Denuncian control de paramilitares al comercio en Chocó

Hombres con armas largas y cortas, portando radios de comunicación y a veces vestidos con camuflado, transitan actualmente por los municipios chocoanos de Riosucio, Carmen del Darién y Belén de Bajirá.

Estos municipios tienen suelos aptos para cultivar palma africana, frutas y verduras. Son ricos en árboles maderables, en minería y cuentan con llanuras atractivas para criar ganado.

Allí, estos hombres armados deciden quién puede transportarse por tierra o por el río Atrato y por cuáles municipios, qué se puede cultivar, cuánta madera explotar y qué cantidad de alimentos puede llevar la gente. La violencia, las amenazas y las que llaman ‘muertes ejemplarizantes’ son la manera como hacen que les obedezcan, según denuncias conocidas por Semana.com.

En octubre del año pasado, este medio hizo un recorrido por varios municipios chocoanos investigando cómo se está haciendo la explotación de la madera . El hallazgo fue que el modelo como se está manejando el negocio es el mismo que había impuesto el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, y su bloque, el Élmer Cárdenas, que asoló esa región entre 1995 y 2006.

Sin embargo, en ese momento, ninguna autoridad confirmó quiénes eran los que estaban controlando este comercio. Lea el artículo ‘La madera: la riqueza y la miseria en Chocó’.

Pero nuevos testimonios y documentos de instituciones del Estado confirman que personas que se identifican como integrantes de grupos paramilitares son quienes aún están imponiéndose a las malas.

Después de tantos años azotados por esta organización, los habitantes conocieron bien a sus victimarios. Hoy, denuncian que muchos de quienes conformaban el desmovilizado bloque de ‘el Alemán’ son los que están atemorizándolos. La diferencia es que ahora adoptaron las “franquicias” de las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas, pero, según las descripciones, tienen la misma vocación de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Relanzamiento

Ya llevan bastante tiempo operando. Desde el 27 de octubre de 2008, un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas anunció su aparición mediante una estrategia de clandestinidad.

Desde entonces, se instalaron hombres vestidos de civil en los territorios de propiedad de afrocolombianos e indígenas para vigilar los movimientos de los líderes, básicamente, y evitar cualquier intento de organización de la gente.

Los indígenas y la gente negra tienen el amparo de la Ley 70 de 1993, que dice que ellos son los únicos dueños del territorio donde han vivido desde siempre y de las riquezas que existan allí. O sea, muy buena parte de las tierras chocoanas es de sus habitantes. Para ejercer sus derechos, ellos deben crear organizaciones y reclamar los títulos de las tierras. Al parecer, eso es lo que quieren evitar los grupos armados a sangre y fuego.

Con el paso del tiempo, los paramilitares salieron de su supuesta clandestinidad. Decidieron hacer presencia armada y más visible para controlar el territorio y poder ordenar qué sembrar, dónde criar ganado, y para que la gente les obedecieran. Y así lo están haciendo, según consta en documentos oficiales conocidos por Semana.com. Quienes dan las órdenes son mandos medios que hicieron parte de la estructura de alias ‘el Alemán’. La misma gente los ha identificado.

Con su presencia, controlan el comercio, la compra y venta de madera , de combustibles, de alimentos y el transporte en retenes ilegales. Cobran vacunas por todo. En zonas donde hay intereses de empresas para explotar minerales, sembrar cultivos como la palma o criar ganado, intimidan a los líderes para que negocien las tierra. Por tenerlos tan cerca, a la gente le da miedo denunciarlos ante las autoridades judiciales y la fuerza pública. Pero no se quedan callados. Han hecho que sus quejas se conozcan.

Semana.com conoció del caso puntual de un retén instalado en la entrada del municipio de Cacarica. Cualquier chalupa o lancha que pasara por allí, debía detenerse ante el llamado de los paramilitares. Les cobraban 200 mil pesos a los conductores por cada ingreso o salida. A los pasajeros, les ponían un límite de alimentos que podían portar y el resto, lo decomisaban. A los pescadores les cobraban seis galones de gasolina para dejarlos hacer su trabajo.

Que los paramilitares sigan operando no es una situación que no estuviera prevista. Esta región fue tomada como retaguardia de los frentes 34 y 57 de las Farc desde la década de los 80. Para los 90, llegó el bloque Élmer Cárdenas a disputarse el territorio hasta que pudo controlar las cabeceras municipales y la guerrilla siguió imperando en las zonas rurales.

En esta disputa, se presentaron actos violentos, muertes con sevicia, decapitaciones, desapariciones, descuartizamientos, violaciones a las mujeres y cualquier tipo de violencia imaginable. Finalmente, los hombres de ‘el Alemán’ se quedaron con el dominio del comercio y de las actividades cotidianas de la gente. Para ellos, perder este poder sería un despropósito.

Fuentes que han seguido de cerca la presencia de los grupos ilegales en este departamento cuentan que ‘el Alemán’, cuando se desmovilizó, dejó fichas claves en algunos lugares estratégicos. Hoy se sabe que estas personas han estado allí siempre y ahora están intensificando su actuar violento.

Las Farc, por su parte, reaccionan con más actos de guerra y quienes están pagando las consecuencias son los civiles. Las atroces escenas que se vivieron hace una década están empezando a repetirse.

Cronología del terror

En los dos últimos meses han sido asesinados cuatro líderes en Chocó. Comenzando este año, fue muerto Argénito Díaz, un líder afrocolombiano de dos territorios conocidos como Jiguamiandó y Curbaradó.

El 17 de diciembre pasado, fueron muertos Manuel Moya, Graciano Blandón y Yaír, su hijo. Al parecer, los mataron guerrilleros del frente 57 de las Farc.

El 27 de agosto de 2009, fue muerto Benjamín Gómez, que estaba protegido por medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un pescador de 39 años conocido como ‘Chemita’ fue asesinado en Cacarica, posiblemente, por paramilitares, el 5 de julio del año pasado.

En enero de 2009, un hombre fue muerto con arma blanca en el corregimiento Brisas, en Carmen del Darién. Parece que los responsables también son paramilitares. Dos semanas después, la gente vio pasar un cadáver flotando por el río Curbaradó

Walberto Hoyos fue asesinado el 14 de octubre de 2008. Este líder venía encabezando procesos jurídicos para recuperar tierras de las que habían sido desplazadas varias personas en Curbaradó y Jiguamiandó.

Un mes antes, había sido decapitado un campesino en Brisas después de haber denunciado varias veces ante la fuerza pública la presencia de los paramilitares.

Estas muertes son calificadas como ‘ejemplarizantes’. Es decir, mediante estas atrocidades, los grupos armados buscan generar miedo y hacer que la gente les obedezca a las malas.

Las Farc también están allí con su estrategia de sembrar minas. Como consecuencia, John Edison Quinto, un joven de 18 años, murió el 27 de marzo del año pasado después de pisar un artefacto. Cuatro muchachos que estaban con él quedaron heridos.

Ante la justicia

De toda esta violencia que está ocurriendo en Chocó, no hay que perder de vista que cuando los paramilitares actuaban en el bloque Elmer Cárdenas, muchos empresarios, posiblemente, se beneficiaron. Lea ‘Los usurpados del Chocó’.

La Fiscalía está investigando a 23 compañías palmicultoras por haber ocupado tierras de desplazados para sembrar sus cultivos. La justicia está intentando establecer si estas empresas promovieron los desplazamientos para quedarse con las tierras de Curbaradó y Jiguamiandó.

El pasado 9 de diciembre, el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó falló una tutela a favor de los campesinos de esos territorios ordenándoles a los empresarios que les entregaran las tierras a los afrocolombianos. Los procesos jurídicos han sido largos y mientras se realizan, no han parado las denuncias de intimidaciones por los paramilitares. 

Todo lo que está pasando en Chocó ya lo saben los ministerios de Defensa y del Interior, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, Acción Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los gobiernos locales y la gobernación.

De suerte que con el paso del tiempo, nadie podrá decir que las atrocidades ocurrieron en silencio y sin que nadie lo notara. Están advertidos de que la guerra por la riqueza del Chocó no ha terminado y, al contrario, está tomando fuerza.

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