Denuncia pública de las comunidades ribereñas del municipio de Itsmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan.

Antecedentes

  1. En los municipios de Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan en el departamento del Chocó, el Ejercito Nacional de Colombia viene usando brazaletes rojos acorde a grupos ilegales y se presenta ante las comunidades como grupos disidentes de las FARC-EP, o personas pertenecientes al ELN o las AGC. Esto ha aterrorizado a la comunidad y ha generado confusión respecto a la situación de orden público en el territorio colectivo.
  2. Las Fuerzas Armadas Colombianas vienen acampando al interior de las comunidades, afectando su cotidianidad y actividad productiva, violando la autonomía y autodeterminación de las comunidades respaldada en la ley 70 de 1993 y la ley 89 de 1890. El ejercito colombiano no ha acatado las disposiciones mínimas de los Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas, haciendo incursiones armadas que se ejecutan muy cerca a las comunidades, disparando contra la población civil y reteniendo documentos personales.
  3. La fuerza pública argumenta presencia de grupos al margen de la ley en el territorio como excusa para la agresión. La comunidad manifiesta que desconoce si hay o no cerca de su territorio grupos al margen de la ley. Esto a conllevado a que se presenten empadronamientos continuos que afecta a la población civil, haciendo requisas indiscriminadas, fotografías sin justificación o explicación, amedrentando a la población para que informe sobre los lugares de transito de los grupos ilegales y quien se niegue, es estigmatizado como guerrillero.
  4. Desde el 2018 se ha venido militarizando sobre manera el territorio colectivo de las comunidades que habitan el rio Bicordó en el corregimiento de Noanamá, municipio de Medio San Juan. Esto desembocó en la construcción de una base militar en la comunidad de Noanamá sin consulta previa lo que ha generado inseguridad y perdida de la autonomía, posibilitando una serie de incursiones violentas a las comunidades y la estigmatización general de los pobladores como aliados de grupos ilegales.

Hechos

  1. El día 21 de junio de 2021 siendo las 4:32 PM, se presentó en el municipio de Itsmina, corregimiento Panamacito, vereda de Monte Bravo hostigamientos en contra de la población civil que se encontraba en su dinámica cotidiana. Estos fueron sorprendidos por ráfagas de fusil y explosiones.
  2. Siendo las 4:44 se presentaron sobrevuelos de helicópteros y aviones de la fuerza pública sobre las casas de la comunidad.
  3. Al tiempo el ejercito irrumpe en la comunidad sin orden judicial y empieza a requisar, dañar y enajenar bienes privados de la población, como: Retención del documento Nro. 1076334635 de Juan José Bermudez Caicedo quién se encontraba trabajando en la finca de su padre y el documento Nro. 1076350253 de Gerson Fredy Vivero Minota trabajador de la zona. El ejercito dice que reportó su retención, no obstante, este

procedimiento se realizó de manera ilegal dado que el ejercito allanó las viviendas

sin orden judicial y/o autorización de las personas afectadas.

  1. En respuesta a la incursión armada del ejército, las comunidades de: Noanamá,

Fugiadó, Perrú, Trapiche, Puerto Olave, Potedó, Cocobé, Aguapanela, Panamacito, Cucurrupí, Copamá, Corriente de Palo, Guachal, Puerto Murillo entre otras, con el acompañamiento de la Defensa Civil Comunitaria, las Guardias Interétnicas de los pueblos negros e indígenas, han acudido a la comunidad víctima para exigir que la fuerza pública abandone este territorio para que sus habitantes regresen a sus hogares.

  1. Al día 22 de junio siendo la 1 PM, el ejercito todavía se mantiene dentro de la comunidad y ha militarizado todos sus alrededores impidiendo el libre transito y que los pobladores de la misma retornen a su territorio.
  2. Hacia las 2 PM del día 22 de junio se mantiene los sobrevuelos intensos alrededor de todas las comunidades cercanas al epicentro de militarización.
  3. Durante la exigencia de la comunidad los integrantes de la fuerza pública han utilizado un discurso racista, ilegitimando el accionar comunitario y el derecho de las comunidades étnicas, revictimizando a los pobladores de la comunidad y pretendiendo generar división en las exigencias de las comunidades para el retorno.

Estos hechos constituyen una violación tácita a la norma 3 del DIH y a los DDHH al poner en riesgo a la población no combatiente.

Se hace el llamado publico a las instituciones del Estado: Ministerio del Interior, Personería General, Fiscalía General de la Nación, Organismos de DDHH y a la comunidad Internacional para la verificación, investigación y protección de la población civil.

Con preocupación Comunidades, Líderes y Organizaciones Sociales de los territorios colectivos del rio San Juan.