Los habitantes de Mazamorrero (Buenos Aires y Santander de Quilichao –Cauca, Colombia) ancestralmente hemos hecho aprovechamiento de la finca San Rafael en desarrollo de nuestras actividades de producción agrícola y pecuaria como una actividad socio-económica y cultural para nuestra supervivencia étnico-cultural y la permanencia en el territorio. En este sentido el pastoreo, la agricultura y corte de leña en ese territorio no se ha visto interrumpida desde los tiempos en que teníamos posesión legal de la finca, ya que siempre se ha respetado esta tradición. Las comunidades negras de los corregimientos de Mazamorrero hicieron solicitud de adjudicación o compra de la finca San Rafael al INCODER en el 2006 y en otras ocasiones.
Desde el año 2006 y en anteriores ocasiones, el gobierno nacional y departamental, han venido reconociendo que el territorio en el que se encuentra la finca san Rafael es territorio ancestral, Buenos Aires se incluye como uno de los 10 pilotos para procesos de reparación por afectaciones del conflicto armado interno en Colombia, en la perspectiva de Reparación Colectiva para afrodescendientes; en el 2007 la gobernación del Cauca a través de un decreto reconoce esta condición.
Para nuestra sorpresa, los habitantes de los corregimientos de Mazamorrero, el 28 de diciembre de 2007 este Ministerio compra la finca San Rafael para ser asignada a las comunidades indígenas por los daños ocasionados en 1991 en la masacre del Nilo y cumpliendo con una sentencia de la CIDH.
Tanto el gobierno nacional como las comunidades indígenas han reconocido públicamente que se cometió un error al comprar tierra para comunidades indígenas en territorio ancestral de comunidades afrocolombianas, tanto así que hasta la fecha de los lamentables incidentes del 22 y 23 de mayo, las tres partes habían acordado la entrega de la finca de San Rafael a la comunidad afrodescendientes de Mazamorrero y llevado a cabo gestiones para hacerlo realidad pero el gobierno colombiano no actuó con celeridad y en consecuencia de reparar el error cometido, dilatando esa solución ya concertada antes de que sucedieran los lamentables hechos.
En virtud de la evidente violación de los procesos de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado, derecho fundamental contemplado en la ley 21 de 1991 (Convenio 169), considerando que nuestro interés como afrodescendientes en la finca San Rafael es un Asunto de Integridad Cultural, pero además en el principio ético que el derecho de un pueblo no puede violarse para preservar el de otro, cosa que en ningún momento ha pretendido la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Reconociendo como el principal responsable de esta situación al gobierno colombiano, reclamamos:
1. Para garantizar la integridad étnica y cultural de las comunidades negras, revocar para modificar el acto administrativo que generó la compara de la finca San Rafael para posteriormente ser entregado a los indígenas y se le adjudique a las comunidades negras de Mazamorrero.
2. Que el ministerio del Interior y de Justicia identifique otro bien de igual o mejor condición y se lo asigne a las comunidades indígenas en cumplimiento de la sentencia de la CIDH y se compense a los indígenas por lo invertido en la finca San Rafael. En ese sentido ya el gobierno ha puesto a consideración de las comunidades indígenas predios que se encuentran en propiedad del DNE y compra a través del INCODER.
3. Que los indígenas desocupen la finca San Rafael en la mayor brevedad de tiempo y sea asignada en propiedad a las comunidades negras de Mazamorrero.
4. Se implemente inmediatamente las medidas previstas en el auto 005, de manera urgente -que por cierto está pasado de tiempo en su cumplimiento-, las órdenes de caracterización de los territorios ancestrales y los planes específicos de protección, con la participación activa y directa de los consejos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales de la región étnico-cultural del Norte del Cauca.
5. Por último y no menos importante solicitamos que el gobierno nacional diseñe e implemente una política integral de tierras para comunidades afros en Colombia con la participación directa de los consejos comunitarios y las organizaciones étnico-territoriales.
Como afros no acudimos a métodos violentos para que se nos reconozca nuestros derechos, ni ponemos nuestros derechos por encima de los derechos de los demás. Por eso hemos allanado todos los caminos para llegar a los acuerdos de convivencia. Confiados en que el gobierno nacional rectifique el error cometido, nosotros seguimos en la mejor disposición y actitud de escucha y respeto para que ningún derecho ni de indígenas ni de afrodescendientes sea vulnerado.
Atentamente;
Comunidades afrodescendientes de Mazamorrero Buenos Aires y Santander de Quilichao, Cauca, Colombia
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACON
UOAFROC
Mesa de Tierras Departamental
Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN.