Johana Acosta, estudiante de Derecho, y demandante. Cerca de $100 millones deberán pagar, en conjunto, dos reconocidas discotecas de la ciudad, para indemnizar a dos jóvenes a las que les negaron el acceso a tales establecimientos por ser de raza negra.
La orden fue impartida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena al resolver una demanda instaurada por Johana Acosta Romero y su hermana Lena, quienes también en el 2005 ganaron una acción de tutela contra los mismos negocios por haberles impedido entrar.
La demanda se basó en la protección al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación racial, quebrantado por las discotecas La Carbonera y Q-kayito.
AMENAZAS
Por haber ganado este pleito judicial, las hermanas Acosta Romero dicen que empezaron a recibir llamadas telefónicas en las cuales las amenazan de muerte.
Asimismo, el abogado de las hermanas Acosta Romero, Francisco Hernández, también dijo haber recibido amenazas de muerte.
Johana Acosta manifestó que en la mañana de ayer recibió varias llamadas a su teléfono celular, y en ellas una voz masculina desconocida le decía: «Perra hijueputa, no les va a alcanzar la vida para que vean esa plata».
Por esto, la amenazada interpuso de inmediato denuncia penal ante la Fiscalía, con el acompañamiento y asesoría de la «Red para el Avance de las Comunidades Afrodescendientes» (Red Afro), a la cual ella pertenece.
«El objeto de estas denuncias es que la opinión pública conozca los hechos de manera inmediata y se haga una idea de la situación de peligro a la que se exponen las señoritas Acosta Romero, su abogado y sus familiares, por ejercer sus derechos fundamentales ante la justicia», dijo Sindis Meza Pineda, presidente de la Red Afro.
Por su parte, el abogado Francisco Hernández dijo a El Universal que el miércoles 4 de enero, estando en la ciudad de Bogotá, recibió una llamada a su teléfono celular mediante el cual la voz de un desconocido le dijo: «Oye, abogado corrupto, hijueputa, te vas a morir antes de que veas un peso de esa plata».
Hernández anunció que hoy entablará la correspondiente denuncia penal y se dirigirá a los medios de comunicación para dar más detalles del hecho.
A su tiempo, Otto Medina Monterrosa, presidente de la Asociación de Periodistas Afrodescendientes del Caribe (APAC), dijo que «los comunicadores agremiados en esta asociación damos desde ya nuestro respaldo a los amenazados y calificamos tales provocaciones como actos de intolerancia, de irrespeto contra la justicia y de falta de valores civiles por parte de quienes las profieren».
«Igualmente, apoyamos cualquier iniciativa de las organizaciones afrodescendientes que operan en Cartagena para contrarrestar este tipo de actuaciones que en nada contribuyen a la sana convivencia y a la recuperación de la paz que todos queremos».
Precedentes
En diciembre de 2005, las hermanas Johana y Lena Acosta denunciaron haber sido discriminadas racialmente por los establecimientos nocturnos La Carbonera y Q-Kayito, ambos en el exclusivo sector de El Arsenal, del Centro de Cartagena.
Las jóvenes interpusieron una acción de tutela que fue fallada a su favor, reconociéndoles el derecho a la igualdad.
Dicho fallo se convirtió en el primero de su clase, en la historia de Colombia, proferido por un caso de discriminación racial. El fallo llamó la atención de la Corte Constitucional seleccionándolo para su estudio y revisión, hecho que daría como resultado a la Sentencia T-1090-2005.
En esta sentencia la Corte pide al poder legislativo colombiano que haga lo pertinente para desarrollar una ley antidiscriminación.
Así mismo solicitó a la Defensoría del Pueblo impartir cursos obligatorios en derechos humanos a los discriminadores y fija una condena en abstracto para el resarcimiento de los daños y perjuicios, de manera pecuniaria.
En el 2006, Johana y Lena Acosta inician un proceso de «incidente de liquidación» por los daños y perjuicios causados, y es hasta febrero 4 de 2009 que se da a conocer la providencia, que ordena a las discotecas a pagar cada una la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigentes ($49’690.000).
Responde La Carbonera
ANDRÉS PINZÓN SINUCO EL UNIVERSAL
Respecto a la orden del Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, de indemnizar con $100 millones a las hermanas Acosta, el dueño de la Discoteca La Carbonera –uno de los establecimientos sancionados–, Yaro Pitro, expresa que efectivamente recibió en la mañana de ayer una llamada de su abogado, quien no le ofreció mayores datos.
«Una vez hable detenidamente con mi abogado podré pronunciarme sobre el tema, así que no me quiero anticipar», declaró Pitro.
No obstante, el dueño de La Carbonera añade que el caso ha sido muy incómodo para él y su negocio, puesto que «son temas muy susceptibles que, de no haber sido tan ampliamente difundidos en los medios de comunicación, quizás el resultado del juzgado habría sido distinto», explica.
En lo referente a las amenazas que recibieron las hermanas Acosta, Pitro asegura no tener conocimiento de las llamadas. «Mis empleados y yo también hemos recibido ese tipo de amenazas, incluso en una ocasión a mis empleados les tiraron piedras por llevar la camiseta de la discoteca».
Yaro Pitro concluye añadiendo que «nosotros nunca estuvimos de acuerdo con ese fallo, pero nos acogimos, realizamos un curso sobre afrocolombianidad, obviamente el pago de esa cantidad de dinero es una mala noticia para cualquiera, pero habrá que esperar lo que diga mi abogado».
El Universal intentó también comunicarse con «Tutto» Majana, dueño de la otra discoteca involucrada en la demanda por discriminación racial, Q-kayito, sin embargo no fue posible contactarlo porque su celular se iba a buzón.
