Tras el no acatamiento de una sentencia, aparecen quienes quieren hacer una explotación minera a la fuerza.

Luego de que se pusiera en conocimiento el fallo de la Corte Constitucional que, mediante la sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera y abstenerse de dar permisos de explotación en el corregimiento de La Toma de Suárez (Cauca) hasta tanto se realice la consulta previa a los pueblos afrodescendientes, esta comunidad ha instaurado una alerta temprana ante la Defensoría del Pueblo por la entrada de retroexcavadoras y el pago de dinero a informantes que señalen a quienes denuncien estas irregularidades.

La maquinaria pesada está desde el 11 de mayo y se encuentra ubicada frente a la comunidad de Yolombó, del corregimiento de La Toma. Asimismo, líderes comunitarios informaron a este diario que los propietarios de las tres retroexcavadoras ya están extrayendo oro del río Ovejas, a pesar de lo dispuesto por ley y las autoridades.

Por la entrada de estas personas, que la comunidad afirma trabajan en connivencia con las bandas criminales que operan en el sector, ‘Los Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’, la comunidad tuvo que frenar todas las actuaciones de minería artesanal que venían realizando de forma legítima y por la que devengan su sustento 1.300 familias afros.

Pobladores de  La Toma afirman, además, que los paisas, como denominan a las personas foráneas que están llegando a extraer oro, están ofreciendo $5 millones a las personas que informen quién está denunciando la extracción.

El alcalde del municipio, Luis Fernando Colorado, reconoció que no tiene conocimiento de esa situación porque Yolombó es una región apartada y que debe constatarse si la maquinaria está en la jurisdicción del municipio de La Toma o del municipio de Buenos Aires.

Lo cierto es que el miedo y la zozobra reinan en Yolombó y el fallo de la Corte Constitucional que les dio prelación en la explotación minera por considerar que es un pueblo ancestral está lejos de ser una realidad por la ausencia de garantías.

  • Redacción Judicial | Elespectador.com