A mediados de marzo de este año, 850 desplazados se tomaron el parque tercer milenio; de este grupo, cerca de 200 familias llegaron a un acuerdo con la Secretaria Distrital de Gobierno para salir del sitio y ubicarse temporalmente en un albergue (Calle 16 con Carrera 17) mientras se evaluaba su situación y se llegaba a alguna salida.

El martes 11 de agosto, líderes de este grupo de desplazados, se comunicaron con Cimarrón y angustiados, solicitaron el acompañamiento y apoyo de Cimarrón porque la policía había cercado el lugar y de manera arbitraria, aprovechando que los hombres cabeza de hogar se encontraban en una capacitación para el desarrollo de proyectos productivos, trataron de sacar a los niños y mujeres que se encontraban en el sitio. Sin embargo, las mujeres y algunos jóvenes resistieron a la fuerza pública, enfrentándolos con palos y piedras.

Con la presencia de CIMARRON se logró neutralizar la acción policial y se realizó una reunión con la Secretaría de Gobierno y la policía, y se acordó que no se les desalojaría, que se reconectaría la energía eléctrica, y se les conseguirían cocinas y alimentos. Sin embargo, al día siguiente hubo un operativo policial cercando el refugio con el doble de agentes e impidiendo entrar y salir a las personas. El oficial a cargo manifestó a CIMARRON que con esta medida se estaba impidiendo el ingreso de oportunistas que no vivían en el albergue, y que la Secretaría aspiraba a desalojar el albergue en menos de 10 días. Ante lo expresado por el oficial, CIMARRON se opuso al desalojo argumentando que los desplazados trasladarían el problema a otro lugar.

Cimarrón exige que la Secretaría cumpla con los compromisos adquiridos y proteja los derechos humanos de todos y todas las personas, especialmente, de los niños y niñas. El gobierno debe ofrecer soluciones reales y eficaces a los desplazados concertando la acción interinstitucional entre los municipios, departamentos y gobierno nacional para el regreso y restablecimiento de los desplazados en sus territorios u otras zonas y la creación de campos de refugiados donde sea necesario. El problema está en que el gobierno no quiere reconocer el conflicto, por ende, no quiere reconocer el desplazamiento.

En este momento consideramos que la presión y apoyo internacional es urgente en favor de estas familias del albergue, sería conveniente el tener una misión de acompañamiento que ayude a protegerlos ya que requieren ayuda humanitaria como alimentos y vestido.

Actualmente en el albergue, CIMARRON mantiene una comisión para hacer que los derechos de este grupo de familias desplazadas se respeten.

Invitamos a que la comunidad ingrese a la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotà y exprese su inconformismo con esta situación, y que además ratifique su solidaridad con los desplazados del albergue.