La Loma: ¿sabe usted lo que es la miseria, señor gobernador?
Existen presos políticos, baleados, niños con hambre y es todavía asunto de nadie: comuneros
A 15 minutos de Morelia, sobre la carretera que conduce a Pátzcuaro, aparece una señalética apenas visible para los conductores que indica la proximidad del rancho Uruapilla. Después de atravesar el retorno para ingresar a esta localidad, casas y negocios pequeños distantes entre sí serpentean la única vía de acceso que hay para llegar a la comunidad tabiquera de La Loma, un predio de 97 hectáreas casi escondido detrás de un camino custodiado por pinos de gran tamaño y desde donde ya se puede ver el agua charandosa de la presa Cointzio.

Los habitantes de la comunidad tabiquera La Loma llegaron a este lugar aproximadamente a inicios del siglo pasado. Entonces eran alrededor de 100 familias. Sus integrantes trabajaron juntos para construir la presa Cointzio y darle forma a esas 97 hectáreas (966 mil 321. 42 metros cuadrados exactamente, de acuerdo con los planos topográficos). En ese lapso, reforestaron el área y la mantuvieron en buenas condiciones para rentarla a campistas y así generar un ingreso extra.

En virtud del esfuerzo realizado por erigirlo, este predio comunal les sirvió a los comuneros para edificar hogares y galeras para la producción de tabique, su único medio de subsistencia en adelante.

Hoy sólo quedan 22 de ese centenar de familias y están en peligro de ser despojadas de las tierras que empezaron a forjar 50 años atrás. Sobreviven ahí 131 comuneros y una caterva de niños escuálidos que no rebasan los 10 años de edad. El número original de habitantes decreció a partir de los primeros días de esta década, cuando iniciaron las amenazas, la intimidación, la desaparición temporal, la tortura y el encarcelamiento de comuneros.

Tierra en disputa

Los artífices y la causa de estos hechos, respectivamente y de acuerdo a las acusaciones de los comuneros, es la ambición de los Ramírez y los Medina, empresarios locales que han utilizado la fuerza pública para lograr la desocupación de este espacio y así convertirlo en centros comerciales y unidades habitacionales de lujo.

Una mujer joven, con un niño en brazos y oriunda de esta localidad ofrece una explicación más detallada del caso: en el país existen tres tipos de propiedades: la comunal, la ejidal y la privada. La primera de ellas es en la que se sustentan las tierras de Uruapilla. Desgraciadamente, porque nunca se había tenido problema por el título de propiedad en la comunidad, nunca se documentó nada antes de que todo esto sucediera, pero la legítima posesión es nuestra.

Fue a raíz de que los ejidatarios de Santiago Undameo -localidad colindante con Uruapilla- comenzaron a vender sus propiedades que se desató este conflicto, pues no obstante con hacer lo propio con sus tierras, arguyeron que las 97 hectáreas que comprende la comunidad de La Loma también les pertenecen.

Sin embargo, de un aproximado de mil 300 hectáreas que abarca el ejido donde se ubican las rancherías de Uruapilla, Santiago Undameo y La Reunión, las 97 en cuestión les pertenecen de manera legítima a la gente de La Loma bajo el régimen comunal. Las otras mil 200, vendidas hace no más de 15 años, ahora son propiedades privadas.

Por el área geográfica en la que se encuentra -agrega la misma mujer-, nuestra tierra es buena en cuestiones económicas. Por eso, la gente de Santiago Undameo la empezó a vender al mejor postor. Su argumento es que siempre ha sido de ellos, pero como nunca se las habían cotizado, no habíamos tenido problemas al respecto.

¿Cómo dedujeron que esto es obra de los Ramírez y los Medina?–se les cuestiona a los comuneros–. Porque ya está todo fraccionado. Cualquier persona que vaya por el área de la carretera hasta Santiago Undameo podrá darse cuenta que ya todo está vendido. Todos esos terrenos eran ejidales. No deducimos nada: comprobamos que así es. Pero como ahora ofrecen buena lana por nuestra tierra, pues ahí está la razón.

El día que ya no nos dejaron trabajar

La gente de La Loma ha resistido prácticamente de todo en el transcurso de los últimos 10 años con tal de no desasirse de su único patrimonio. Ahí está como ejemplo Jorge Reyes Aguilar, quien perdió la pierna izquierda a mediados de 2008 tras recibir tres impactos de bala por parte los hostigadores. O el caso de Avenicio Cruz Reina, secuestrado y torturado por varias horas en julio de 2009, o el de Moisés Molina Rodríguez o el de los muchos casos de presos políticos bajo el delito de despojo desde 2002.

Sin embargo, el 14 de diciembre se convirtió en la gota que derramó el vaso. Ese día llegaron alrededor de 300 patrullas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de Seguridad Pública para sacar a los comuneros de las 18 galeras construidas en la ribera de la presa Cointzio, donde quedaron sin hornear toneladas de tabique que les suponen pérdidas económicas estimadas en los 300 mil pesos. Ahora lo recuerdan como el día que ya no nos dejaron trabajar.

Junto con las fuerzas públicas, también llegaron a La Loma seis camionetas tipo pick-up con 60 trabajadores a bordo que se dieron a la tarea de retirar el alambre de púas que dividía la parte norte de esta comunidad para dar paso a los trabajos de una retroexcavadora que cavó zanjas en los alrededores del predio.

Mientras que más de 600 elementos de seguridad del estado hacían guardias para velar por los intereses de los Ramírez y los Medina en Uruapilla, al día siguiente fueron lanzadas varias granadas en la capital michoacana. ¿Aquí qué pinches tenían que estar cuidando? Ahí se ve cuáles son los intereses del gobierno, espetan los comuneros.

¡Ora, hijos de su pinche madre, lárguense de aquí! Son órdenes de nuestros jefes que tienen que irse a la chingada de aquí, pinches mugrosos. ¡Lárguense, pinches muertos de hambre! Y no se pongan pendejos porque los vamos a matar, porque ésas son las órdenes de nuestra jefa Minerva y del gobernador: desalojarlos a como dé lugar.

Los comuneros de La Loma transcribieron las palabras exactas con las que fueron intimidados en la denuncia dirigida al agente del Ministerio Público del Fuero Común en turno del municipio de Morelia, misma que hasta hoy no ha tenido repercusión.

En un recorrido que realizó  La Jornada Michoacán por la zona comunal, se comprobó que cerca de 60 trabajadores levantan muros y mantienen cercada el área impidiéndoles a los comuneros ingresar a sus galeras para concluir con la producción de tabique de este año.

El encargado de esta obra se presentó como José Rodríguez Contreras y dijo desconocer cuál es el nombre de la constructora responsable. De manera cortante, explicó que el proyecto en cuestión (avanzado apenas en un 10 por ciento, aproximadamente) es un parque nacional y que, irónicamente, fue demandado por los propios ejidatarios de la localidad.

Por supuesto que vamos a resistir -contestan al unísono los comuneros al preguntarles cuáles serán sus alternativas en adelante, tomando en cuenta que hoy están prácticamente impedidos para trabajar y la producción de tabique es su único sustento económico-. La resistencia, la denuncia pública y la protesta para que se reinstalen las mesas de negociación son las únicas herramientas que tenemos. Pero las 22 familias perjudicadas no estamos solas: estamos creando un frente común de resistencia. Somos una fuerza de organizaciones de todo el estado y del país. Sabemos que mucha gente se solidarizará  con nuestra causa.

Las movilizaciones en la capital michoacana, advierten, arrancarán una vez que concluya este periodo de asueto. Mientras tanto convocarán a más organizaciones estatales y nacionales.

Un problema de nadie

Aunque todas infructuosas y esporádicas, el gobierno del estado estableció mesas de negociación con los comuneros luego de que éstos comenzaran a protestar por lo sucedido desde el año 2002. No obstante, sus legajos y pruebas que demuestran tanto la legítima posesión de la tierra como la represión de la que han sido víctimas, brincan de una dependencia a otra, de una administración pasada a una actual y del estado a la federación sin que hasta el momento haya una respuesta concreta por parte de las autoridades.

Pese a que Uruapilla pertenece al municipio de Morelia, desde que entró a esta administración, le hemos solicitado a Fausto Vallejo despensas o cualquier otro apoyo, pero nunca hemos habido respuesta; siempre nos traen peloteando: vete para aquella y de aquélla nos mandan a ésta. El Ayuntamiento nunca nos ha apoyado, advierte Avenicio Reina Cruz, responsable de la Comisión Jurídica del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) e integrante de la comunidad tabiquera La Loma.

La única respuesta que han obtenido por parte del presidente, amplía Susana Aguilar, integrante la Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM), es que al municipio no le compete resolver asuntos agrarios de tipo federal. Nos turnan a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) estatal, pero la respuesta del gobierno del estado es que no es de su competencia, pues esto es a nivel federal. ¿A quién recurrimos, entonces? Reforma Agraria nacional tiene el expediente y le dio el carpetazo; no quiere darle seguimiento. Gobierno del estado cierra las mesas de diálogo. Nadie se quiere hacer responsable de este asunto.

En el documento de solicitud de reconocimiento de derechos de este predio están plasmados los sellos de recibido de instancias como el Tribunal Superior Agrario (TSA) de la federación, la SRA, del Congreso y la Secretaría de Gobierno del estado, fechados todos en diferentes meses del año 2004.

Al pie de dicho documento están las rúbricas de los 131 comuneros afectados. Solicitan por derechos de tipo comunal adquiridos desde tiempo inmemorial y con fundamento en las fracciones III, IV y V del artículo número 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario Agrario; del párrafo tercero del artículo 145 de la Constitución del Estado de Michoacán; así como del párrafo primero y tercero fracción VII del artículo número 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además del párrafo segundo del artículo número 4 de la Procuraduría Agraria y demás relativos, la posesión del fundo legal de la comunidad tabiquera La Loma y su reconocimiento como tal.

Aun cuando este problema ya es añejo, fue apenas en junio de este año cuando los comuneros se encontraron con el gobernador Leonel Godoy Rangel. Una sola ocasión bastó para que confiaran en su palabra y que ahora, cuando la situación se ha recrudecido de manera considerable, los mantenga con expectativas favorables para su comunidad: estoy muy interesado en resolver el asunto de Uruapilla, dijo entonces el representante del Ejecutivo estatal.

¿Sabe usted lo que es la miseria, señor gobernador?

A 13 kilómetros o 15 minutos de distancia de la capital michoacana está la comunidad tabiquera La Loma de Uruapilla, pero desde el 14 diciembre pasado ya no es el humo de las galeras el que indica su proximidad. De eso se encarga la señalética casi escondida y la presencia eventual de patrullas que resguardan la construcción de un presunto parque nacional que, se supone, fue demandado por los ejidatarios locales, cuyas caras desencajadas no muestran otra cosa más que temor e impotencia.

¿Sabe lo que es escuchar el llanto de nuestros niños porque tienen hambre, señor Leonel Godoy? Preferimos contener nuestro coraje porque no tenemos el recurso para comprar sus alimentos. Pero, ¿sabe lo que es el dolor y la secuela que esto deja?

La pregunta queda en el aire. Eustacio Alcalá Chávez, otro comunero de La Loma, sabe, de antemano, que no tendrá una respuesta inmediata. Quizás se tarde tanto como la anhelada llegada de una solución para este conflicto.

Somos tabiqueros que nacimos, crecimos y formamos nuestra familia en la comunidad de La Loma. Nuestra fuente de trabajo es la producción de tabique, que no es un gran negocio; sólo sacamos lo necesario para comer. En lo que llevamos de vida, no hemos recibido el apoyo que necesitamos para mejorar nuestras condiciones de vida. Las casas donde habitamos son de cartón, el piso de tierra; no tenemos drenaje ni agua potable. Sólo queremos trabajar, lamenta el tabiquero.

EDUARDO SÁNCHEZ