INFORME MISIÓN HUMANITARIA AL RÍO SAN JUAN

LA MISIÓN HUMANITARIA AL RÍO SAN JUAN VERIFICÓ VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS, DESPLAZAMIENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE MONTEBRAVO, CONFINAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, MILITARIZACIÓN DE LA VIDA Y EL TERRITORIO DE LA COMUNIDADES NEGRAS E INDÍGENAS DEL LITORAL MEDIO DEL SAN JUAN 23 – 25 de junio del 2021

La Misión Humanitaria realizada los días 23 a 25 de junio del 2021, en territorios del litoral del río San Juan1 , pudo verificar el desplazamiento interno de las familias de la vereda Montebravo. corregimiento de Panamacito, municipio de Istmina en el departamento del Chocó. Se evidenció el confinamiento al que han sido sometidos quienes viven en la región, así como la militarización de estos territorios colectivos, en especial en Panamacito, Noanamá, Perru y Cocobe, a causa de la presencia y enfrentamientos constantes entre el ejército nacional y el ELN, además de la presencia de grupos paramilitares que toman diferentes nombres y generan terror entre pobladores. La Misión Humanitaria estuvo integrada por delegados de la Pastoral Afrocolombiana – Coordinación Regional del Pacífico, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, La Asociación Nómadesc, la Universidad Intercultural de los Pueblos, Asokinchas-CNA y el concejal Manuel de Jesús Manyoma Valencia. La misión pudo verificar, durante los tres días en las que hizo su recorrido, la violación de normas internas y de protocolos internacionales que garantizan los derechos étnicos territoriales de esta zona del litoral del río San Juan, habitado esencialmente por comunidades indígenas y negras; además se evidenciaron las condiciones de vulnerabilidad a causa del escalonamiento del conflicto armado por la presencia y las confrontaciones de grupos armados legales e ilegales que ponen en riesgo la vida, el territorio y la cultura de los pueblos étnicos que habitan esta zona del país.

La Misión Humanitaria estuvo integrada por delegados de la Pastoral Afrocolombiana – Coordinación Regional del Pacífico, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, La Asociación Nómadesc, la Universidad Intercultural de los Pueblos, Asokinchas-CNA y el concejal Manuel de Jesús Manyoma Valencia. La misión pudo verificar, durante los tres días en las que hizo su recorrido, la violación de normas internas y de protocolos internacionales que garantizan los derechos étnicos territoriales de esta zona del litoral del río San Juan, habitado esencialmente por comunidades indígenas y negras; además se evidenciaron las condiciones de vulnerabilidad a causa del escalonamiento del conflicto armado por la presencia y las confrontaciones de grupos armados legales e ilegales que ponen en riesgo la vida, el territorio y la cultura de los pueblos étnicos que habitan esta zona del país.

En este sentido se logró esclarecer que:

Tras los hechos ocurridos el 21 de junio del 2021 a eso de las 4:30 p.m. en la vereda Montebravo, corregimiento de Panamacito, en que las Fuerzas Armadas de Colombia incursionaron disparando contra las personas que allí se encontraban o pasaban por el caserío, irrumpieron con violencia en las viviendas de las familias robando pertenencias, documentos de identificación y dinero, las familias de dicha vereda se encuentran desplazadas forzadamente en veredas cercanas a Montebravo, donde han buscado refugio, abandonando el caserío por miedo a ser objeto de un nuevo ataque como el ya vivido; situación que ha impedido a las familias continuar con sus prácticas cotidianas de siembras, minería y pesca tradicionales, fundamentales para su pervivencia en los territorios.

El día 23 de junio, la misión pudo presenciar el sobrevuelo de 4 helicópteros del Ejército Nacional en labores de aterrizajes y vuelo en el sector aledaño a la vereda de Montebravo, mientras que las familias de dicha comunidad recogían enseres para llevarse a las veredas cercanas donde se encuentran refugiados actualmente. De igual forma, se pudieron constatar impactos de fusil en viviendas de las familias, arboles, al igual que muchos enseres dañados tirados en el piso, como efecto de la irrupción violenta de las fuerzas estatales a las viviendas.

El día 24 de junio, hizo presencia la personería del municipio de Istmina. Los pobladores, en presencia de delegados de los consejos comunitarios locales adscritos a ACADESAN, testificaron la situación del hurto y daño de pertenencias, documentos de identidad y dinero que se encontraban en las viviendas, algunos que posteriormente fueron devueltos por el ejército, y otros que aún no han sido devueltos a sus respectivos dueños, quienes de manera verbal pidieron fueran devuelto los faltantes, pues tienen temor de ser víctimas de montajes judiciales, pues dicen conocer casos similares.

El día 25 de junio, hizo presencia la Defensoría del Pueblo (Defensor Comunitario) junto a funcionarios de la alcaldía de Istmina, representante de la Unidad de Victimas del municipio de Istmina, contratista de la ACNUR, además de integrantes de la junta directiva de ACADESAN y representantes de los consejos comunitarios locales, a quienes se expuso la situación de las familias, los hechos del 21 de junio y la situación del robo de pertenencias por parte del ejército nacional.

La misión también pudo verificar, tras testimonios de pobladores de varias veredas y corregimientos visitados, que existe una situación de sistematicidad de hechos similares a los presentados el día 21 de junio, que se han escalonado desde que se instaló la Base Militar No. 26 en el corregimiento de Noanamá en el año 2018, sin que existiera una consulta previa, libre e informada en este territorio colectivo de comunidades negras. Las comunidades viven en la práctica una situación de confinamiento que impide el libre desplazamiento por caminos veredales, la práctica de la cacería es una de las labores a las que los pobladores debieron renunciar, el tener que identificarse de manera permanente cada que las fuerzas armadas así lo solicitan coartando su libertad de movilidad y estancia en su territorio; el no poder participar en fiestas veredales patronales propias de cada comunidad, son, entre otras, situaciones devenidas del escalonamiento 3 y degradación del conflicto armado que persiste en la zona y una violación a los derechos culturales de los pueblos étnicos.

Además del histórico abandono estatal, sumado a la estigmatización general de la población al ser señalados por la fuerza pública como aliados de grupos ilegales, también se suma el racismo estructural de la fuerza pública que utiliza un discurso discriminatorio, deslegitimando el accionar comunitario y el derecho de las comunidades étnicas, pretendiendo generar división en las exigencias y demandas de las comunidades para el retorno.

ACUERDOS

A. Las entidades presentes en el territorio: Alcaldía Municipal de Istmina, Unidad de víctimas y Acnur, se encargan de atender la situación humanitaria de las familias que se encuentran en calidad de desplazamiento forzado interno. A las entidades les fue entregado el número de familias víctimas de este hecho violatorio a los DDHH.

B. Las organizaciones que hacen parte de esta Misión Humanitaria presentaremos este informe a organismos multilaterales de derechos humanos ONU DDHH, OIT, MAP-OEA, UNICEF y FAO, al igual que a entidades nacionales encargadas de hacer seguimiento en la toma de medidas y acciones para la protección de comunidades, pueblos, organizaciones y territorios amenazados con el fin de que se preserve la vida y la pervivencia física y cultural de la población étnica del litoral del río San Juan.

C. La personería de Istmina expondrá la situación presentada en Montebravo en el espacio del Comité de Justicia Transicional a desarrollarse en dicho municipio el próximo 30 de junio. De esta reunión se espera tener la claridad expresa que la comunidad hizo sobre quién ordenó, dirigió y ejecutó la acción militar del pasado 21 de junio en la tarde, antes referida, pues el comandante con el cargo de coronel al mando del batallón 26, presente en este territorio, respondió no tener conocimiento de ello, pues solo indicó que esta “fue dirigida por el ejército nacional”. Además, se reitera la exigencia de la devolución de los documentos personales y pertenencias de las personas que no han sido devueltos.

D. Las organizaciones presentes en la Misión Humanitaria, al igual que las entidades oficiales arriba referidas, se comprometieron, que, a más tardar en el mes de septiembre, se hará una convocatoria a todas entidades presentes en esta Misión para dar seguimiento y monitoreo a lo aquí acordado en la lógica de respuestas y acciones preventivas a desarrollar para mitigar estas situaciones aquí denunciadas.

SOLICITUDES:

  1. La Misión solicita a los organismos multilaterales de Naciones Unidas, OEA y CICR, en el marco de sus mandatos, dar seguimiento y alcance de manera oportuna y pertinente a la situación de violación sistemática de los derechos humanos y DIH sucedida en la zona, 4 con el fin de garantizar el goce de los derechos fundamentales de los pueblos étnicos que habitan el litoral del río San Juan.
  2. La Misión solicita a las entidades nacionales y departamentales y locales, Ministerio del interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Chocó, emprender acciones para prevenir y garantizar la vida, la permanencia y los derechos étnicos territoriales de las comunidades étnicas del río San Juan y dar seguimiento al cumplimiento de las diferentes normativas vigentes para la protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas; Autos 005 – 004 / del 2009, en el que la Corte Constitucional ordena adoptar medidas para la protección y prevención del desplazamiento forzado de las comunidades étnicas del país.
  3. La misión solicita a todos los grupos armados (legales e ilegales) respetar a la población civil y no inmiscuirlos en las lógicas armadas, desmilitarizar los territorios colectivos, así como respetar los derechos de los pueblos étnicos.

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1 El Río San Juan es uno de los más importante de la región Pacífico colombiano cuyas riberas se encuentran pobladas por comunidades negras e indígenas del Pueblo Wounaan mayoritariamente; cuyo sustento lo obtienes de cultivos comunitarios de yuca, maíz, caña de azúcar, papa china, arroz, y plátano. La autoridad tradicional está encabezada por el consejo comunitario general ACADESAN y 8 consejos comunitarios locales que coordinan labores y ejercicios políticos organizativos de este importante territorio colectivo. En el año 2013 se vivió un desplazamiento forzado generadas por las fumigaciones indiscriminadas al territorio con el fin de erradicar cultivos de uso ilícito. Estas aspersiones se realizaron de manera indiscriminada en todo el territorio acabando con los cultivos de pan coger, las mismas que se continuaron haciendo de manera sectorizada posteriormente, situación que llevó a los pobladores abandonar las prácticas propias de las siembras rotativas de pan coger, lo que ha generado pérdida de la soberanía alimentaria, con el subsecuente y permanente desplazamiento forzado interno en búsqueda del sustento de las comunidades.