El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia, es una Amenaza más contra las Comunidades Afro-Colombianas

“We have to stand for human rights, and that should be part of the trade equation.”

President Obama.

 

Estas palabras, expresadas por el Presidente Obama durante su campaña electoral, se han convertido en una retórica que hoy puede costarle a las comunidades Afro-descendientes en Colombia, el espacio legal ganado en su lucha por auto-determinación y reconocimiento de derechos y, el espacio ancestral que han defendido y protegido por siglos, si el Presidente Obama insiste en que el Congreso apruebe el Tratado de Libre Comercio con Colombia.

 

La lucha de las comunidades Afro-descendientes por el territorio ancestral y sus derechos económicos, ambientales y culturales, ha costado la vida de mas de 47 lideres, la masacre de decenas de Afro-descendientes inocentes, el desplazamiento interno de mas de 1.5 millones de personas, la perdida de territorio colectivo y el empobrecimiento acelerado de las comunidades. La imposición de políticas económicas desarrollistas a su vez ha creado serios problemas sociales y ambientales en zonas como el Puerto Buenaventura y el Norte del Cauca; crisis alimentaria y humanitaria en todo el territorio- región de la Costa Pacifica y algunas áreas del Caribe y, la expropiación territorial ilícita y, en casos violenta, para el cultivo a gran escala de Palma de Aceite y otros proyectos económicos de gran escala, en territorios colectivos de Alto Mira y Frontera (Nariño) y Jiguamiando y Curvarado (Choco).

 

El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia es un mecanismos mas de vulnerabilidad de los derechos de las comunidades Afro-descendientes e Indígenas en Colombia. Como lo hemos denunciado desde sus inicios, la aprobación del TLC US-Colombia propicia condiciones que violan derechos económicos, ambientales, territoriales y de propiedad intelectual de estas comunidades, exacerbando la injusticia racial, económica y ambiental que ha afectado a esta población por siglos.

 

Queremos recordarle al Presidente Obama y a los legisladores de Estados Unidos en favor del TLC, que las comunidades Afro-descendientes continúan enfrentando la violencia generada por la presencia de grupos armados ilegales y actores del conflicto armado interno en sus territorios. En los últimos dos años de manera sistemática, grupos paramilitares denominados Aguilas Negras, Rastrojos y Nueva Generación han mantenido a las comunidades, sus organizaciones y sus lideres bajo amenaza de muerte. Organizaciones Afro-descendientes de reconocimiento internacional como Afrodes y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), son en este momento objetivo militar de esos grupos. Solamente en el Puerto de Buenaventura, la oficina del Defensor Publico reporto 357 desapariciones forzadas en los últimos tres años (cifra oficial que no refleja el numero real de desapariciones forzada en la ciudad), y un promedio de 500 muertes violentas por año, en los últimos cinco años. Esta violencia discriminada no responde simplemente a la falta de oportunidades económicas sino al interés de diferentes sectores económicos y político sobre los territorios y recursos de la región.

 

En el territorio-región del Pacifico, la violencia y la implementación de la política del Plan Colombia son responsables del empobrecimiento de la población Afro-Colombiana en los últimos diez años. El 72%  de los Afro-descendientes han perdido sus vienes de auto-subsistencia (una de ellas la tierra como principal fuente de trabajo); 78% del desplazamiento interno entre el 2002 y 2009 provino de territorios colectivos de comunidades Afro-descendientes, dejando al 96.5% de las personas forzadas al desplazamiento en condiciones de extrema pobreza y a 78.4% de éstos en condiciones de pauperización. El desplazamiento forzado, tal como lo identificó la Corte Constitucional Colombiana en los Autos T-025 del 2004 y Autos 004, 005 y 092 del 2009, se debe a la violencia discriminada en contra de las comunidades, el enfrentamiento armado y las acciones de militares de contra-insurgencia, las fumigaciones con glyfosate sobre los cultivos de pancoger de las comunidades, la discriminación racial y la exclusión de las personas negras de los espacios y acciones criticas de toma de decisiones. Recordamos entonces al Presidente Obama y los legisladores que el tratado colombiano se formulo e implementará, en tal ambiente de violencia discriminada y violación de derechos, sin la consulta y consentimiento previo de las comunidades cuyos territorios, recursos y derechos serán afectados de manera directa por éste.

 

El Presidente Obama ha argumentado que para obtener paz se requiere estabilidad económica y bajo ese argumento favorece los tratados de libre comercio con Corea del Sur, Panamá y Colombia. En la realidad de Colombia y de las comunidades Afro-descendientes, la paz que se requiere implica que el gobierno Colombiano reconozca la existencia de los grupos paramilitares, el impacto de sus acciones en la democracia y la consecución de la paz y que de manera decisiva garantice justicia y reparación para las victimas de sus acciones. También implica que el gobierno Colombiano garantice a las comunidades forzadas al desplazamiento, expropiadas y empobrecidas, condiciones para la restitución, la reparación y el retorno a sus territorios, de manera que puedan re-establecer sus vidas en condiciones dignas. Implica además, que hayan políticas diferenciadas de atención a las personas Afro-descendientes en condiciones de desplazamiento interno de manera que puedan recuperar sus bienes y fuentes de trabajo y empleo (que incluyen la recuperación de sus tierras) y se reintegren a la vida productiva en condiciones de competitividad y equidad correlativas con el resto de la sociedad. Igualmente, implica que se respete su derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado, de aplicación obligada de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT la Constitución Colombiana y la Ley 70 de 1993.

 

Las comunidades y organizaciones que luchan por su auto-determinación territorial, económica y política, encontramos que el gobierno Colombiano no tiene ninguna voluntad política de respetar el estado de derecho que nos asiste. El gobierno Colombiano se ha caracterizado por desatender regulaciones como el Auto 005 del 2009, a través del cual el gobierno esta obligado definir con las comunidades Afro-descendientes en condición vulnerable de desplazamiento forzado, planes de prevención y atención apropiados. El gobierno Colombiano viola el derecho a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado. Nuestra ultima experiencia en este campo ha sido la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, donde el gobierno Colombiano deliberadamente limita las obligaciones de un proceso transparente de consulta previa a reuniones burocráticas  donde la voz directa de las comunidades que estarán afectadas por esas decisiones no esta representada. En el mismo sentido, el TLC fue formulado a espaldas de las comunidades, convirtiéndolo en un  nuevo mecanismos de expropiación y violación de derechos.

 

Las comunidades Afrocolombianas de base defendemos un Proyecto de Vida basado en principios de equidad, sostenibilidad, autodeterminación y autoafirmación que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos amenaza, en tanto no hay en Colombia condiciones democráticas de participación económica, política y social de nuestra gente. Dejamos en claro que, a pesar de la retórica del Presidente Juan Manuel Santos, sus decisiones y acciones en contra de los derechos de nuestras comunidades como Ministro de Defensa durante la administración del Presidente Uribe, no nos dan ninguna esperanza de que las condiciones sean mejores durante su administración. Su política con relación a la explotación minera, la llamada Ley de Tierras y el mal llamado proceso de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo, son ejemplos concretos.

 

En consecuencia, dado el contexto anteriormente expuesto, las organizaciones y comunidades que luchamos por la protección de nuestros territorios ancestrales, sus recursos y nuestros derechos sobre los mismos, reiteramos nuestro rechazo al actual Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, como una opción que favorece el futuro desarrollo sustentable y el avance favorable de nuestras comunidades, en ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales y humanos.

 

Pedimos al Congreso de los Estados Unidos que, con base en las múltiples recomendaciones de todos los sectores del movimiento social nacional e internacional y los defensores de derechos humanos y atendiendo a las observaciones presentadas el año pasado a la Oficina del Representante sobre Comercio (Office of the US Trade Representative), condicione cualquier futura discusión sobre TLC con Colombia, al cumplimiento de tales recomendaciones.

 

Hacemos igualmente un llamado a la sociedad civil de Estados Unidos para que demande de sus representantes una posición publica decisiva de rechazo al TLC con Colombia hasta tanto el gobierno Colombiano pueda demostrar resultados concretos de transformación de la situación de derechos humanos en comunidades Afro-descendientes.

 

Con nuestra tradicional afirmación de alegría y , esperanza y libertad.

 

Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN)*

Equipo de Coordinación Nacional

Grupo de Trabajo Internacional PCN