En una comunicación oficial, la ONG indicó que “Informes preliminares sugieren que miembros del Ejército podrían estar involucrados en la masacre «con el propósito de eliminar e intimidar a testigos de atrocidades».
«El Gobierno tiene que asegurarse de que haya una investigación eficaz de este horrendo crimen», urgió José Miguel Vivanco, director del programa de las Américas de Human Rights Watch.
Según informes preliminares, un grupo de hombres atacó el miércoles un resguardo de esa comunidad indígena en El Rosario, Tumaco, en el sureño departamento de Nariño, y asesinaron a por lo menos 12 de sus miembros, entre ellos varios niños.
En Nariño y en otras partes de Colombia persiste una situación de conflicto, los abusos van en aumento y, sin embargo, «muchas veces, los civiles son ignorados por el Estado», se quejó Vivanco.
«En vez de pretender que el conflicto no existe, el Gobierno nacional necesita hacer más para proteger a los civiles, asegurar la rendición de cuentas por los abusos, y proveer asistencia a las víctimas», recomendó.
La masacre, señaló HRW, se produjo tres días después del asesinato de Gonzalo Rodríguez, otro miembro de la etnia Awá. La esposa de Rodríguez, Tulia García, figura entre los asesinados el miércoles.
Vivanco señaló que fuentes oficiales dijeron a HRW que Rodríguez fue asesinado por miembros del batallón 23 del Ejército, especializado en operaciones contrainsurgentes.
Esos soldados luego informaron a los fiscales que Rodríguez era miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y que lo mataron cuando éste intentaba escapar.
