Masacre de 11 jóvenes en el barrio “Punta del Este”, el 19 de abril de 2005 en Buenaventura (Valle) 4 años de impunidad

Hace 4 años, un martes 19 de abril, en la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle, fueron asesinados 11 jóvenes, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados dos días después junto a un joven más asesinado el día anterior. El asesinato de estos 12 jóvenes corresponde al accionar de estructuras de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar en Buenaventura, en un contexto de aplicación de la política de “Seguridad Democrática”, de la red de informantes y cooperantes implementada por el gobierno colombiano.

Memoria y Justicia

Han pasado cuatro años, y se mantiene en la impunidad esta masacre. Han pasado cuatro años, desde aquel martes 19 de abril, cuando dos hombres llegaron hacia el medio día al barrio Punta del Este de la ciudad de Buenaventura, y bajo engaños sacaron del barrio a 11 jóvenes, entre 18 y 21 años de edad, diciéndoles que iban a jugar un partido de fútbol en la localidad de Dagua, departamento del Valle, con la promesa de pagarles la suma de doscientos mil pesos.

Los jóvenes fueron sacados uno por uno del barrio Punta del Este en una motocicleta y reunidos frente a una casa ubicada en el barrio Santa Cruz, de Buenaventura. Allí los esperaban varios hombres, quienes los invitaron a abordar un colectivo de servicio público que los llevaría al sitio donde supuestamente se realizaría el partido de fútbol.

Los jóvenes RODOLFO VALENCIA BENITEZ, VICTOR ALFONSO ANGULO MOSQUERA, LUIS MARIO GARCIA VALENCIA, HUGO ARMANDO MONDRAGON VALENCIA, PEDRO LUIS ARAMBURO CANGA, RUBEN DARIO VALENCIA ARAMBURO, CARLOS JAVIER SEGURA BELALCAZAR, MANUEL CONCEPCIÓN RENTERIA VALENCIA, MANUEL JAIR ANGULO MONDRAGÓN, CARLOS ARBEY VALENCIA GARCIA y LEONEL GARCIA, inocentes de la situación, abordaron el vehículo de transporte público.

A las afueras de la ciudad el vehículo fue desviado de su ruta, y abordado por cuatro hombres más, armados y quienes se identificaron como paramilitares. Las unidades de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar, desviaron el vehículo hacia el estero de San Antonio – Bodegas de Cilano, sitio conocido en Buenaventura como cementerio clandestino creado por las estructuras paramilitares.

Al llegar al sitio, los 11 jóvenes fueron obligados a bajar del vehículo, les ataron las manos a la espalda utilizando los cordones de sus propios zapatos, obligados a tirarse al piso y posteriormente asesinados con disparos de bala en la cabeza.

Los cuerpos sin vida de los 11 jóvenes fueron arrojados al mar por sus victimarios.

Dos días después, los cuerpos sin vida de los 11 jóvenes fueron hallados junto a un cadáver más de otro joven asesinado por las mismas estructuras, al parecer el 18 de abril y quien a la fecha no ha podido ser identificado.

Han pasado 4 años y la impunidad del crimen la consolidó el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga (Valle), al no reconocer que la autoría de la masacre fue de las estructuras paramilitares que actuaron y siguen actuando en este puerto del pacífico.

En la investigación iniciada con el radicado No. 2164 por parte de Fiscalia 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía con sede en Cali. El ente investigador dijo tener los méritos suficientes para decidir la ruptura de la unidad procesal, y pasar a juicio, en la premura de mostrar resultados, a nueve paramilitares, varios de los cuales habían participado en procesos públicos de desmovilización con el gobierno colombiano.

Bajo el radicado No. 2006-00117, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, adelantó la etapa de juicio y el pasado 31 de julio profirió sentencia condenatoria contra cuatro de los paramilitares, aunque dejo tajantemente claro que para él no hay méritos dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía que prueben la pertenencia de los condenados a estructuras paramilitares, dando a entender que su actuación obedeció a lógicas de delincuencia común. Los condenados a cuarenta años de prisión fueron JOSE RAMON RENTERIA VALENCIA, GUIDO FRANCOIS MATAMBA MANYOMA, CARLOS JAVIER CAICEDO GRANADOS Y DAGOBERTO CAICEDO BENITEZ por los delitos de Homicidio Agravado, Concierto para delinquir y fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones, imponiéndoles una pena de cuarenta años de prisión.

Al mismo tiempo, el juez absolvió a los restantes cinco paramilitares, uno de los cuales se reconoció como desmovilizado del “Bloque Calima” y conocido como “El Chespi”, cuyo verdadero nombre es JEFERSON BONILLA GOMEZ. También fueron absueltos los paramilitares EVERT GONZALEZ VALENCIA, MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, GOBERT CARABALI GOMEZ Y HAROLD WILSON CASTILLO FIGUEROA. Decisión tomada por el juez al decir que no se encontraron méritos que demostraran su pertenencia a un grupo paramilitar ni la participación en la masacre.

La Sentencia fue apelada por la defensa de los victimarios y fue remitida al Tribunal Superior del Distrito de Buga- Valle, quien confirmó la sentencia el pasado 15 de octubre de 2008. Tres de los cuatro condenados interpusieron recurso extraordinario de casación contra la decisión del Tribunal, el cual fue concedido el 02 de marzo del presente año, corriendo traslado a los sindicados para que presentes la respectiva demanda ante la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 30 días hábiles. Posteriormente se correrá traslado de la demanda de casación a los sujetos procesales, incluida la parte civil, para presentar los alegatos correspondientes.

Hace un año los familiares estaban en espera de la decisión del Tribunal Superior de Cali para que se ratificara la decisión de condena. Un año después, tal vez se deba esperar un año más para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la demanda de casación. Y pasaran los años y los familiares seguirán sin respuestas sobre el por qué fueron masacrados sus hijos, quiénes dieron la orden, quiénes se han beneficiado con este crimen.

La justicia solo se ha dirigido a algunos de los autores materiales, desconociéndolos como parte de las estructuras paramilitares y haciendo ver este crimen como un ajuste de cuentas. No se ha indagada por la responsabilidad en acción y omisión de la policía del municipio de Buenaventura y demás estructuras que mantienen militarizada la vida de los pobladores del barrio Punta del Este y demás barrios de bajamar en este puerto del pacífico.

Mientras se consolida la No – Justicia, la Fiscalia 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía con sede en Cali, mantiene abierta la investigación con el radicado No. 2164, aún en etapa de instrucción, sin ninguna vinculación. Investigación sinuosa que nunca ha dado cuenta de cómo se puede explicar la ocurrencia de una masacre a plena luz del día en una ciudad altamente militarizada. Nunca ha dado cuenta de la responsabilidad por Acción y Omisión de las instancias locales de Gobierno y Estado, no ha tenido en cuenta los serios indicios de la participación de redes de cooperantes en este hecho.

La Fiscalía dentro de la investigación, tan solo ubicó la “responsabilidad”, con débil material probatorio, en nueve paramilitares pertenecientes al denominado “Bloque Calima”, pero nunca vinculó a ella a quienes se han reconocido públicamente como sus comandantes, como el caso de Diego Murillo conocido como “DON BERNA” y de Éver Veloza o Hernán Hernández conocido como “H.H.”.

La impunidad de la masacre de los jóvenes de Punta del Este, garantiza la repetición una y otra vez de los crímenes, así se pretendan ocultar o disfrazar en la idea de que obedece a pelea de “pandillas”, “delincuencia común” o “bandas emergentes”. La política de “Seguridad Democrática”. Queda en las familias y en los pobladores afrodescendientes del barrio Punta del Este en Buenaventura, la afirmación de la memoria como resistencia a la impunidad que se impone desde el aparato de la No-Justicia, como respuesta a la militarización de la vida de los afrodescendientes, como denuncia ante los anuncios de repetición a través de la mal llamada “limpieza social”. Nuevamente en las calles de Buenaventura, caminó la memoria de los jóvenes de Punta del Este, a través de sus madres, padres, hermanos, amigos y conocidos.

Bogotá, D.C. Abril 20 de 2009 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

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