Organizaciones afro dicen que no van aceptar un Congreso Nacional de Comunidades Negras sin la participación de las comunidades de base.
Es tensa la relación entre el Ministerio del Interior y algunas comunidades negras que dicen que el Gobierno incumplió el acuerdo de convocar para esta semana al Congreso Nacional de Comunidades Negras. Este espacio busca una representación autónoma y legítima de todas las poblaciones negras raizales afrocolombianas y palenqueras que habitan el país, necesaria para que por fin haya un escenario de interlocución con el Gobierno que dé curso a la consulta de proyectos legislativos de primer orden, de infraestructura y de impacto territorial que las afecten. El Ministerio del Interior sostiene que no se ha echado para atrás en su compromiso.
El tema de fondo de esta pelea tiene muchas arandelas jurídicas. Empezó con un fallo del Consejo de Estado de 2011, en el que se afirma que las comunidades negras son aquellas que tienen consejos comunitarios y títulos colectivos. Posteriormente, el Gobierno expidió dos resoluciones en las que conformaba una consultiva de alto nivel, integrada por 22 representantes de consejos comunitarios, que dejó por fuera del diálogo a las comunidades de base que no tenían títulos colectivos.
La disputa se agudizó y se trasladó a la Corte Constitucional, que terminó por darles la razón a las comunidades. Primero ordenó un censo de la población afro, dejando sin legitimidad a la alta consultiva. Luego pidió reconformar dicho órgano con las comunidades que no tenían títulos colectivos, a la vez que suspendió todas las acciones de consulta hasta que se emitiera un pronunciamiento de fondo.
Pero el afán del Gobierno no es menor. Desde hace más de ocho meses están paralizadas las consultas de la locomotora minero-energética, con el Código Minero, y de la reforma a las corporaciones autónomas regionales, una necesidad que quedó en evidencia con el crudo invierno que azotó al país el año pasado. El proyecto sobre desarrollo rural también está en mora de ser consultado, pero sigue a la espera del avance de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, que han puesto a la política agraria como primer tema de la agenda.
Por las precisiones de la Corte Constitucional, y la supuesta premura del Gobierno, es que desde comienzos de este año y durante tres meses el Ministerio del Interior y diversas organizaciones afros se reunieron en múltiples ocasiones para organizar los congresos departamentales y el Congreso Nacional de Comunidades Negras, que definirían cómo sería la representación de estas poblaciones.
Pero el día en que estaba citada la reunión para fijar el presupuesto y el plan de acción de estos encuentros el Gobierno se echó para atrás sin mayor explicación, según cuenta uno de los que presenciaron ese momento. “El Gobierno dijo que ya no iban a seguir, sin dar mayores razones. Anunciaron además que iban a sacar un decreto de forma autónoma que dijera cómo iba a ser la participación”, dice Alexis Arce, delegado de la Mesa Nacional de Concertación de Organizaciones Étnicas Afrocolombianas Urbanas. Por esa razón, Arce sostiene que no van a aceptar ningún espacio a instancias del Gobierno que no tenga la participación de todas las comunidades de base y agregó que no dudarán en demandar ante la Corte Constitucional la realización de un congreso así.
En respuesta a estos señalamientos, el viceministro del Interior para la Participación Social, Aníbal Fernández de Soto, señaló en diálogo con El Espectador que mantienen el compromiso de realizar el Congreso Nacional de Comunidades Negras en agosto. “Esta es una apuesta seria para avanzar en la verdadera representación de las comunidades afrocolombianas. Lo que queremos es que ese congreso sea un escenario amplio e incluyente. Durante el proceso ha habido debate, pero jamás un gesto que suponga que el Gobierno se aparta de su compromiso. Estamos trabajando para que el congreso responda a las expectativas tanto de las comunidades y organizaciones como del Gobierno”.
Lo cierto es que en éste hay una preocupación por la aparente poca unidad de criterios de las minorías étnicas, a la vez que no sabe cuáles deben ser los criterios de este diálogo. La discusión continúa. Por lo pronto se mantiene el vacío jurídico y político en la manera en que las comunidades negras ejercen su derecho a la consulta libre, previa e informada. En manos de la Corte Constitucional siguen estando estas pautas de participación. Ahora falta esperar a que el Congreso Nacional de Comunidades Negras se realice en agosto, como prometió el Gobierno, y sea un espacio legítimo y representativo de las voces negras del país.
Extraído de: www.elespectador.com
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