia étnico-cultural y la permanencia en el territorio. En este sentido el pastoreo, la agricultura  y corte de leña en ese territorio no se ha visto interrumpida desde los tiempos en que teníamos posesión legal de la finca, ya que siempre se ha respetado esta tradición. Las comunidades negras de los corregimientos de Mazamorrero hicieron solicitud de adjudicación o compra de la finca San Rafael al INCODER en el 2006 y en otras ocasiones.

Desde el año 2006 y en anteriores ocasiones, el gobierno nacional y departamental, han venido reconociendo que el territorio en el que se encuentra la finca san Rafael es territorio ancestral, Buenos Aires se incluye como uno de los 10 pilotos para procesos de reparación por afectaciones del conflicto armado interno en Colombia, en la perspectiva de Reparación Colectiva para afrodescendientes; en el 2007 la gobernación del Cauca a través de un decreto reconoce esta condición.

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La Asociación Taller Abierto  y las demás organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes  denunciamos ante los entes gubernamentales, la comunidad nacional e internacional y presentamos nuestro enérgico rechazo a la incursión de hombres armados a la sede de Taller Abierto en Cali.
HECHOS
El lunes 13 de junio/2011,  dos hombres -uno de los cuales estaba vestido con uniforme de la empresa Servientrega-, llegaron a las 11:40 am a la sede de Taller Abierto  del Barrio La Rivera de Cali portando una caja. Preguntaron por la Coordinadora General, para quien supuestamente correspondía la encomienda. Una de las integrantes de Taller Abierto abrió la puerta de entrada para recibir la caja. Tan pronto entraron para dejar la caja, sacaron sus armas. Uno de ellos sujetó contra la pared por la fuerza a la compañera,  tapándole la boca, diciéndole que no se preocupara, que a ella no le iban a hacer nada, que los acompañara a la parte de arriba.  El otro atacante se dispuso a subir por las escaleras para acceder a las oficinas del segundo piso, pero como la compañera a quien sujetaron  alcanzó a gritar, dos integrantes  de Taller Abierto, quienes se encontraban en otra oficina del primer piso, abrieron la puerta de acceso a la sala de recepción, preguntando qué pasaba. El hombre que estaba subiendo las escaleras las encañonó  diciéndoles que se quedaran quietas; pero ellas lograron cerrar de nuevo la puerta y ponerse a salvo.  Mientras tanto, otra persona de Taller Abierto se presentó por las escaleras de acceso para indagar qué estaba pasando. El resto del Equipo, que se encontraba en el segundo y tercer piso se movilizó ante la situación. Ante la imposibilidad de controlar la situación, los asaltantes finalmente huyeron.

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ANA FABRICIA CÓRDOBA ERA UNA DIrigente y la hicieron un símbolo. La mataron para enterrarla y enterrar con ella esa larga fila de asesinados, desplazados, desterrados, menesterosos que la seguían esperanzados y atemorizados. Había gente empujando. Había mucha gente que la echaba por delante como escudo para reclamar tierras, vidas y hasta cadáveres. La han sacado a punta de muertos de sus tierras y de sus casas, en Urabá, Tibú, Suárez, Guachucal, Necoclí, Saravena, El Cairo, Bucaramanga, Popayán, Líbano y San José de Apartadó. Y cien pueblos más y miles de muertos más y millones de desplazados más. Las ciudades se han vuelto comunas y las comunas encierran cementerios, tumbas clandestinas, muertos calcinados, blancos, ignorados.

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