Finalmente pasó lo anunciado: la locomotora minera se quedó sin sus últimos rieles, por la incapacidad del gobierno de impulsar un nuevo código minero en reemplazo del que se cayó en la Corte Constitucional en 2011.
Como el plazo de dos años que fijó la Corte se vence el próximo 11 de mayo, volverán a tener vigencia las laxas normas del viejo código de 2001, que no le negaban a nadie un título minero, ni una renovación de un contrato de concesión. En ese río revuelto pescaron empresas, avivatos y grupos armados, que se hicieron a más de 9000 títulos mineros. Como las normas dejaban sin dientes a las autoridades ambientales, se otorgaron títulos aún en parques naturales, páramos y zonas de humedales.
La improvisación y la desidia del gobierno en este tema son inexcusables. Primero, lo dejó en remojo durante casi dos años. Luego, cuando faltaba sólo un par de meses para que se venciera el plazo, le pidió una prórroga a la Corte para las consultas con pueblos indígenas y comunidades negras. Y ahora, como la Corte se lo negó por elementales razones de seriedad institucional, responsabiliza injustamente a los indígenas y los afros, aunque en otros temas (como la ley de víctimas) haya logrado hacer las consultas en mucho menos tiempo.
La verdad es que las políticas minera, ambiental y étnica del gobierno siguen siendo un caos, y contrastan con el profesionalismo de otras, como las de salud. Como lo hemos visto quienes seguimos las consultas, las demoras se deben a que no hay quién ponga orden ni eficiencia. Constantemente rotan los funcionarios encargados del asunto en el Ministerio del Interior; éste no coordina el trabajo con el Ministerio de Minas; y el Ministerio de Ambiente, raquítico y sin norte, se suma al desconcierto.
Los problemas eran graves en 2001, cuando se expidió el código que va a resucitar en dos semanas. Pero ahora, con el auge minero, podrían convertirse en calamidades ambientales y sociales, que requieren medidas urgentes. Volvemos a la laxitud de los viejos títulos mineros y licencias ambientales. Se restaura la posibilidad de que las concesiones mineras se renueven automáticamente, lo que impide el escrutinio sobre el pago de regalías y el debate sobre los impactos de proyectos mineros. Se vuelve a estirar a 30 años la duración de la cada renovación, en lugar de los 20 que contemplaba el código que se cayó, lo que permitía hacer cuentas y renegociaciones más frecuentes. Quedan sin base firme avances importantes, como la prohibición de minería en humedales y páramos, y la regulación de la pequeña minería.
El Ministro de Minas ha tomado los inminentes riesgos con la misma tranquilidad con la que asumió la orden de dictar un nuevo código en el plazo que dejó vencer. Llama a la calma diciendo que los huecos pueden ser llenados con protecciones ambientales que trae la ley del plan de desarrollo, o con nuevos decretos reglamentarios. Pero si los decretos establecen requisitos más exigentes para obtener licencias o títulos que el código viejo, serían demandados con éxito por los abogados de las empresas mineras. Y el plan de desarrollo se vence con el período presidencial.
La solución es hacer y consultar prontamente un nuevo código. Mientras ello sucede, la única medida responsable es mantener la acertada moratoria de títulos mineros que el gobierno decretó hace unos meses. A la que debería agregarse una moratoria de licencias ambientales desde el 12 de mayo, para evitar los daños irreparables de proyectos riesgosos que serían autorizados al amparo de las normas antiguas. Solo así se puede encauzar una locomotora sin rieles.
fuente: elespectador.com http://www.elespectador.com/opinion/columna-419195-locomotora-sin-rieles Por: César Rodríguez Garavito
