Desde su creación en 1999, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, ha venido denunciando ante las autoridades nacionales e internacionales las alarmantes cifras de desplazamiento (más de 1 millón de afrocolombianos desplazados) y confinamiento forzado de las comunidades afrocolombianas, al igual que las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y étnico-territoriales asociados a este proceso progresivo de expulsión territorial y usurpación patrimonial violenta.
En el camino de buscar una respuesta efectiva e integral a tan profunda crisis humanitaria, AFRODES ha mostrado cómo el desplazamiento desproporcionado de la población afrocolombiana ha conducido a la progresiva destrucción de nuestras familias, proceso organizativo y grupo étnico, y cómo esta vulneración sistemática de nuestro derechos fundamentales es agravada hasta extremos intolerables por la re-victimización de nuestras comunidades, sus líderes y lideresas, como efecto de la ineficiente e ineficaz atención que las autoridades colombianas vienen dando a nuestra crisis humanitaria (1996-2011), y a nuestra persistente exclusión y discriminación estructural (1810-2011).
En este proceso de resistencia y defensa de los derechos humanos y étnico territoriales de las comunidades afrocolombianas AFRODES, sus líderes y lideresas, vienen siendo víctima de una persecución sistemática, desplegada a través de una larga serie de amenazas, hostigamientos, ataques, intentos de homicidio y asesinatos; el último de ellos el de Jair Murillo el 17 de Julio de 2010 en la ciudad de Buenaventura. Esta crítica situación -que venimos denunciando- ha conllevado a que de los tres presidentes de AFRODES dos estén ahora en el exilió, luego de sobrevivir a atentados mortales, y a que nuestra actual presidenta goce de medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Presentamos estos antecedentes como contexto de esta COMUNICACIÓN, ya que es precisamente la persistente situación de inseguridad afrontada por AFRODES, sus líderes y lideresas, y la ya también persistente desprotección institucional a ella asociada, la que obliga a AFRODES a hacer pública tan crítica y persistente situación y con ello solicitar, en la medida de sus posibilidades institucionales y personales, la respectiva atención y solidaridad. La situación actual es la siguiente:
En octubre de 2010 AFRODES efectuó una visita oficial a los EE.UU. denunciando la persistencia de la crisis humanitaria afrocolombiana del confinamiento y desplazamiento forzado, mostrando la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y cómo luego de las amenazas de “muerte y exterminio” proferidas por los grupos paramilitares contra las organizaciones afrocolombianas (los Rastrojos Abril de 2010, las Águilas Negras Mayo de 2010), se había iniciado una serie sistemática de asesinatos contra los líderes y lideresas afrocolombianos, así: Ø  18 de Mayo, Rogelio Martínez (MOVICE). Rogelio era un miembro del movimiento de las víctimas (MOVICE) y un líder de los desplazados internos que encabezó los esfuerzos para asegurar la devolución de tierras, presuntamente robados por las fuerzas paramilitares en 2001, a 53 familias en un área conocida como la finca Alemania. Fue brutalmente asesinado por un grupo de encapuchados en Sucre, San Onofre.
 
Ø  20 de Mayo, Estrella Hinestrosa Robayo (ASODES) Estrella era una defensora de los derechos de las mujeres de reconocida trayectoria e importante líder de desplazados, quien era presidenta de la Asociación de Desplazados con Dignidad y Seguridad Social, ASODES. Fue asesinada en Granada Meta por dos hombres en moto que le propinaron 4 tiros.
Ø  23 de Mayo, Alexander Quintero (Presidente de Asociación de juntas de Acción Comunal del Alto Naya). El líder afrocolombiano estaba apoyando activamente el proceso de reconstrucción social, verdad y reparación para las víctimas de la brutal masacre de 2001 de al menos 110 personas en el río Naya. Él trabajaba con las víctimas y desplazados  para garantizar el respeto de los derechos territoriales de las comunidades afro-colombianas. Fue asesinado por desconocidos en Santander de Quilichao, Cauca.
Ø  6 de Junio, Jaider Julio (Ashudebol). Este importante líder afrocolombiano de la Asociación Humanitaria de Bolívar, era ampliamente reconocido por su trabajo cultural y social. En el hecho fue herida su hija de tres años. Jaider lideraba un proceso con la Secretaria de Interior del Distrito de Cartagena, desde donde desarrollaba un programa de resocialización de jóvenes en riesgo. El líder juvenil fue asesinado por desconocidos en el barrio Nelson Mandela de Cartagena. 
Ø  3 de Julio, Andrés Medina (Colectivo Afrocolombiano Son Batá) . Este líder y gestor cultural afrocolombiano de 24 años, cuyo proyecto según decía era “robarle jóvenes a la guerra con arte, música y cultura”, fue asesinado en Medellín por dos hombres armados que le propinaron 3 tiros en la cabeza.
Ø  Como señalamos AFRODES fue víctima de esta ola sistemática de asesinatos el 17 de julio de 2010 cuando Jair Murillo fue asesinado a tiros por desconocidos mientras caminaba por el barrio Lleras en Buenaventura. 
 
 
Ahora bien, nuestra visita a los EE.UU. tuvo como efecto que además de que la Comunidad Internacional se pusiera al tanto de estos lamentables hechos, que el Vicepresidente Angelino Garzón en llamada a Washington Office on Latin America -organización que nos concedió su premio 2010 de Derechos Humanos y que facilitó nuestra visita- se comprometiera (octubre de 2010) a dar una respuesta efectiva a esta crítica situación de inseguridad. No obstante, como veremos a continuación, las cosas no han sido así: desde nuestro regreso a Colombia, en noviembre de 2010 no hemos recibido ninguna respuesta institucional, y consecuentemente, ninguna medida de proyección, a pesar de que nuestras continuas denuncias demuestran que nuestra amenazante situación de inseguridad se ha venido profundizando.
Últimos hechos:
1.        Octubre de 2010. En medio de nuestra visita a EE.UU. llegan nuevas amenazas del grupo paramilitar las Águilas Negras contra 80 organizaciones humanitarias en su mayoría de desplazados, amenazas de “muerte y exterminio” que nos acusan de “guerrilleros”, dirigidas contra AFRODES, otras organizaciones afrocolombianas, ONG’s e instituciones nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos.
 
2.        Febrero 7 de 2011. El señor TOMAS MARTINEZ Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de AFRODES a las nueve de la noche cuando se diría a su vivienda en el barrio la Isla de Soacha se le acerca un individuo que le dice “guerrillero H.P. te voy a matar muy pronto porque eso es lo que merecen los terroristas”.
 
3.        Febrero 11 de 2011. A las 6 de la tarde el señor EUSEBIO MOSQUERA Tesorero de la Junta Nacional de AFRODES, salía de la oficina de AFRODES fue interceptado por una persona que venia haciéndole seguimiento desde el año pasado quien se le quedo mirando, Eusebio también le mira, pero el señor le pregunta de forma grosera “de que me mira” Eusebio le responde no lo estoy mirando, el otro responde ya los tenemos ubicados y en cualquier momento procederemos. Posteriormente alguien le informo a la Junta Directiva de AFRODES que este señor es reinsertado de las autodefensas unidas de Colombia (grupo paramilitar que negocio con el Gobierno de Álvaro Uribe).
 
4.        Febrero 13 de 2011. LUZ MARINA BECERRA Y GLADYS STELLA ROMAÑA, Presidenta y  Secretaria General respectivamente de la Junta Nacional de AFRODES salieron de sus respectivos apartamentos por la carrera séptima con calle 1 A sur se dirigían a la carrera 10 para despedir a una prima de Luz Marina y fueron seguidas hasta la carrera novena por dos individuos con porte militar. Cuando regresaban de carrera 10 nuevamente estos mismos señores estaban sentados enn los escalones que hay para subir a la carrera 7, Stella se asustó demasiado ya que ella nunca había sufrido una situación de esa y pensó que “esta es fin, afortunadamente en el momento subían otras personas y lograron pasar con ellos. Lo preocupante de todo es que posteriormente estas personas sospechosas entraron al conjunto residencial donde ellas viven sin que nadie se lo interrumpa; pero ya cada una de ellas había protegido en su respectivo apartamento.
 
5.        15 de febrero de 2011. Nuevas amenazas de “persecución y muerte” proferidas por las Águilas Negras y mencionan a casi las mismas organizaciones y plantean que se consideren muertos todos los incluidos en el panfleto anterior. Desde luego, también aparece AFRODES Colombia y algunas de sus organizaciones filiales.
 
6.        14 de marzo de 2011. Las Águilas Negras reiteran sus amenazas contra AFRODES, sus filiales y personas específicas de la organización, otras organizaciones y defensores de derechos humanos, señalando: “no descansaremos hasta verlos muertos” y que si creemos que “colocando las denuncias ante la fiscalía nos vamos a salvar”, sindicándonos de nuevo de “guerrilleros que se cubren el rostro con la fachada de ONG’s, Organizaciones de Desplazados (…) Defensores de Derechos Humanos”.
Estos ataques sistemáticos contra AFRODES, que hemos venido denunciando reiteradamente ante las respectivas autoridades, en especial la Fiscalía, sumados a la impunidad y desatención institucional a ellos asociada, en particular por parte del Ministerio del Interior y de Justicia en su calidad de responsable del deficiente y no diferencial programa de protección hasta ahora implementado[1], tienen en riesgo inminente a nuestra Organización[2]; especialemnte si se tiene en cuenta que AFRODES es un actor importante en el complejo proceso de garantía y reparación de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas adelantado en desarrollo de la Ley de Víctimas y Tierras (2011).
En consideración a todo lo anterior, y en reconocimiento del 2011 como el año internacional de las personas de ascendencia africana en el mundo[3], AFRODES resuelve:
 
1. Solicitar una respuesta inmediata de protección integral para AFRODES al Gobierno Nacional. Recomendamos a su vez al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos Calderón:
1.2    Realizar pronunciamiento público en el que de forma explícita y contundente se exprese el rechazo del Ejecutivo a las amenazas sistemáticas que los grupos paramilitares hacen contra las organizaciones afrocolombianas y demás defensores de derechos humanos.
1.3    Promover de forma acelerada y efectiva la investigación y la condena respectiva de los responsables de estas amenazas y demás violaciones a los derechos de los líderes/lideresas afrocolombianos y demás defensores de derechos humanos.
1.4    Adelantar un proceso decidido para corregir la política institucional de protección vigente, cuya ineficaz e ineficiente aplicación continúa generando situaciones que no tienen correspondencia con la situación de riesgo enfrentada, debido a la total ausencia de atención diferencial, y la reiterada exclusión y/o dilatación para proporcionar medidas de protección adecuadas a las organizaciones afrocolombianas amenazadas, sus lideres, lideresas y familias.
 
2         Solicitar a la Comunidad Internacional y Nacional que, con el propósito de hacer efectiva esta solicitud, respalde de forma decidida nuestra petición, previendo así nuevas violaciones contra la vida e integridad de nuestros líderes y lideresas; violaciones que para las comunidades afrocolombianas y  su proceso organizativo sin duda serían irreparables.
 
 
Atentamente,
 
 
 
Junta DirectivaAsociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES.
 

 

[1] De hecho el Programa de Protección hasta ahora implementado en lugar de atender las solicitudes de protección requeridas por AFRODES, en comunicado del 17 de marzo de 2011 firmado por Luz Stella Moncada Duarte del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, decide suspender nuestras escasas medidas de protección asignadas (teléfono móvil), señalando, en contravía con la protección constitucional especial y reforzada ordenada por la Corte Constitucional (Autos 005 de 2009 y 384 de 2010) para las comunidades afrocolombianas desplazadas y confinadas, y de los requerimiento específicos de atención para la protección de los líderes y lideresas de nuestra comunidad (Auto 200 de 2007), que nuestra situación es de “riesgo ordinario”, y que por tanto no podemos “solicitar medidas especiales de protección”.
[2] Esta situación han obligado a los miembros AFRODES Colombia y líderes/lideresas de AFRODES de las distintas regiones del país a tomar múltiples medidas de autoprotección, entre otras: (a) Modificar hora de llegada y salida de la oficina; (b) Andar siempre acompañados de alguien; (c) Cambiar de ruta constantemente; (d) Algunos han cambiado de Apartamento (nuevo desplazamiento; (e)  Otros duermen en sitios distintos todos los días; (f) Otros duermen esporádicamente donde amigos o familiares cercanos; (g) reducir la movilidad y participación por las amenazas (confinamiento).
[3] El 2011 ha sido declarado el Año Internacional de las Personas de Ascendencia Africana por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución A/c.3/64/L.44/Rev.1. 20 de noviembre de 2099); esta Resolución, de importante aplicación para el caso colombiano, hace un llamado a los Estados e instituciones a iniciar acciones que permitan mejorar los derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales de los afrodescendientes; además hace un llamado a las Agencias de las Naciones Unidas a que dentro de sus actividades, incluyan acciones que atiendan el año internacional de los Afrodescendientes.

Panfletos y violaciones sexuales a mujeres en Buenaventura estrategia de terror para el control y dominación de las comunidades en el territorio ancestral

En Buenaventura y el Pacífico colombiano no cesa el conflicto armado y la violencia socio-política, que se encuentra cimentada en el expansionismo portuario, en el marco del modelo de desarrollo neoliberal. Lo anterior se manifiesta en desapariciones forzadas, desplazamiento intraurbano, reclutamiento a menores, homicidios entre otras acciones destinadas a sembrar terror, zozobra y feminicidios.

Desde inicios del mes de marzo algunos barrios de Buenaventura se encuentran inundados por panfletos amenazantes firmados por el grupo paramilitar “Águilas Negras”. En estos panfletos, dirigidos a la población joven, se anuncia un “nuevo ciclo de limpieza y duro trabajo”, y se advierte: “debemos pedirles por el bien suyo no salgan de la casa porque los niños y niñas buenos se acuestan a las 11 pm y los niños malos los mandamos a dormir de esa hora en adelante no respondemos por vida alguna ya sea niño o niña o alguien inocente”. En el panfleto se menciona que las acciones se iniciarán, entre otros, en los barrios Nayita, El Dorado, Cascajal, Bolívar, Independencia, Las Américas, Bellavista, Viento Libre y Bajo Firme, en los últimos meses en estos lugares, reconocidos por ser zonas de las Águilas Negras, las desapariciones y homicidios han aumentado.

Pese a las resientes denuncias, el comandante de la Policía de Buenaventura, Héctor Triviño, y el Alcalde, José Félix Ocoró Minotta, irresponsablemente insisten en manifestar por diferentes medios la inexistencia de grupos paramilitares en la ciudad: “Podemos decir, como manifestaban las autoridades de Policía, aquí no hay Águilas Negras”[1].

Sin embrago, la estrategia paramilitar en el puerto de Buenaventura sobre el Pacífico se mantiene a pesar de su supuesta desmovilización y de que en la cárcel se encuentren algunas de las cabezas visibles del Bloque Libertador y del Bloque Calima, que operaron en la región con la actitud complaciente de algunos miembros de la Tercera Brigada y que hoy bajo la denominación de “Águilas Negras” continúan actuando en operaciones sistemáticas de persecución en contra de la población juvenil[2].

Para nadie es un secreto que Buenaventura se encuentra bajo el control y las acciones de grupos paramilitares tanto en la zona continental como en bajamar, sitio donde hay un interés expreso por la implementación de Macro-proyectos portuarios, turísticos, de infraestructura, etc. Prueba de ello, es que después de conocido el panfleto, el pasado 4 de marzo en el barrio Vista Hermosa de la comuna 12, hombres encapuchados, que se movilizaban en motocicletas, según hemos sido informados, golpearon a 3 jóvenes del barrio que se encontraban en sus calles. El mismo día fue montado a la fuerza en una camioneta un joven de 24 años de edad JHON EDWAR CORREA, y sólo fue hallado el jueves 10 de marzo del año en curso. El joven vivía en el barrio Alfonso López Michelsen de oficio constructor y otras veces motorraton fue encontrado fusilado en el barrio Vista Hermosa. Hechos similares han venido ocurriendo en los barrios Antonio Nariño y Caldas.

La modalidad del panfleto y las acciones de la estrategia paramilitar en Buenaventura no puede dejarse pasar por alto, pues en otras ciudades de la región como Popayán y Cartago se han presentado amenazas similares de paramilitares. Por ejemplo, el comunicado de las Autodefensas Unidas de Colombia “Comando Emergente Carlos Vásquez Castaño”, amenazando a campesinos del Cauca, y la Acción Urgente de las organizaciones sociales y sindicales del municipio de Cartago – Valle, por las amenazas de muerte a líderes y liderezas.

Las cifras de Medicina Legal, muestran que para el año 2006 hubo 592 asesinatos en Buenaventura, en el 2007 se presentaron 527 casos, en el 2008 el conflicto armado cobró 360 vidas y en el año 2009 los muertos por homicidios ascendieron a 321 casos, cifra dentro de la cual falta incluir once feminicidios. “Registros oficiales indican que entre los años 2003 y 2010 han asesinado a 1.922 personas, de las cuales 1.338 eran jóvenes entre los 15 y los 35 años, lo que representa un 67% del total de las víctimas del periodo indicado[3]”. En los últimos tres años 65 mujeres han sido asesinadas. De enero[4] a marzo de este año, 4 mujeres han sido desaparecidas y 6 asesinadas.

El pasado miércoles 02 de Marzo del año en curso, llegaron tres hombres a la casa de la lideresa ANA JULIA RENTERIA, presidenta de la Junta del Consejo Comunitarios del rio Cajambre, en la vereda Guayabal del rio Cajambre, a las siete de la noche y le dijeron que la invitaban a una reunión y que fuera con ellos, la cual se negó, ante la insistencia, ella respondió que iría en su propia lancha y se hizo acompañar de su esposo MIGUEL SANTOS RENTERIA CAICEDO, y hasta la fecha no han regresado[5].

El sábado 05 de marzo de este año fue encontrada LINA MARITZA DURÁN OLAVE, asesinada al parecer por ahogamiento, dentro de una zanja del barrio Caldas, según noticias de radio y familiares, su ropa estaba al lado del cuerpo y la menor mostraba señales de violación sexual. Lina tenía 15 años de edad y vivía en el barrio Nuevo Amanecer.

Dos días después, en la madrugada del martes 08 de marzo entre la 1 y las 2 de la mañana al interior de una tienda en la calle 7 de Agosto en el barrio Alfonso López Michelsen fue asesinada MÓNICA LIZETH DUQUE MARTÍNEZ, de 17 años. En el mismo hecho, fue violada y herida LINA MARCELA GIRALDO, de 18 años[6].

Simultaneo a los hechos señalados, en el rio Anchicaya en la altura de Humanes flota un cuerpo en estado de descomposición desde hace varios días, que al parecer es una persona que fue desaparecida de la vereda. Igualmente desde hace varios días se encuentra desaparecida la niña ANGI SULEY MOSQUERA RODRÍGUEZ, de 16 años de edad residente en el barrio lo Ángeles de la parte continental de la ciudad.

En los últimos años las mujeres en Buenaventura han sido afectadas por diferentes tipos de violencias, desde violencia intrafamiliar, hasta violencia patrimonial y económica en diversos escenarios de la ciudad. A pesar de que existen herramientas para que sean efectivos el cumplimento de los derechos civiles de las mujeres, tales como la Ley 1257 de 2008, estas como muchas otras quedan solo en el papel, pues cuando se acude a las instituciones para que se dé cumplimiento a lo que se les ordena, no cumplen con su objetivo. Es por esto que se dice que las mujeres de Buenaventura hoy no encuentran apoyo en las autoridades ni en los organismos que deben asistirlas en caso de ser maltratadas o abusadas por su condición de ser mujeres.

Por todo lo anterior, los jóvenes y mujeres de Buenaventura exigimos y demandamos:

 

A los 19 días del mes de marzo de 2011 firmamos:

 

 

Santa maría de timbiquí (cauca), un pueblo afrocolombiano que por la codicia minera de foráneos, históricamente han condenado al saqueo y la desgracia

Boletín, Campaña Renacer, marzo 2011

 

El Consejo Comunitario “Renacer Negro” de la comunidad negra del río Timbiquí, está ubicado en la parte alta del Municipio de Timbiquí, Departamento del Cauca;  es un territorio ancestral de 71.010 Has, titulado colectivamente mediante Resolución No 01120 del 16 de Mayo de 2001 por el INCORA.

El Municipio de Timbiquí ha sido sometido a vivir una historia muy particular; en 1900 se asentó  por títulos de la República la compañía  inglesa The New Timbiquí Gold Mines Ltda, compañía minera cuyas oficinas principales se encontraban en París, y a quien  el gobierno colombiano le tituló en ese entonces la margen derecha del rio Timbiquí, en su totalidad. En 1989 en  esa misma margen del Río y también con un permiso gubernamental,  se asentó hasta 1993,  una Compañía Rusa que además de los enormes  daños ambientales en el territorio, fincas de los nativos y sus casas, saqueo el oro  y empobreció a las familias que vivían de esta actividad, generando además un gran deterioro social  en todo el Municipio. La presencia de estas compañías y la responsabilidad sobre estos impactos, jamás ha sido asumida por el Estado Colombiano.

 

El periódico El País, en su edición del 29 de abril del 2010 que tituló Timbiquí podría ser epicentro de una masiva explotación minera, expresó ante la opinión pública nacional e internacional, la situación de riesgo que presentaban las comunidades de Timbiquí, por la amenaza de más 28 dueños de retroexcavadoras, podrían trasladar algunas de las 200 retroexcavadoras que al parecer hasta ese momento se encontraban aún asentadas en Zaragoza (valle), a este municipio caucano a saquear el oro y a destruir el patrimonio ambiental y ecológico del los pobladores del río Timbiquí y de otros ríos de la costa caucana.

 

El pasado mes de Mayo de 2010, el Municipio de Timbiquí, a través de los Consejos Comunitarios Renacer Negro y Negros Unidos en la Cuenca del Rio Timbiquí, Negros en Acción en la Cuenca del Rio Bubuey, Parte Alta Sur del Saija, Patía Norte San Bernardo y Bajo Saija en la Cuenca del Rio Saija, articulados en el Palenque Mayor el Castigo – Asociación de Consejos Comunitarios de este mismo Municipio, lanzó un S.O.S. por el ingreso al territorio de 2 retroexcavadoras en el rio Timbiquí, también alertaron a la comunidad Nacional e Internacional sobre la presencia de estas retroexcavadoras y la tendencia a invadir sus territorios para la explotación minera de manera ilegal. Denunciaron que lo que estaba ocurriendo en Suarez y Buenos Aires en el Norte de Cauca, lo ocurrido en Zaragoza en Buenaventura y lo que pudiera ocurrir en Timbiquí y la costa caucana, son una clara muestra que frente a la minería legal o ilegal y  frente a su responsabilidad de proteger los derechos ambientales, territoriales y culturales de nuestras comunidades,  el gobierno no aplica lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT, la ley 70 de 1993 y lo ordenado por la Corte Constitucional, entre otras de sus disposiciones en el auto 005 del 2009. No aplica, frente a la minería legal e ilegal, la protección de los derechos constitucionales de las comunidades negras/afrocolombianas, mientras nuestras comunidades son profundamente afectadas en su integridad cultural y sus vidas, todas las entidades estatales y gubernamentales parecieran ponerse de acuerdo para no operar.

 

En julio de 2010, en el marco de la Campaña Renacer: “Desde las entrañas protegiendo el territorio” impulsada por ASO MANOS NEGRA y la agenda común para la protección de los derechos del Territorio-región del Pacífico, y después de una gran caravana de lanchas por el río Timbiquí en un recorrido de más de cinco días, se lanzó una acción preventiva urgente por amenazas de muerte a representantes comunitarios en territorios ancestrales de la región del Pacífico Caucano, así como se solicitó de manera enérgica, entre otras peticiones: i) Que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Europea, y demás instancias internacionales de protección de derechos humanos se mantengan alertas a los acontecimientos que pudieran suscitarse con la Campaña RENACER, y, ii) a la Comunidad Internacional que manifieste su apoyo a los procesos sociales que vienen desarrollando las Comunidades Afrocolombianas dirigidos a salvaguardar sus derechos fundamentales reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales que han sido suscritos y ratificados por Colombia, y para que exija al Estado Colombiano la garantía en la seguridad y el respeto a la integridad personal y la vida de las personas que hicieron parte de la Campaña y a los representantes de los Consejos Comunitarios que se encuentran en peligro.

 

Recientemente, cuando el mundo entero estaba concentrado en lo que ocurría en Japón como consecuencia del terremoto y tsunami, las autoridades de Timbiquí se informaban que el día 10 de marzo de 2011, se habían presentado graves hechos en la comunidad de Santa María ubicada en la parte alta de Timbiquí, Consejo Comunitario “Renacer Negro”. Vale la pena resaltar, que la comunidad de Santa María, en este momento es el epicentro de más de 28 retroexcavadoras (algunos manifiestan de hay el doble) provenientes de Zaragoza y que como se había advertido, este territorio colectivo hoy es víctima de la codicia minera que ha traído consigo la gran presencia e incidencia de un grupo armado que según el ejército nacional, pertenece a ” los rastrojos”.

Según versión oficial del Ejército Nacional- Base militar de Guapi, dada a conocer por los medios de comunicación nacionales, el 10 de marzo la comunidad de Santa María enlutó tres familias y un pueblo entero, cuando al parecer, por acción de un irresponsable miembro de quienes se identifican como “los rastrojos”, simultáneamente al momento que pedía agua en una humilde vivienda, manipulaba un arma de largo alcance frente a unos menores y por esta acción impactó de frente a una niña de apenas 13 años de nombre INGRID ANGULO  CUERO quien en pocas horas falleció, así como a dos niños más, JAIRO JAVIER ZUÑIGA AMU de 12 años  e IDER ANGULO OCORO de 10 años, los cuales resultaron heridos de gravedad y aún se debaten entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad de Cali.

Hay silencio, intimidación, miedo, complicidad por ocultar varios hechos, pero esta vez, se hizo público debido a que debieron bajar los heridos para recibir atención médica en el hospital de la cabecera; pero de los muertos -como se entierran y desaparecen allá en las minas- nadie da razones.

 

Algunos periodistas y académicos han advertido también, que detrás de esta actividad minera hay grandes intereses y poderes económicos, políticos y militares, y que ello, agudiza el riesgo para la población nativa y dueña de los territorios ancestrales de nuestra querida región del Pacífico, a quienes no se les escucha y se les está violando todo derecho. Hoy, el peligro es inminente, el crecimiento de esta actividad en la región, avanza a pasos agigantados; en estos momentos es de conocimiento público que sólo en la costa caucana existen 28 o el doble de retroexcavadoras en Santa María (Timbiquí), dos en el río Saija (Timbiquí), tres más que están llegando a San Bernardo (Timbiquí), cinco con presencia en López de Micay, dos en el río Guajuí (Guapi) y las que están en camino para instalarse en el río Napi (Guapi).

 

Insistimos en la imperiosa necesidad de hacer valer los Derechos individuales y colectivos de esta población Timbiquireña, hoy, cada vez más vulnerable frente a los intereses y maquinaria de la codicia minera que históricamente ha cobrado cientos de víctimas y que sigue campeando y violentando los nativos en sus propios territorios.

 

Exigimos que se cumpla el derecho a la Consulta Previa fundamentado en la Constitución Política a favor de los grupos étnicos, que además ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en sus sentencia T-769 de 2009 y en la que se ordena que debe hacerse antes de la exploración preliminar de la viabilidad económica de un yacimiento de minerales; que se cumpla la Ley 70 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, los mandatos de la Honorable Corte Constitucional respecto de la Sentencia T- 025 de 2004 y el Auto 005 de 2009, relativos a la protección de la integridad cultural de las comunidades afrodescendientes, y de manera especial, el derecho a la vida y a permanecer en nuestros territorios ancestrales.

 

Convocamos a todos los organismos nacionales e Internacionales de DDHH, a que realicen seguimiento permanente de los hechos ocurridos y las gestiones necesarias para la protección y defensa de las comunidades y procesos comunitarios afectados por la minería ilegal en Colombia.

 

 

Territorio-región del Pacífico, marzo 2011.