DIÓCESIS DE BUENAVENTURA

COMISIÓN VIDA, JUSTICIA, SOLIDARIDAD Y PAZ

Noviembre 02 de 2012

DENUNCIA PÚBLICA

NUEVA RETOMA PARAMILITAR EN BUENAVENTURA

“Pobres de ustedes que meditan la injusticia, que toda la noche traman el mal,

y al amanecer lo ejecutan cuando está a su alcance.

Si les gustan unos campos, se los roban; si unas casas, se las toman.

Se apoderan de la casa y de su dueño y su propiedad”.

Miqueas 2, 1-2

La Comisión Diocesana de Vida, Justicia, Solidaridad y Paz de laDiócesis de Buenaventura manifiesta su indignación por los hechos que vienen sucediendo, y se solidariza con toda la comunidad hermana de este territorio. Lamentamos la pérdida de todas y cada una de las vidas que han sido arrebatadas y hace una denuncia y llamado a la sociedad nacional e internacional sobre la situación alarmante de los últimos días.

La agudización del conflicto armado que hoy vive el Distrito de Buenaventura, está relacionada con el enfrentamiento entre los grupos paramilitares autodenominados “La Empresa y “Los Urabeños”, quienes se encuentran en la disputa por el control del territorio y el dominio de zonas de desarrollo portuario, rutas de narcotráfico, y recursos minerales naturales.

En tanto los legítimos dueños, el pueblo bonaverense, hoy con dolor y temor revive en su memoria los hechos de la última década; diezmado por los homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas.

El miedo se ha inoculado en cada célula de la población, sin poder generar formas de sobrevivencia en medio de esta prolongada guerra. Pero sí, sometido a un mayor involucramiento con los grupos armados, ya sea por reclutamiento forzado o por la presión de una crisis humanitaria a la que el gobierno nacional solo ofrece salidas asistencialistas, que profundiza cada vez más la miseria de la población víctima del conflicto armado.

No hablamos solamente de las cifras que ya son aterradoras: 40 Homicidios a partir del 6 de octubre, muchos de ellos realizados con barbarie y sevicia. 35 balaceras, mal contadas, que se han registrado durante los primeros 23 días de octubre1 y 75 desapariciones que se reportan desde la Personería local en lo que va corrido del año2.

Estos crímenes también han generado desplazamiento en la población: según la personería, “El primer desplazamiento masivo urbano ocurrió el 17 de octubre con la salida de 259 personas del barrio Pampalinda, el viernes 26 de octubre otros 80 ciudadanos salieron huyendo del Seis de Enero, Gambo, La Carmelita”.3 y entre el miércoles 31 de octubre al 1 de noviembre se desplazan del barrio Juan XXIII 1500 personas aproximadamente. La cuenta no para, porque siguen llegando muchos más, sin contar los desplazamientos individuales que no se encuentran registrados.

Aun no se entiende por qué las autoridades locales hicieron caso omiso a las recomendaciones de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la defensoría del pueblo en la nota de seguimiento N°012 del 23 Agosto del 2012 al Informe de Riesgo de Buenaventura N° 032 de 2008. En la nota emitida recientemente se advertía con suficiente anticipación el riesgo que suponía en el Distrito de Buenaventura la presencia de los grupos autodenominados “La Empresa y Los Urabeños” y se advertía también el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la población civil asentada en la mayoría de los barrios que han sido afectados por la violencia de las últimas semanas.

Es alarmante que la administración municipal y la fuerza pública, no tomen medidas de choque para salvaguardar la integridad y seguridad de los ciudadanos; es inconcebible que se le pida a la comunidad, que está entre fuego cruzado, amenazada y confinada, que tome una posición distinta a la de salvaguardar su propia vida.

Por ello hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y las diferentes instancias de investigación y de control, al Ministerio Público para que ejerciendo sus obligaciones constitucionales y legales brinden medidas de protección y garantía de sus derechos a las comunidades y el territorio.

A los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, al Sistema de Naciones Unidas para que visibilicen esta situación de barbarie que sufren constantemente los habitantes de la ciudad, en especial de las zonas y barrios de bajamar y comunidades rurales y hagan llamados de urgencia y de compromiso a las autoridades nacionales.

Hay una voz que grita en el desierto y pide justicia y respeto por la vida de las personas, como Iglesia aspiramos a que las medidas no sean sólo de fuerza, sino que ayuden encontrar salidas al problema social y estructural que padece la población de Buenaventura.

C.C.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

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ANGELINO GARZÓN

Vicepresidente de la República

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JUAN CARLOS PINZÓN

Ministro de la Defensa

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