Rosa Solís enfrenta fuertes denuncias por reelección, doble representación y adjudicación de títulos colectivos.
El trámite de la ley de desarrollo rural y de la reforma a las corporaciones autónomas regionales que debe hacer curso en el Congreso está aplazado porque no ha sido posible adelantar el proceso de la consulta previa libre e informada con las minorías étnicas. Pero en el caso de las comunidades negras, el asunto también pasa por una pelea interna en cuanto a quién debe ser el representante ante la junta directiva del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
La pugna quedó en evidencia el pasado mes de octubre de 2011, cuando a la gerencia del Incoder, en cabeza de Juan Manuel Ospina, llegó una petición del representante legal del Consejo Comunitario de La Plata de Bahía Málaga, Hoovert Eladio Carabalí, para que cesara en sus funciones a la actual representante de las comunidades negras ante el Incoder, Rosa Emilia Solís Grueso. La razón: una serie de presuntas irregularidades en la gestión de la líder afro.
En concreto, Carabalí argumentó que Solís fue elegida en octubre de 2009 para un período de dos años que ya venció y, según el decreto reglamentario, su mandato no se puede prorrogar. Además, añadió Carabalí en su misiva, otra norma prohíbe que una misma persona tenga más de un espacio de representación y en la actualidad Rosa Solís también actúa ante el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y se postuló al consejo directivo de la Corporación Autónoma del Valle.
Pero esa no es la única particularidad del reclamo. Carabalí escribió que también Rosa Solís se hizo elegir como representante legal del Consejo Comunitario de la comunidad de Gamboa, Buenaventura (Valle) y tramitó a su favor la adjudicación por parte del Incoder de 2.964 hectáreas de tierras baldías, que le fueron adjudicadas mediante titulación colectiva, a pesar de la prohibición de integrar un cargo directivo del mismo instituto.
En concreto, la queja hace referencia a la resolución 1410 del 25 de mayo de 2010, a través de la cual se le otorgó la extensión de tierra referida, como un título colectivo. En el informe técnico que sustentó la decisión quedó claro que las áreas de vivienda y los lotes otorgados se caracterizaban por la ocupación ancestral de generación en generación y, previas las consideraciones ambientales, Rosa Solís podía acceder a los respectivos títulos.
A la controversia dio respuesta el Incoder, primero reconociendo que efectivamente la representación ante el organismo por parte de las comunidades negras no puede prorrogarse y, como quiera que el período de Rosa Solís venció el 23 de octubre de 2011, ese día cesó su vocería.
En cuanto a la prohibición de ocupar más de un espacio de representación, el organismo contestó que ese asunto debe resolverlo la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras.
Sobre el tema de la adjudicación de las tierras en Buenaventura, se le dio traslado a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, el asunto no quedó del todo resuelto y a través de sucesivas comunicaciones la pelea se mantiene. En el fondo el tema demuestra que además de la inconstitucionalidad de la Consultiva de Alto Nivel, subsisten en las mismas comunidades grandes desacuerdos.
En respuesta a las denuncias en su contra, Rosa Solís contestó que en el período en el que nos encontramos no existe Consultiva de Alto Nivel, sino un Espacio Nacional de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras, conformado por 21 delegados representantes legales de los territorios colectivos de los diferentes departamentos de Colombia. Por lo tanto es una equivocación darle tratamiento de consultiva cuando ésta no existe y en ningún momento se configura el principio de reelección. A la vez que argumentó que su participación en diferentes espacios no tiene nada que ver con la representación ante el Incoder.
Finalmente, frente al tema de la titulación colectiva, Solís advirtió que la solicitud se hizo en el año 2006. Tiempo en que no era representante legal del Consejo. “Además, no estoy impedida porque no intervengo en el proceso de aprobación del título, ya que no lo aprueba el Consejo Directivo del Incoder sino la comisión técnica creada por la Ley 70 de 1993, a la cual no pertenezco y los títulos se aprueban a cualquier consejo comunitario después de cumplir los requisitos exigidos por la ley. Mi trabajo en defensa del derecho de las comunidades negras es un trabajo permanente, con compromiso, responsabilidad y honestidad, y ahí están los resultados”.
Por su parte, Boris Zapata, director de Asuntos para Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras, del Ministerio del Interior, sostuvo que el caso se está analizando y que una vez se tenga claridad sobre el asunto, se tomarán las medidas pertinentes.
Extraído de: elespectador.com
