En nombre de los 1,4 millones del Sierra Club de miembros y simpatizantes le instamos a que se opongan a los acuerdos de libre comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur.
Comercio realizado de la manera correcta puede impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, manteniendo la debida protección de los trabajadores y el medio ambiente. Lamentablemente, el TLC propuesto está muy lejos de la promoción de un modelo del Siglo 21 para el comercio que puede llevar a este potencial.
En particular, el Acuerdo de Libre Comercio con Colombia plantea serias preocupaciones.
La rápida expansión de la producción de aceite de palma en Colombia está causando tanto daño al medio ambiente y las violaciones de los derechos humanos son continuas. La limpieza de tierras para plantaciones de palma de aceite como resultado la deforestación a gran escala y un aumento en la contaminación de carbono, así como la violencia hacia las y los desplazamientos de los pueblos indígenas. Las condiciones de empleo en la industria del aceite de palma son brutales e impredecibles, y Colombia sigue siendo el país más mortífero en donde no hay seguridad para abogar por mejores condiciones de trabajo. Mientras que el plan de acción incluye algunos pasos importantes en la dirección correcta, el énfasis parece estar enfocado en realizarlo antes del fin de año – sin asegurar un progreso significativo y duradero en Colombia.
Además, los acuerdos de libre comercio similar al anterior, los elementos de inversión de los Acuerdos de Libre Comercio propuestos ofrecen a los inversores extranjeros y las empresas los derechos de expansión para impugnar directamente las leyes de interés público y los reglamentos de indemnización ante tribunales internacionales, sin pasar por los tribunales nacionales. México y Canadá han perdido el TLCAN desafíos para la protección del medio ambiente y los Estados Unidos ha gastado millones en defenderse contra demandas.
La Ley de Comercio de 2002 exige claramente que los inversores extranjeros no se les concede más derechos sustantivos de los que se encuentran en la ley de EE.UU.. Sin embargo, los acuerdos de libre comercio propuestos no cumplen con esta crítica «no más derechos» de prueba. Por el contrario, aumentan significativamente la probabilidad de más costoso de los casos inversionista-Estado dirigidas a las leyes y regulaciones de EE.UU.. El acuerdo permite a los inversionistas extranjeros para afirmar que las medidas de salud pública o ambiental constituye una «expropiación indirecta» de sus intereses comerciales o violar un «nivel mínimo de trato» en una amplia gama de circunstancias que no sería compensable en los tribunales de EE.UU..También nos preocupa que el TLC permitirá a los inversionistas extranjeros y las empresas a presentar una demanda sobre los recursos naturales, servicios y contratos de infraestructura con el gobierno federal.
En el caso de que el TLC Corea del Sur, tenemos una preocupación especial en el hecho de que el acuerdo podría tener el impacto del debilitamiento de las emisiones de Corea del Sur vehículo normas.
Combinados, estos acuerdos están muy lejos de la promesa del presidente Obama de una «política inteligente, justa y fuerte» de comercio que crear empleos y proteger el medio ambiente, e instamos a los miembros del Congreso para oponerse a ellos.
Atentamente,
Michael Brune
Director Ejecutivo
Sierra Club
Traducción hecha con google.
Original Text.
On behalf of the Sierra Club’s 1.4 million members and supporters we urge you to oppose the Free Trade Agreements with Colombia, Panama and South Korea.
Trade done the right way can foster development and economic growth while protecting workers and the environment here and abroad. Unfortunately the proposed FTAs fall far short of promoting a 21st Century model for trade that can deliver on this potential.
In particular, the proposed Free Trade Agreement with Colombia poses serious concerns.
The rapid expansion of Colombia’s palm oil production is causing both environmental harm and human rights abuses. Clearing land for palm oil plantations results in large scale deforestation and an increase in carbon pollution, as well as violence towards and displacement of indigenous people. The employment conditions in the palm oil industry are brutal and unpredictable and Colombia remains the most deadly nation in which to advocate for better working conditions. While the action plan includes some important steps in the right direction, the emphasis seems wrongly placed on moving a plan through before the end of the year – not on ensuring meaningful and lasting progress in Colombia.
In addition, similar to previous FTAs, the Investment Chapters of the proposed Free Trade Agreements provides foreign investors and corporations expansive rights to directly challenge public interest laws and regulations for compensation before international tribunals, bypassing domestic courts. Mexico and Canada have lost NAFTA challenges to environmental protections and the United States has spent millions defending itself against suits.
The Trade Act of 2002 clearly requires that foreign investors are not accorded greater substantive rights than those found in U.S. law. However, the proposed FTAs fail to meet this critical “no greater rights” test. Instead, they significantly raise the likelihood of more costly investor-state cases targeting U.S. laws and regulations. The agreement allows foreign investors to assert that environmental or public health measures constitute an “indirect expropriation” of their business interests or violate a “minimum standard of treatment” in a wide range of circumstances that would not be compensable in U.S. courts. We are also troubled that the FTAs allow foreign investors and corporations to bring suit over natural resource, services and infrastructure contracts with the federal government.
In the case of the South Korea FTA, we have special concerns with the fact that the agreement could have the impact of weakening South Korea’s vehicle emissions standards.
Combined, these agreements fall far short of President Obama’s promise of a “smart, fair and strong” trade policy that would create jobs and protect the environment, and we urge Members of Congress to oppose them.
Sincerely,
Michael Brune
Executive Director
Sierra Club