V ENCUENTRO DE REFLEXION Y MOVILIZACION POR LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO

Buenaventura Pacifico, 13 y 14 de diciembre de 2009

Bajo el lema “Rompiendo el silencio y despertando conciencia” las  comunidades, organizaciones de Comunidades Negras, de Derechos Humanos y Sociales del Sur Occidente Colombiano 
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DECLARAMOS

1. Las comunidades y organizaciones Afrocolombianas, Sociales y ONGs de Derechos Humanos(756 personas en total) nos reunimos los días 13 y 14 de Diciembre de 2009, en el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de analizar la situación de los Derechos Humanos en el Sur Occidente de Colombia, transcurridos 10 meses de la emisión del Auto 005 de 2009, cuatro años de la aprobación de la Ley 975, llamada Ley de Justicia y Paz, y diez y seis años de vigencia de la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras, 61 años de la declaración universal de los derechos humanos, 81 años de la masacre de las bananeras.

2. Como parte del Movimiento Social del País ratificamos nuestra decisión de continuar en la lucha, por el reconocimiento, conquista y  defensa de  los Derechos Humanos y en especial de nuestros derechos como grupo étnico en medio de la guerra que se libra en el país. 

3. Ante la violación a los principios internacionales y normas internas que protegen y defienden los derechos humanos de la población civil y la reiterada intención de vincular a las poblaciones con la guerra, nos mantenemos en la decisión de no ser parte del conflicto armado, por lo tanto nos seguimos oponiendo a la vinculación de nuestros jóvenes a los grupos armados legales e ilegales, a la prestación de servicio militar obligatorio y a la política de seguridad democrática que militariza la vida cotidiana de la población civil en el País.

4. Unido a lo anterior en estos días de trabajo hemos reflexionado sobre la violación sistemática de los derechos humanos, el DIH y los derechos colectivos de las Comunidades Afrodescendientes, respecto a las situaciones de orden público que vivimos en el escenario de guerra, las políticas públicas educativas, los impactos físicos y sicológicos de la violencia sociopolítica, las relaciones y realidades de género y generacionales, la autonomía alimentaria y la gobernabilidad de nuestros territorios ancestrales y la ejecución de megaproyectos de desarrollo.  En función de lo anterior afirmamos:

o La educación es uno de los elementos fundamentales para el fortalecimiento de la identidad cultural y las dinámicas organizativas propias de las comunidades.   Sin embargo las políticas públicas educativas no han logrado de forma efectiva un enfoque étnico y territorial que fortalezca la permanencia de los pobladores en los territorios sino que por el contrario promueve la migración y abandono de lo propio.  Así mismo la educación no está cumpliendo el papel de formar en valores, lo que contribuye a la desestabilización de las relaciones sociales, familiares y comunitarias.
o La presencia de grupos armados ilegales, posteriores al proceso oficial de desmovilización de los paramilitares, ha seguido representando el desarrollo de acciones de justicia por la vía de la fuerza y la intimidación masiva y selectiva de comunidades, familias y personas, mediante el uso de armas y acciones violentas.

o La intencionalidad de los actores armados de suplantar, cooptar o instrumentalizar a las autoridades étnicas y Organizaciones de base de las Comunidades Afrodescendientes.

o Los territorios ancestrales y Colectivos de las comunidades negras siguen siendo invadidos por colonos que están proliferando y dinamizando la expansión del monocultivo de la coca, así como la recolonización para fines mercantiles

o La negativa del gobierno para resolver los problemas jurídicos que tienen algunos territorios ancestrales de las comunidades negras, poniendo por encima de los derechos de estos pueblos, los intereses mercantilistas.

o Los monocultivos de uso lícito e ilícito son contrarios a la cosmovisión y opción propia de futuro de las comunidades negras de la región, y por el contrario son generadores de violencia y desplazamiento.

o Las violaciones masivas a los derechos humanos de las Comunidades Negras siguen siendo sistemáticas y progresivas, dejando como única opción, después de la resistencia, el desplazamiento forzado de los territorios ancestrales y titulados.

o El fortalecimiento de las Bases Militares colombianas, con presencia de militares gringos, ubicadas en nuestros territorios, bajo el pretexto de perseguir a la insurgencia y el narco tráfico, como es el caso de la Base Militar del Pacifico ( Bahía Málaga- Buenaventura), cuya franja marítima es la autopista de las comunidades que habitan la región.

o La agudización del conflicto y las subsiguientes violaciones al DIH por los diferentes actores armados, incluyendo la fuerza pública, independientemente del deber constitucional que tienen de proteger y garantizar los derechos de la población.

o Las reiteradas amenazas de los paramilitares (llamados grupos emergentes por las autoridades públicas), a las organizaciones sociales y líderes comunitarios de Nariño y de los Municipios de Suarez y Buenos Aires en el Departamento del Cauca, sin que haya una acción contundente del Gobierno en todos sus niveles.

o Entre los factores que impiden el libre uso, manejo y control de nuestros territorios ancestrales y titulados colectivamente, señalamos: La promoción legal e ilegal de monocultivos como la coca y la palma aceitera(mal llamada palma africana) y la des-estimulación de los cultivos tradicionales que garantizan la sostenibilidad del territorio y la autonomía alimentaria; las fumigaciones que rompen con la estabilidad de los ecosistemas y generan pérdidas a las comunidades y no contemplan ningún tipo de programas de sustitución de estos cultivos; los proyectos de cooperación internacional condicionados que someten a las comunidades y líderes por la vía del manejo de recursos económicos y se promueven organizaciones en tornos a los proyectos suplantando las organizaciones autónomas y las autoridades étnicas.

o Racismo estructural y la imposición de un modelo de desarrollo que expropia y des-territorializa a las comunidades y las conduce a un camino programado de eliminación y exterminio como grupo étnico.

o Las presiones ejercidas por emporios económicos, mineros, agroindustriales, portuarios, entre otros, en nuestros territorios ancestrales y colectivos con la anuencia del gobierno en sus diferentes instancias, sin que se realice el proceso de consulta previa.

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5. Frente a lo anterior, para el PCN y demás organizaciones sociales que suscriben la presente Declaración, se constituyen en retos:

o El trabajo de reivindicación del derecho a la identidad del Ser Comunidades Negras, culturalmente diferenciadas, en los contextos urbanos, así como el derecho al uso, manejo y control de nuestros territorios ancestrales que hemos ido constituyendo en las relaciones campo poblado, el derecho a la organización propia que fortalezca los niveles de participación y de autonomía como grupos étnicos, dentro del territorio nacional; y el derecho a una visión propia de futuro, que se construya colectivamente como expresión del desarrollo propio.

o Realizar ejercicios de planeación y ordenamiento del territorio ancestral, en zonas urbanas y rurales, que fortalezcan las prácticas de uso, manejo y control que contribuyan a la recuperación de la autonomía alimentaria y ecosistemas.

o Desarrollar procesos de formación y fortalecimiento de la identidad dirigido a la recuperación política del territorio ancestral, como espacio de vida, en contexto urbano y rural.

o Re dinamizar un frente nacional de defensa del territorio como espacio de vida, en conjunto con otros grupos étnicos y sectores sociales.

o Seguir denunciando a nivel nacional e internacional la violación de derechos como, deber con nuestras mismas comunidades y con la sociedad en general.

o Adelantar las gestiones necesarias para que el fortalecimiento de instrumentos militares en el país no obstaculice la movilidad de las comunidades en el pacifico colombiano y de la sociedad civil en general.

o Promoción, en medio del escenario de guerra, de la producción y consumo de productos agropecuarios, de acuerdo a nuestras prácticas tradicionales de producción limpia y mediante procesos regionales de recuperación de semillas.

o Seguir promoviendo y consolidando procesos de retorno y resistencia en nuestros territorios ancestrales, en los contextos urbanos y rurales.

o Impulsar al interior del movimiento social, los procesos formativos para reconocer y valorar las diferencias de género y generacionales, así como para evaluar las relaciones interpersonales, fortaleciendo aquellas que dignifican a las mujeres, jóvenes, niñas y niños y transformando aquellas que no dignifican.

o Conformar Consejos Comunitarios en los barrios donde hay mayoría de población Afrodescendientes como una estrategia de fortalecer la comunidad negra como grupo étnico.

o Estrechar las relaciones entre Autoridades étnicas de los territorios titulados colectivamente y JAC y JALs, para coordinar acciones dirigidas al reconocimiento y defensa de los derechos étnico culturales y territoriales.

o Dinamizar la calidad y pertinencia de la educación en la región, a si como hacer seguimiento a la permanencia de los estudiantes en los planteles educativos.

o Desde las diferentes subregiones, acompañar a las Comunidades Afrodescendientes de la zona de bajamar del Distrito de Buenaventura en el proceso de reivindicación del territorio ancestral y la participación real y efectiva en procesos de consulta previa frente a los megaproyectos de desarrollo portuario.

Finalmente y teniendo en cuenta que, El Estado Colombiano, a través del auto 005 de 2009 emitido por la Corte Constitucional, enfatiza que las Comunidades Afrodescendientes son sujetos de reforzada protección de derechos particulares como grupo étnico y que los derechos territoriales no solamente se refieren aquellos que han sido titulados colectivamente, sino que contemplan la totalidad de los territorios ancestrales de las Comunidades Afro en todo el país. 

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EXIGIMOS

* A los Gobiernos Municipales de la región y al Gobierno Nacional la implementación de los planes de prevención y activación de los planes de contingencia para mitigar los impactos de las acciones de los violentos y con ello el desplazamiento de las comunidades.
* La desmilitarización de nuestros territorios, el cese de la confrontación armada entre fuerzas ajenas a los intereses de nuestras comunidades y que el Estado garantice el regreso de todas las personas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente de nuestros territorios.
* A la Defensoría del Pueblo y demás entidades del Ministerio Público acciones más contundentes que conduzcan a garantizar la protección de los DDHH de las comunidades y prevengan las infracciones al D.I.H,  en especial por parte de la Fuerza Pública.

* A la Defensoría del Pueblo realizar un informe de riesgo que dé cuenta de las condiciones reales en las que se encuentran las comunidades de la región en especial las de Málaga, Río Mira, Guapi, y las comunidades urbanas de Bajamar y del Consejo Comunitario de la Gloria.

* A los Organismos Humanitarios Nacionales e Internacionales que hacen presencia en la región, acciones concretas que generen respuesta del Estado en materia de protección de los DDHH y en especial el celoso respecto del D.I.H por parte de las Fuerzas del Estado, y un monitoreo permanente a la implementación del plan Consolidación, de la Política de Seguridad Democrática en la región.

* A las instancias del Estado Colombiano acciones de prevención, así como medidas de reparación y restitución, de víctimas de la violencia sociopolítica y del conflicto armado, a nivel individual y colectivo; con enfoque étnico, de género y generacional; garantizando la participación activa de comunidades, organizaciones, familiares y víctimas directamente afectadas.

* El cumplimiento de los mandatos del auto 092 del año 2009 relacionados con el impacto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento forzado en el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres.

* El cumplimiento de los mandatos del auto 005 de 2009 frente a la protección de los derechos individuales y colectivos de las Comunidades Afrocolombianas afectadas por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y los megaproyectos de desarrollo, garantizando la protección de los territorios ancestrales y colectivos, como espacios de vida.

* Al Ministerio del Interior y el Ministerio Público, que ejerzan sus funciones de acuerdo a sus competencias y al marco de derechos étnico-territoriales y culturales reconocidos jurídicamente por el Estado Colombiano, orientando y acompañando a las Comunidades Afrodescendientes de la zona de bajamar del Distrito de Buenaventura en el proceso de reivindicación del territorio ancestral y la participación real y efectiva en procesos de consulta previa frente a los megaproyectos de desarrollo portuario.

* La formulación y ejecución de una política educativa pertinente e incluyente que fortalezca la identidad cultural y territorial de los pueblos en función de mantener la multiculturalidad de la nación Colombiana.

* Garantizar la ampliación de coberturas de los programas de educación así como también garantizar la calidad de la formación académica y personal de los estudiantes, garantizando la participación de las organizaciones y autoridades  étnicas y de la comunidad educativa en general, para consolidar los diseños curriculares.

* Al Gobierno, facilitar y promover la reglamentación de la Ley 70 de 1993, con la participación activa de las comunidades, sus organizaciones y autoridades étnicas.

1. al Estado y la cooperación internacional generar un proceso con las comunidades negras y sus organizaciones para discutir, cómo debe ser la participación de los organismos internacionales, buscando así la reorientación de la intervención internacional en beneficio de los derechos de las comunidades.

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CON NUESTRA TRADICIONAL AFIRMACION DE VIDA Y ALEGRIA ESPERANZA Y LIBERTAD

ATENTAMENTE.

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA

CONSEJOS COMUNITARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS:

BUENAVENTURA: CALIMA, DAGUA, ANCHICAYA, RAPOSO, MAYORQUIN, YURUMANGUI, PUERTO ESPAÑA Y MIRAMAR, LADRILLEROS, BAHIA MALAGA, LAGLORIA, NAYA, CAJAMBRE Y CONSEJO GENERAL DEL SAN JUAN.

NARIÑO: TUMACO, RIO MIRAY FRONTERA   , TAPAJE (EL CHARCO)

ORGANIZACIONES ETNICOTERRITORIALES:

APONURY, ONUIRA, ACONUR, ONCAPROTECA Y MINA VIEJA.

ORGANIZACIONES Y ONG’S:

Asociación para el Desarrollo Juvenil de la Costa Pacifica

Comité de Unidad de Defensa y Salvación  de Buenaventura

Colectivo de Jóvenes de Buenaventura

Pastoral Afrocolombianas

Fundemujer

Nómadesc

Consejo de Mujeres de Buenaventura

Corporación Sembrar

ANPAC – BUENAVENTURA

Fundación Rostros y Huellas Africana

Asociación Kasimba

Coordinación CE/ EE UU

Asamblea de Consejos Comunitarios del Valle

Fundación Guagua

Fundación Afro pacifico

Justicia y Paz

ROMPIENDO EL SILENCIO Y DESPERTANDO CONCIENCIA

 

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