Carta Abierta al Presidente Barack Obama Acerca del TLC entre Colombia y los EEUU

Honorable Presidente Barack Obama,

La Asociación de Afro-Colombianos Desplazados (AFRODES) USA y Colombia consideran oportuno compartir con Ud. un conjunto de valoraciones y preocupaciones sobre el Acuerdo de Plan de Acción Laboral entre Estados Unidos y Colombia del 11 de Abril, que incluye estrictas medidas de protección laborales a los trabajadores sindicalizados. La formulación de estas consideraciones está basada en nuestro trabajo permanente por varios años con organizaciones de población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado.

Este Plan puede ser un paso importante para iniciar un largo trabajo que busque garantizar la protección efectiva de derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, en un país donde ser miembro de una organización sindical significa sentencia de muerte. Para AFRODES, el reciente acuerdo tiene un gran impacto desde el punto de vista comercial y político, por lo que nos preocupa profundamente que no incluya condicionamientos para la protección de los derechos humanos, del territorio, cultura y autonomía de los pueblos Afrocolombianos e Indígenas quienes son principalmente afectados en el desarrollo de los cinco decenios de un conflicto que no parece tener fin. En el año de los afrodecendientes y dado a que este acuerdo tendrá impactos negativos irreversibles para las comunidades étnicas, hacemos un llamado a su gobierno y al gobierno de Colombia, para que adopten acuerdos con medidas efectivas para garantizar que nuestros pueblos gocen del derecho a la vida y del territorio sin detrimento de sus derechos políticos, económicos y sociales.

Para AFRODES USA y Colombia, la aprobación e implementación del Tratado de Libre Comercio tendrá efectos negativos sobre la vida de estas comunidades afrocolombianas de base por lo que nos oponemos a su aprobación, a menos que los gobiernos Estados Unidos y Colombia adopten medidas especiales para la restitución y protección de los derechos fundamentales de estas comunidades que han sido, y continúan siendo vulnerados y desprotegidas de las políticas del gobierno colombiano. Las razones que justifican esta posición están relacionadas con los siguientes hechos y análisis:

La adopción de reformas legislativas e institucionales para proteger la vida de los líderes sindicales y los derechos de los trabajadores, es completamente justificada pero insuficiente. La vulneración de los derechos fundamentales, incluidos los laborales, de las comunidades afrocolombianas e indígenas configura una crisis humanitaria y de derechos humanos, con magnitudes y características que atentan su misma supervivencia cultural. La puesta en marcha de un Tratado de Libre Comercio sin un compromiso claro y una ruta de resolución, se configura en una adicional amenaza que agudiza pre-existentes problemas y no ofrece oportunidades a las comunidades.

Las violaciónes de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas están estrechamente relacionada con los intereses económicos (legales e ilegales) sobre sus territorios. Entre 1997 y 2011, más de un millón de afrocolombianos han sido expulsados de sus territorios y hoy viven en una situación de exclusión y marginalización mucho más profunda. El desplazamiento forzado ha estado acompañado con hechos de extrema violencia que han sido ampliamente documentados por los organismos internacionales de derechos humanos y que el gobierno de los Estados Unidos conoce muy bien. La implementación del Tratado de Libre Comercio, sin propiciar condiciones para que las comunidades puedan recuperar sus derechos y ejercer la autonomía económica y cultural que estipulan la Constitución y las Leyes, profundizara la exclusión y los conduce sin esperanza hacer víctimas fáciles de los actores armados, narcotráfico y delincuencia común.

El Estado colombiano continúa sin éxito en el diseño e implementación de políticas públicas para la restitución y protección de los derechos de la población afrocolombiana e indígena. Los impactos diferenciales del conflicto interno armado colombiano sobre los afrocolombianos e indígenas ha sido ampliamente reconocido, inclusive por el Estado colombiano, los EEUU, las Naciones Unidas, la OEA y el CICR. El incumplimiento de las leyes que comprometen al gobierno para implementar políticas públicas para restituir los derechos, ha llevado a la Corte Constitucional ha emitir un conjunto de sentencias que reafirman los deberes del gobierno (Auto 005/2009, Auto 004/2009 y Auto 092/2009). A pesar de todo ello, no se han asignado los recursos presupuestales requerido para implementar dichas políticas.

La impunidad de los crímenes y amenazas contra las comunidades, organizaciones y lideres de población afrocolombiana e indígena, continua. Los esfuerzos del estado colombiano, que inclusive han estado respalda con la ayuda financiera de USAID de los Estados Unidos, siguen sin arrojar los resultados buscados. No existe a la fecha un número significativo de condenas a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los líderes de las organizaciones afrocolombianas e indígenas siguen siendo amenazados, torturados, desaparecidos y asesinados. El actual trámite de la llamada Ley de Victimas es inadecuado en cuanto al tratamiento de los derechos colectivos de las comunidades étnicas. En general el articulado del capítulo de las victimas de desplazamiento da un paso atrás respecto a la jurisprudencia producida por la corte constitucional en materia de prevención y protección de los derechos de las personas desplazadas, en reiteradas sentencias y autos de seguimiento.

Los lideres y organizaciones afrocolombianas siguen siendo atacadas por ejercer su derecho a la libre expresión y la reclamación de sus derechos humanos y constitucionales. Las organizaciones han denunciado en forma sistemática las amenazas que siguen recibiendo por parte de grupos paramilitares. Estas amenazas ya son cotidianas y han producido el asesinato de destacados líderes y aun no existen investigaciones al respecto. Es preocupante que el gobierno colombiano, no solamente no haya fortalecido los mecanismos de protección para los líderes amenazados, sino que continúe sin realizar un pronunciamiento público de apoyo a la labor de las organizaciones específicas que también siguen siendo amenazadas; muchas de ellas con legitimidad y reconocimiento por parte de la comunidad nacional e internacional.

El derecho a la participación de las comunidades étnicas en las decisiones que los afectan continúan sin garantizarse en forma adecuada. El Estado colombiano ha suscrito tratados internacionales como la Convención 169 de la OIT que lo comprometen a garantizar el derecho a la consulta previa que tienen las comunidades afrocolombianas e indígenas. A pesar de ello, no ha adoptado las leyes que se requieren para ello. Este hecho ha permitido la toma de decisiones legislativas y administrativas sin que las comunidades hayan tenido la oportunidad de ejercer este derecho. De hecho, muchas comunidades que se verán afectadas por inversiones derivadas del Tratado de Libre Comercio, ni siquiera tienen conocimiento sobre los términos del mismo. Esta realidad resulta preocupante a luz de la tendencia histórica en los territorios afrocolombianos: la implementación de mega-proyectos estrechamente ligados con capital extranjero, precisamente en las zonas que más se ha visto impactadas por el desplazamiento forzado.

Señor Presidente: las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado están interesadas en que el Estado colombiano pueda tener éxito en las políticas conducentes a la restitución y protección de sus derechos. También valoran el interés del gobierno de los Estados Unidos para fortalecer los lazos comerciales que beneficie a los dos países. Pero también reconocen que las tendencias y los factores de los fenómenos que han producido el desplazamiento de más de un millón de afrocolombianos e indígenas, es una realidad que no puede excluirse de los compromisos que los dos gobiernos adopten para la aprobación del Tratado de Libre Comercio y cualquier otro acuerdo comercial, político o militar. Dicho acuerdo comercial tiene profundas implicaciones para la vida de estas comunidades, porque sin dudas, su implementación y desarrollo se hará por las regiones donde estas comunidades viven y han vivido por generaciones, que inclusive, son zonas o regiones marginalizadas de las políticas e inversión social. En esta perspectiva, y con base en las consideraciones expuestas, AFRODES USA y AFRODES Colombia le solicitan muy cordialmente, exigir al gobierno colombiano el cumplimiento de las siguientes obligaciones antes de avanzar con la implementación del TLC:

Consideración e implementación de las recomendaciones antes de avanzar con el TLC con Colombia hechas a Ud. por los seis Congresistas Demócratas (Jim McGovern (MA-3), George Miller (CA-7), Rosa DeLauro (CT-3), Mike Michaud (ME-2), Linda Sanchez (CA-39) y Jan Schakowsky (IL-9) el día 17 de marzo de 2011 y en pronunciamientos del Congresista Hank Johnson (GA-4), así como por varias organizaciones de derechos humanos y sindicatos nacionales e internacionales.

Implementación efectiva del las ordenes del Auto 005-2009, 004-2009 y 092/2008 de la Corte Constitucional y la Ley 70 de 1993 de comunidades negras.

Evitar la tramitación de medidas legislativas que atenten contra la vigencia de los derechos colectivos prescritos por la ley 70 y/o generen condiciones que aumenten la vulnerabilidad de las comunidades afrocolombianas frente a los efectos de la guerra y las alternativas económicas excluyentes.

Restitución de tierras a comunidades Afrocolombianas, la judicialización a empresarios y líderes de grupos paramilitares plenamente identificados que bajo la presión militar han desplazado, desaparecido, torturado y asesinado líderes y comunidades afrocolombianas para apoderarse de sus tierras.

Cambios de política y acción que aseguren el desmantelamiento los grupos paramilitares, guerrillas, narcotraficantes y delincuencia común en las áreas donde habitan las comunidades afrocolombianas e indígenas.

Diseñar un Plan de Acción particular para la protección y promoción de los DDHH y el DIH en las comunidades afrocolombianas e indígenas en situación de desplazamiento forzado o confinamiento.

Investigación y judicialización de los siguientes hechos: bombardeo aéreo por parte de la Brigada 17 del Ejercito Colombiano en una operación militar conjunta con grupos paramilitares ilegales conocida como «Operación Génesis», ocurrida el 19 de diciembre de 1996 y febrero de 1997 en Riosucio Chocó, que conllevo al desplazamiento masivo de más de 20 mil afrocolombianos y un numero aun sin precisar de desaparecidos de esa región de Colombia; masacre de 119 afrocolombianos incluyendo mujeres y niños en Bojayá (Chocó) en 2002, cometidos por la guerrilla de las FARC; masacre en el Municipio del Naya por grupos paramilitares, en el departamento del Cauca en 2001, entre otras.

Brindar apoyo financiero y presupuestal a los planes de etnodesarrollo, administración de los recursos naturales y etnoeducación. De manera especial, los planes y proyectos construidos por los Consejos Comunitarios de los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas.

Trabajar conjuntamente con las organizaciones de comunidades negras e indígenas en la búsqueda de medidas y planes que ayuden al restablecimiento de la confianza y políticas eficaces que beneficien al conjunto de las comunidades afectadas por el conflicto interno armado.

Señor Presidente, estas peticiones son fundamentales para garantizar la supervivencia de una población étnica que parece estar marcada a desaparecer en el tiempo.

Con admiración y respeto,

AFRODES-USA AFRODES-COLOMBIA

Marino Córdoba Luz Marina Becerra

Geiler Romaña Jattan Mazo Ilele

Ida Chavera Eusebio Mosquera

Síguenos y dale estoy de acuerdo:

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.