La situación de pobreza de la población bonaverense es muy preocupante ya que su índice es del 80,6%.[2][2] Las comunidades indígenas y negras rurales y urbanas deben su condición de pobreza fundamentalmente a los efectos de la dinámica de la economía extractiva que no agrega valor a la producción local.
Desde la perspectiva económica, a excepción del magisterio y la administración municipal, no hay fuentes de empleo que permitan a las mujeres desempeñarse con vocación de servicio y competitividad. El trabajo rural de las mujeres negras se ha limitado a la recolección de productos del mar, tales como las piangüas, que se encuentran en los manglares, la pesca artesanal y la agricultura de subsistencia. Todas estas actividades conllevan un gran esfuerzo físico y poca remuneración.
Desde temprana edad, las mujeres empiezan a trabajar en estos oficios, algunas de ellas dejan por lo general los estudios académicos, y en el caso de las jóvenes, fácilmente llegan a convertirse en madres adolescentes, haciendo más difícil la ruptura del círculo de la pobreza. Las mujeres de Buenaventura por ser además negras y pobres disminuyen las posibilidades de realizar proyectos claros y alternativos para su reivindicación.
Hoy en día, de la mano de las multinacionales que llegan al Puerto con sus proyectos y mega-proyectos, viene una dinámica de violencia que se expresa en masacres, miseria, desempleo, vinculación de jóvenes a los distintos grupos armados ilegales, drogadicción, vinculación forzada de niñas y mujeres al conflicto armado con su posterior asesinato, inducción a la prostitución de niñas a muy temprana edad, desterritorialización, confinamiento y desplazamiento forzado. Esto como una estrategia clara, entre otras, para desocupar demográficamente los territorios ancestrales y tradicionales de Buenaventura, luego, ser utilizados para el beneficio de los capitales privados por estar ubicados en zonas de gran importancia en términos geoestratégicos y de alta biodiversidad.
De esta manera el pueblo bonaverense se convierte en epicentro de una crítica situación de deterioro del respeto y garantía de los Derechos Humanos y la aplicación del DIH que incide notablemente en el resquebrajamiento de la identidad étnica y territorial, de sus lazos familiares y comunitarios y en el olvido paulatino de sus prácticas culturales, tanto rurales como urbanas.
Buenaventura, en relación con el impacto del conflicto social y armado que vive el país y el Pacífico, se ha convertido en el tercer municipio expulsor de personas [2] (2.328) 2,4% del total nacional, provenientes de los departamentos del Cauca, Quindío, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Nariño entre otros, y el sexto municipio receptor de población desplazada forzadamente, con 74.573 personas es decir el 2,1% del total nacional.
Este conflicto armado, según la base de datos del Palenque Regional el Congal (PCN) ha arrojado más de 1.520 víctimas en los últimos tres años. De ellas, el 95% es población negra y son menores de 28 años. Existen además 492 desapariciones registradas entre el 2006 a lo corrido de este año 2011, según los datos oficiales de la fiscalía y el CTI de Buenaventura.
La desesperanzadora situación, ha acrecentado los fenómenos del madre solterismo; de las mujeres cabezas de hogar que, por el asesinato de sus esposos y/o compañeros sentimentales se ven forzadas a asumir la carga económica y afectiva de la familia; de las abuelas, que al ser asesinados sus hijos o hijas deben hacerse responsables de sus nietos y nietas, suministrando la alimentación, educación, vivienda y el sostenimiento moral de estos hogares; de las niñas adolescentes embarazadas; de los jóvenes involucrados en pandilla o conflictos generacionales; entre otros.
Podríamos decir entonces que la situación de guerra, forza a las mujeres a asumir diversos roles sociales (madres, padres, estudiantes, trabajadoras, lideresas comunitarias) con la firme intención de buscar el bienestar de sus familiares y de ellas en particular.
En la búsqueda de ese bienestar, algunas mujeres crean sus propias estrategias para poder garantizar a sus hijos, hijas y familiares una vida digna o al menos de subsistencia, pero en esa búsqueda quedando muchas veces más vulneradas que antes. Una situación que evidencia esto, es la migración sistemática de mujeres en edades productivas a España, Italia y Chile, donde la gran mayoría son prostituidas.
A la crítica situación de empobrecimiento histórico y violencia causada por diferentes actores armados, se suma la agudización de la violencia contra las mujeres, expresada en el documento marco de la Campaña “NI UNA MAS” del año 2010.
En dicho documento se expresa la gran preocupación por las desapariciones forzadas, la mayoría no denunciadas por miedo y los asesinatos que muestran el ensañamiento de los victimarios con las mujeres a las cuales mutilan y luego las arrojan a pastizales, zanjas o esteros, mientras que otras son tildadas de informantes y estigmatizadas, maltratadas física y psicológicamente, o sometidas a diversos actos de violencia sexual.
Niñas y mujeres adolescentes que viven en las comunas 2,3,7,11 y 12 donde la guerra se recrea con mayor intensidad son obligadas muchas veces a involucrarse sentimentalmente con integrantes de grupos armados legales e ilegales (paramilitares, ejército – policías y guerrilla); como una forma de hacer control social y vincular a la sociedad civil al conflicto.
En general, la situación de las mujeres en Buenaventura es preocupante y delicada. Situación que se profundiza también por la formación de sociedades basadas en un modelo patriarcal, donde el hombre ha sido el protagonista y las mujeres han sido formadas en la subordinación social.
De igual forma hay que visibilizar que las mujeres del Distrito de Buenaventura, encuentran muy poco apoyo en las autoridades y en los organismos que deben asistirle en caso de ser maltratadas o abusadas por su condición de ser mujeres. A pesar que el Estado ha creado algunas herramientas para que se hagan efectivos el cumplimento de los derechos civiles de las mujeres, tales como la Ley 1257 de 2008, el Auto 092 del mismo año o el auto 005 del 2009.
Dichas herramientas legales, que como muchas otras están quedándose solo en el papel, pues, cuando se acude a las instituciones indicadas para ejecutarlas, no solo se presentan limitaciones en el cumplimiento a lo que ordena la Ley, sino que a ello se suma, el alto nivel de tolerancia hacia la violencia de algunos funcionarios o funcionarias y la re- victimización de las mujeres por parte de las entidades quienes creen que son éstas las provocadoras de esta serie de situaciones.
Se debe resaltar que en lo que va corrido del 2011 va una mujer desaparecida (según datos de la SIJIN) y siete mujeres asesinadas que se suman a las ya 58 muertes violentas de los últimos 3 años, según datos aportados por la Consultora del SAT[3]
Es imposible ocultar de igual manera la situación de violencia física y sexual que viven las mujeres en el Puerto de Buenaventura: 34 mujeres victimas de maltrato sexual fueron atendidas en el segundo semestre del 2010 por FUNDEMUJER; 37 casos de delitos sexuales fueron reportados en el 2010 por la policía local; 75 casos de los 81 presentados en año 2009 fueron de atención a mujeres víctimas de esta clase delitos, a quienes en algunos casos se les tuvo que brindar hospedaje para salvaguardar sus vidas y a otras se les facilitó salir de la ciudad y evitar que fueran asesinadas por sus agresores.
Estos acontecimientos fatídicos en Buenaventura hablan también de un nivel alto de descomposición social a nivel individual, familiar y comunitario. Frente a ésta situación, se percibe una orfandad total por parte del estado nacional y mucho más del gobierno distrital quien adolece del control de las entidades competentes para mitigar situaciones de trauma psicológico dolorosos que tienen que ver con la salud mental de las personas[4].
La Estrategia “NI UNA MAS”, denuncia con vehemencia que los hechos narrados a continuación no vuelvan a ocurrir en Buenaventura ni en ningún otro municipio de Colombia:
- Secuestro, Desaparición y posterior Asesinato de la lideresa ANA JULIA RENTERIA junto a su esposo MIGUEL SANTOS RENTERIA CAICEDO (Río Cajambre), el día 2 de Marzo del presente año.
- La muerte de la adolescente de 15 años de edad LINA MARITZA DURAN OLAVE habitante del barrio Nuevo Amanecer, encontrada asesinada dentro de una zanja del barrio Caldas, al parecer por ahogamiento en la misma con señales de violación sexual, el sábado 5 de marzo del presente año.
- El asesinato y la violación en la madrugada del martes 8 de marzo entre la 1 y las 2 de la mañana, de MÓNICA LIZETH DUQUE MARTÍNEZ de 17 años de edad al interior de su casa, una tienda ubicada en la calle Siete (7) de Agosto en el barrio Alfonso López Michelsen y la violación sexual con heridas de gravedad que causaron su posterior muerte el día 22 de marzo del presente año, a la joven LINA MARCELA GIRALDO de 18 años de edad.
- Las fuerzas oscuras se creen con el poder de expedir comunicados para hostigar y amedrantar a las organizaciones que velan por el restablecimiento de los derechos humanos y a la población en general especialmente a los y las jóvenes. Es así como desde el algún tiempo se vienen repartiendo panfletos en los barrios periféricos donde se amenaza de muerte, con palabras soeces e intimidantes lo que produce miedo y zozobra y pánico generalizado.
- En los meses de Febrero y marzo se ha notado la presencia de hombres armados, en motocicletas y camionetas, vestidos con chaquetas negras y pasamontañas en barrios de la comuna número 12 y Doña Ceci, que preguntan por las lideresas de las organizaciones de desplazadas (os).
Por las diferentes situaciones que viven las mujeres en Buenaventura Exigimos Justicia:
A las autoridades competentes:
Ø Para que no queden en la impunidad estos hechos violentos.
Ø Para que se establezca la búsqueda de mujeres desaparecidas forzadamente, y se castigue a quienes han vulnerado sistemáticamente sus derechos y el derecho internacional humanitario.
Ø Para que exista mayor seguridad en la ciudad, y de esta manera garantizar a las mujeres bonaverense el disfrute de los espacios del Distrito, sin zozobra, miedos ni amenazas de manera que el desplazamiento por las calles y barrios de la ciudad sea seguro.
Ø Que en temas de la población femenina se emitan propuestas, proyectos, acciones y avances con relación a la atención de las diferentes violencias y violaciones de los derechos humanos.
A la Procuraduría Nacional y Fiscalía Nacional:
ü Que investiguen a los agentes estatales y otras autoridades por su tolerancia con la estrategia paramilitar, por los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y la violencia sexual a mujeres, niñas y adolescentes.
ü Que investiguen la negligencia de las autoridades competentes para adoptar las medidas necesarias de promoción, prevención, atención oportuna y efectiva de las acciones que menoscaban la salud mental, la dignidad humana y desdibujan la ruta de atención en estos casos.
A la Fiscalía Seccional y Local:
§ Que de cuenta del estado de las investigaciones sobre todos los feminicidios en Buenaventura, donde se detalle responsables, condena, etc., y el por qué no se han iniciado otras investigaciones.
§ Que emita la acción penal correspondiente a los agresores en los casos que las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual hagan la denuncia para que los trámites no retrocedan y las mujeres no desistan de continuar con el proceso.
Al Alcalde, Concejales y Concejalas:
v Para que dispongan de recursos y profesionales competentes en las dependencias distritales que atienden a las mujeres en el distrito y se tomen acciones efectivas y reales.
v La exigencia para que las diferentes secretarías técnicas de las instancias creadas por decreto (mesas, comités), cumplan con su función de coordinar a las instituciones que hacen parte de las mismas y dinamizar los procesos generados para la prevención, atención, protección, investigación, sanción, reparación y garantía, para evitar que se repitan los diferentes tipos de violencias hacia las mujeres, sin delegar estas funciones estatales a las organizaciones sociales.
v Vigilar para que las instituciones competentes cumplan con la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, al igual que la ruta de trata de personas. Y que en las intervenciones no se le obligue a las mujeres a conciliar, a desistir de la denuncia en los casos de violencia y a llevar la boleta de citación al agresor.
v Exigir que las EPS cumplan con su responsabilidad de brindar intervención oportuna con uso de protocolos para tales casos, dar albergues a las mujeres víctimas de violencia que lo requieran.
v Que la Casa de Justicia preste servicios integrales a las mujeres víctimas de violencias, tales como Fiscalía, ICBF, etc, para que dé una atención integral a través de la creación de los Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) y sexual (CAIVAS).
v Asegurarse de que la Comisaría de Familia cumpla con la expedición de las medidas de protección correspondientes según la situación de violencia que presenten las mujeres en el momento de acudir a este ente.
v Que se cree otra Comisaría de Familia que pueda responder a la gran demanda de casos de violencia intrafamiliar que se presentan en la actualidad.
Al Concejo Distrital:
La aprobación de la Política Pública de Igualdad de Oportunidades y a la Administración Distrital la creación de un mecanismo de género con un equipo eficiente e idóneo para ejecución de dicha política.
A las Instituciones Educativas y sociedad en General:
Que las instituciones educativas creen programas de participación activa de padres, madres, hijos e hijos con la utilización de medios de comunicación y el adecuado uso de paginas sociales, para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, entre otras
La exigencia al Ministerio de Educación para generar programas de educación y sensibilización con respecto al enfoque de género en la que se brinde desde la educación unas relaciones de hombres y mujeres saludables sin subordinaciones.
A los Padres y Madres de Familias:
ü Establecer mayor interés en fortalecer los lazos familiares, en mejorar los canales de comunicación que eviten que sus hijos e hijas sean autómatas y cómplices de la publicidad y temas cibernéticos que los están alejando de Dios y de la unión familiar, de igual manera quitar la mayor parte de la responsabilidad educativa al colegio ya que la familia es el primer espacio formador, socializador y educativo del sujeto.
MESA DE BUEN TRATO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO.
[2] Comunicado de prensa 1662 del Defensoría del Pueblo 16 de Marzo del 2011
2.Consejo Nacional de Políticas Públicas, Compes Social 34-10 del 2006.
[3] En el marco de la consultoría: violencia contra las mujeres en el departamento de Valle del Cauca, con particular atención en la situación de derechos de las mujeres víctimas sobrevivientes del Distrito de Buenaventura y con énfasis en las afectaciones en los liderazgos y procesos organizativos de las mujeres.
