Hola todos y todas!
 
 Buenas noticias por fortuna y tremenda confusión que se generó.
 Adjunto texto -que acabo de conocer- de la Resolución 0459 del 20 de
 abril de 2009 del Gerente General del INCODER mediante el cual -en
 realidad- SE NIEGA la revocatoria del Título Colectivo del Consejo
 Comunitario (CC) de Caño Bodegas pero que, en el oficio que la Junta
 Directiva de dicho CC inicialmente recibió y que les habíamos enviado
 a todos/as ustedes, Continue reading →

En menos de 15 días instancias como la ONU, la Unicef, Acnur, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Justicia, Transparencia Internacional, el Índice Global de Paz y La Alta Comisionada para los Derechos Humanos produjeron graves informes sobre la crisis nacional

LA IMAGEN internacional de Colombia está cada vez más deteriorada. La racha de escándalos y crisis tienen un nivel de repercusión externa que no sólo ponen al país bajo la mirada escrutadora de gobiernos, entes multilaterales, organizaciones no gubernamentales y opinión mundial en general,
sino que están generando un peligroso halo de percepción en torno a que el nuestro puede estarse enrumbado hacia el llamado Estado fallido.

Más allá del clima de polarización política local y de las normales realidades violentas que derivan de un conflicto armado interno de varias décadas y su imbricación cada vez más profunda con el narcotráfico, sin duda el motor de gran parte del fenómeno delictivo nacional, Colombia tiene hoy en el exterior una imagen más crítica de lo que realmente está ocurriendo en el país.

Sin embargo, esa situación no se debe a que haya una exageración consciente y deliberada de quienes desde el exterior diagnostican cómo evoluciona la situación en Colombia. En realidad, la percepción extranjera en torno a la crisis generalizada que atraviesa el país se debe,
en buena parte, al rompecabezas crítico que se arma con la racha de informes negativos que aparecen semanalmente en distintas instancias de la comunidad internacional.

Un breve repaso por los publicados en el último mes permite verificar esa hipótesis.

La rajada de AI

Sin duda el informe más preocupante fue el emitido por Amnistía Internacional a mediados de mayo. Dicho informe precisa que en los 12 meses previos a julio de 2008, más de 1.492 civiles murieron como consecuencia del conflicto, frente a los 1.348 del mismo periodo en 2007.
Más de 182 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante los 12 meses previos a julio de 2008, frente a los 119 del mismo periodo en 2007.

También indicó que aumentó de manera notable el número de nuevos casos de desplazamiento forzado: de 191.000 en la primera mitad de 2007, a 270.000 en el mismo periodo de 2008. El sur del país se vio afectado en especial como consecuencia de los persistentes combates entre las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares y grupos guerrilleros.

Resaltó AI que grupos guerrilleros y paramilitares reclutaron a más niños y niñas por la fuerza. Por igual evidenció la gravedad de los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Fuerza Pública, especialmente el escándalo de los llamados ‘falsos positivos’.

Sobre los grupos paramilitares, el informe enfatizó que éstos “siguieron actuando, a pesar de las declaraciones oficiales según las cuales todos los paramilitares se habían desmovilizado en el marco de un proceso patrocinado por el gobierno que se puso en marcha en 2003”.
Criticó, de paso, todo el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, y la forma en que la extradición de los cabecillas paramilitares afectó todo el proceso de verdad y reparación a las víctimas.

AI también trajo a colación la forma en que creció el escándalo de la parapolítica y reseñó los enfrentamientos del Gobierno con la Corte Suprema de Justicia.

Tampoco dejó por fuera las condenas al accionar criminal de las guerrillas de las Farc y el Eln, y la forma en que violan de manera reiterada el Derecho Internacional Humanitario.

Por último Amnistía hizo precisiones sobre los niveles de impunidad, un aumento de los homicidios de sindicalistas y de las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y la violencia contra mujeres y niñas, entre otras facetas de la crisis humanitaria.

CIDH y negritudes

El 21 de mayo se celebró el Día de la Afrocolombianidad. Ese día, un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció
que el 98% de esta población vive en estado de pobrezaSegún el organismo adscrito a la OEA, las negritudes colombianas padecen una tasa de mortalidad infantil que duplica la registrada a nivel nacional, y tiene menor acceso a servicios básicos como educación y salud La CIDH presentó un informe tras la visita realizada por el Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Clare K. Roberts, en el que aseguró que “las disparidades entre las condiciones sociales y económicas de los afrodescendientes y el resto de la población en Colombia están estrechamente vinculadas a la exclusión social padecida históricamente por este segmento de la población”.

El organismo internacional aseguró que esta población sigue siendo “invisible” en el país, “a pesar de la vigencia de legislación y políticas públicas destinadas a promover el desarrollo de la población afrocolombianas”.

El CIDH anunció en su reporte, respecto a las principales preocupaciones referentes a este sector poblacional, que “el 10% de los niños y niñasafrodescendientes de 6 a 10 años no tendrían acceso a la educación, lo que equivale a un porcentaje de inasistencia superior en un 27% al de los niños y las niñas mestizos. En la educación básica secundaria los niños y niñas afrodescendientes de 11 a 14 años sufrirían una falta de cobertura del 12%”.Además el reporte informó que el 27% de los afrocolombianos entre 15 y 16 años está por fuera de la educación media.

Acnur y amenazas

También a mediados de mayo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) “condenó fuertemente” las amenazas de muerte de grupos armados contra activistas humanitarios, voceros indígenas de poblaciones desplazadas e incluso funcionarios de la Defensoría del pueblo.

“En la más reciente ola de intimidación, panfletos firmados por nuevos grupos armados ilegales en Colombia fueron distribuidas la semana pasada en el país, en especial en la región de la costa atlántica y en Bogotá”, indicó ante la prensa en Ginebra Andrew Purvis, portavoz de Acnur, sin precisar el nombre del grupo.

Se trata del grupo paramilitar “Aguilas Negras”, precisó a agencias de prensa internacional una fuente cercana a los trabajadores humanitarios en el lugar.
“En algunos casos, las víctimas de las amenazas fueron forzadas a abandonar sus comunidades para sobrevivir. En otros casos, las amenazas de muerte fueron aplicadas”, según el portavoz de Acnur.
“Con frecuencia los sobrevivientes, entre ellos padres y amigos, se abstienen de denunciar los asesinatos por miedo a represalias”, agregó Purvis.

Colombia tiene el mayor número de desplazados en el mundo, con un total de tres millones y una media de 300.000 nuevos casos registrados anualmente en los últimos dos años, según la Acnur.

ONU y ‘chuzadas’

Si ya para entonces cualquier analista internacional podría estar pensando que Colombia está en medio de una guerra sin cuartel y encarnizada, la percepción tuvo que agravarse cuando desde Bogotá se informó que la ONU enviará al país a su Relator para la Independencia Judicial a fin de monitorear las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales de comunicaciones que personal del DAS perpetró contra magistrados, periodistas y dirigentes políticos.

“Se puede decir que el relator viene al país”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, tras reunirse con el delegado en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el alemán Christian Salazar.

El magistrado señaló que “en Ginebra se están puliendo los detalles” para el envío del diplomático, cuya presencia fue solicitada por el máximo tribunal al gobierno colombiano el 15 de mayo.

Unicef y hambrientos

Y qué decir de la denuncia hecha el pasado 29 de mayo por el representante en el país de Unicef en Colombia, Paul Martin, en torno a que cada año mueren en el país 5.000 niños por desnutrición.
Martin señaló que el problema de la desnutrición no sólo está relacionado con “la falta de alimentos, sino que muchas veces estos también no son cocinados de la manera correcta”.

Según Martin, en algunas regiones del país, la presencia de grupos armados ilegales como las guerrillas de y las bandas paramilitares vinculadas al narcotráfico hacen más complejo el drama de la desnutrición.

Según cifras de un estudio sobre el tema citadas por el director de Unicef, un 12% de la población de menores de edad (de 10,8 millones según el censo de 2005), tiene problemas crónicos de desnutrición. “El problema estriba en que los niños que no se alimentan bien, especialmente antes de los tres años, nunca van a poder desarrollar la totalidad de sus capacidades”, dijo Martin.

Menos pacífico

El jueves pasado tampoco pasó invicta a nivel internacional la situación colombiana.
El Centro de estudios internacionales sobre la paz mundial Vision of Humanity indicó que Colombia es el país menos pacífico del continente americano, al ubicarse en el puesto 130 del ranking del Índice Global de Paz.

El indicador destaca a Colombia como la nación más intranquila de la región, seguida por Venezuela y Haití.

“Colombia y Venezuela permanecen entre los últimos 25 países en materia de paz, con altos puntajes en la mayoría de las medidas de seguridad y con altísimos niveles de militarización”, señaló el informe.

El informe presenta un listado en orden ascendente que clasifica a los 144 países evaluados, de acuerdo con algunas variables que determinan cuáles tienen mayores índices de paz, siendo el primero el más pacífico y el último el menos tranquilo.

El informe reseña que el negativo lugar que ocupa el país en el ranking, siendo uno de los últimos 15 en materia de paz, se debe al nivel de desconfianza de los ciudadanos, la crudeza del conflicto interno, el fácil acceso a las armas, las altas estadísticas de delitos violentos y la grave situación de los derechos humanos.

El país ocupó un lugar poco honroso, siendo antecedido por naciones como Nigeria, Etiopía y Burundi, ubicándose por encima de 13 naciones con altos indicadores de violencia como Corea del Norte, Líbano, República Central Africana, Afganistán e Irak.

TI y corrupción

También ese mismo jueves la prensa dio a conocer los resultados del Barómetro Global de Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, publicado a nivel mundial.

De acuerdo con ese informe, con un 41 por ciento, Colombia reporta la segunda cifra más alta de percepción de corrupción en los partidos políticos entre nueve países de Latinoamérica.
En las últimas cuatro mediciones, la opinión sobre los políticos y el Congreso colombiano se mantiene negativa.

Ante la pérdida de confianza hacia los partidos y movimientos políticos, Delia Ferreira -miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional- consideró que estas instituciones requieren de transparencia, honestidad y, sobre todo, compromiso entre el discurso y la acción.

“Los partidos políticos son instituciones claves para el fortalecimiento de la democracia colombiana y son los llamados a representar los intereses de los ciudadanos. Lejos de permitir su debilitamiento, debemos trabajar en recuperar su legitimidad. Los partidos y el Congreso de la República tienen en este momento una oportunidad única con el trámite de la reforma política, de enviar un mensaje a la ciudadanía para reafirmar su voluntad de autorreformarse y establecer sanciones reales e inmediatas ante la infiltración de la criminalidad en la política. Además, deben definir reglas que hagan más transparente el ejercicio de la política”, afirmó Paola Zúñiga, coordinadora del área de Política y Justicia de la Corporación.

ONU y crisis

El viernes pasado el turno le correspondió de nuevo a Naciones Unidas. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, expresó ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, su preocupación por la difícil situación de derechos humanos en Colombia a causa del conflicto armado interno.

“En América Latina, quisiera reiterar que Colombia se mantiene en una situación de alta preocupación. El conflicto armado del país, de 40 años de historia, ha dado como resultado enormes costos humanos, sociales, económicos y políticos” señaló la alta funcionaria, que además subrayó que, “resulta preocupante el fuerte impacto que tiene el conflicto armado sobre la población indígena y afrocolombianas”.

Asimismo, Pillay enfatizó en el negativo impacto de la violencia sexual, que, “como táctica de guerra, se ejerce en contra de mujeres y niñas”.

Pillay también se refirió a que en Colombia, los constantes enfrentamientos entre los grupos armados ha generado un alto desplazamiento forzado e hizo énfasis en el fenómeno de las minas antipersonas “sembradas por grupos guerrilleros, que continúan cobrando vidas entre la población civil”.
Añadió que en Colombia han sido enormes los costos humanos, sociales, económicos y políticos por causa de la guerra.

Pillay agregó que si bien el Gobierno colombiano les ha extendido a varios Relatores Especiales y Grupos de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una invitación para visitar el país, es necesario que aplique sus recomendaciones de manera efectiva.

Tortura e indígenas

Ese mismo viernes, la secretaría de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó crisis humanitaria de los indígenas Awá en Nariño.
El Secretariado Internacional de la OMCT expresó su preocupación sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra miembros del pueblo indígena Awá por parte de los diferentes actores armados del conflicto: guerrilleros, paramilitares y fuerzas militares regulares.

En un comunicado la organización manifestó textualmente varios de los casos de violaciones y atropellos contra esta comunidad.

La OMCT reiteró que no es la primera vez que se refiere a la gravedad de las violaciones contra los diferentes pueblos indígenas en Colombia y sobre la ausencia de debida diligencia de parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales para proteger a los miembros de las mencionadas comunidades, para investigar los hechos denunciados y para castigar a los culpables, de acuerdo con la ley.

“En efecto, desde hace varios años, todas las comunidades indígenas colombianas vienen siendo víctimas de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, agresiones sexuales y presiones, por parte de todos los actores armados del conflicto, ya sean guerrilla, grupos paramilitares, e incluso el ejército regular y la policía, presentes en cada una de las regiones en donde los indígenas habitan”, agrega el comunicado.

Como se ve, hasta el más desprevenido de los observadores no podría más que quedar aturdido
después de semejante descarga de informes sobre la crisis en Colombia.
Su coincidencia en el tiempo obviamente aumentan el eco de los mismos y
la percepción internacional no es otra que la de ver una nación al borde del colapso.

Inaceptable Judicialización de Aída Quilcue, Feliciano Valencia y Daniel Piñacue
 

Continue reading →

El anuncio fue hecho por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Continue reading →