Abstrac:
El presente trabajo intenta realizar una reflexión de los impactos de la pandemia causada por la COVID-19 en los territorios de las comunidades étnicas en la región caribe, especialmente en las poblaciones Negras, Afrodescendientes, Raizal y Palenqueras (NARP). Este ejercicio estará basado en un proceso de sistematización participativa de experiencias en el marco del proyecto se monitoreo del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano 2020. El utillaje metodológico estará orientado a la inclusión de las voces de las comunidades en un contexto amplio de medidas de confinamiento y restricción, toda vez que estas voces han sido negadas en otros momentos históricos. En ese sentido el análisis versa más allá de los datos sobre los niveles de contagio, cifras de fallecimiento de nuestras comunidades étnicas, entre otros y se centra en la interpretación de las narrativas territoriales que dan cuenta de otras dimensiones de la pandemia en las regiones del Pacifico y Caribe, así como el ejercicio de respuestas propias de las poblaciones.
Palabras claves: Pandemia, conflicto, territorios, regiones.
Introducción.
En el mes de diciembre del año 2019, en la ciudad Wuhan (Hubei, China) se advirtió sobre la presencia de un brote epidémico de una enfermedad respiratoria peligrosa, denominada (SARS, del inglés severe acute respiratory síndrome), ágilmente se logró develar el agente que lo causaba: un nuevo coronavirus, originalmente llamado nCoV-19. A inicio del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la alerta sanitaria a nivel mundial. la enfermedad producida por Coronavirus 2019 (COVID-19, siglas en inglés), y al nuevo beta-coronavirus como virus del SARS tipo 2 (SARSCoV-2), debido a su similitud clínica, epidemiológica y microbiológica con el anterior coronavirus. (Villegas-Chiroque, M. 2020).
La bioeconomía y el capitalismo cognitivo hacen parte del nuevo paradigma de acumulación global (Fumagalli, A.2010). La atmosfera de disputa de interés imperante recae en los territorios tradicionalmente endémicos, es una especie de nueva colonialidad. Los actuales escenarios de pandemia global pusieron al descubierto la acumulación histórica de relaciones desiguales, pero también situaron en escena los ejercicios concretos del biopoder, que se profundizan con una estrategia de biopolítica ligada a la guerra; de tal forma que esta cumple una función de comunicar mediante una serie de acciones de terror un control absoluto del cuerpo y de la mente, aun en ausencia del actor armado (Maldonado, C. E. 2003)). El investigador Hernández, R. (2015) en su estudio reflexiona respecto a los graves riesgos de los derechos patrimoniales de los saberes ancestrales sobre los impactos directos y de larga duración de los tratados de libre comercio entre Colombia y EEUU en las colectividades étnicas del país. Los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros (NARP), que componen el cuerpo del saber ancestral en la región del Pacífico y Caribe colombiano. En medio de la crisis actual requieren sin duda de un teatro de reconocimiento a sus saberes ancestrales, a sus luchas por la defensa del territorio, y de una opción propia de desarrollo desligada a la depredación del capitalismo. En ese sentido se trata de un ejercicio pleno de preservación, divulgación y protagonismo de los líderes y lideresas que han dado a través de los años respuestas propias a los males que han afectado a la comunidad por medio de los saberes legados y de los procesos de resistencia.
Las fases de cuarentena obligatoria, de aislamiento selectivo decretada por el gobierno central, en muy poco ha cambiado el curso de las acciones negativas en los pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP) en todo el país. Las comunidades aún siguen en el infortunio, las deudas históricas del Estado se mantienen más que vigentes, la pandemia causada por el virus del COVID-19, profundizó las angustias estructurales vivenciadas a través de los años. Las disputas territoriales de los actores armados, es lo continuo, la muerte, amenaza, y las diásporas obligadas por el ruido de las armas, siguen silenciando a líderes, lideresas. La masacre a jóvenes, en las distintas regiones lastimosamente prevalece. Todas estas situaciones deben lidiarse en medio esta crisis sanitaria. La falta de abastecimiento, los problemas graves de movilidad, el acceso pleno a un sistema integral de salud, las condiciones poco propicias de acceso a internet que agrava la vulnerabilidad social, tan indispensables en procesos educativos, y a todo esto se suman las manifestaciones concretas de racismo.
Propuesta metodológica
En este proyecto de monitoreo sobre los impactos de la pandemia, se realizó una sistematización participativa de experiencia, en el proceso se dio la de inclusión de las narrativas territoriales de los pueblos Negros, del cual se está dando cuenta en este ejercicio de sistematización participativa de experiencias, con el fin de adquirir enseñanzas que permitan perfeccionar la práctica y recopilar las experiencias vividas para que de esa manera estuvieran sujetas a la interpretación crítica, al ordenamiento y al análisis. Estos elementos son uno de los intereses fundamentales de la sistematización participativa de experiencias, pues son un punto clave del sistema de planificación, seguimiento y evaluación. Es así, que, sin duda, facilitan corregir los errores y tomar decisiones en la ejecución de los proyectos de impacto social, y en este caso de monitoreo activo sobre las comunidades. De tal forma que se definió, un equipo interdisciplinar ligado a las dos regiones (Pacifico y Caribe) el cual diseñó un instrumento virtual, es decir una ficha técnica con categorías de análisis, referentes a: marco legal o decretos emitidos en la pandemia, dinámicas del conflicto armado, abastecimiento de alimentos, movilidad, educación, respuestas propias, entre otras. Estas categorías facilitaron integrar la información emanadas de los diversos territorios, y posteriormente su devolución a las comunidades.
Estas características antes descritas permiten ir más allá de la simple búsqueda de resultados: rescatar los aprendizajes de las experiencias prácticas que se realizan en el campo de la acción cotidiana de comunidades que por medio de sus saberes buscan afianzar su identidad y su resistencia. (Jara Holliday, O. 2014, p 32). De tal suerte, esto constituye un proceso de reconocimiento territorial que no se concibe como una metodología pasiva, ni muchos menos como un mero trabajo descriptivo y de acervo de datificación, sino que al contrario, es un proceso activo, participativo de los grupos, movimientos sociales y líderes que construyen aprendizajes significativos que tienen como propósito en común adelantar estrategias efectivas de transformación social, que potencian las múltiples posibilidades y capacidades que existen en un determinado territorio, que deben ser reconocidas y promovidas en medio de estas circunstancias de pandemia global.
Siendo la experiencia un proceso intencionado -que toma de la fuente de las investigaciones cualitativas- no tiene un concepto teórico y metodológico unificado. (Flick 2004). El objeto de estudio puede ser abordado de diversas maneras en términos: metodológicos, interdisciplinarios, teóricos, de investigadores y, por supuesto, de datos. (Álvarez-Gayou, 2004) Esa variedad de utillajes, facilitan una compresión holística de todo el proceso.
MARCO LEGAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA.
El 25 de marzo de 2020 se promulgan los lineamientos para la prevención, detección, y manejo de casos de coronavirus (COVID-19) para la población étnica en Colombia, que tiene como proceso estratégico la transversalización del enfoque diferencial y como objetivo general: “Dar orientaciones a los grupos étnicos y a los actores del SGSS (Direcciones Territoriales de Salud, prestadores y aseguradores) para la prevención, contención y mitigación del eventual contagio por Coronavirus (COVID-19).”
Una debilidad manifiesta en estos lineamientos, radica en el punto 3, sobre los aspectos generales de los grupos étnicos, en este apartado, se define de manera conceptual y se estima el número poblacional de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), datos basados en el DANE 2018, las cuales reducen la población Negra o Afrocolombiana ha; 2.950.072., Raizal; 25.515 y Palenquera; 6.637. Cifras de exterminio, que continúan silenciando, el ejercicio pleno de reconocimiento identitario, y que sin duda ha tenido consecuencias nefastas en la aplicación de políticas públicas y de recursos en los territorios. Esa disminución ilógica de cerca del 30,8% en comparación con el censo del 2005, que en ese momento el autoreconocimiento se estimaba en 4, 3 millones. En un periodo de 13 años tuvo semejante disminución. (La República, 7 de noviembre, 2019)
El documento muestra otra serie de dificultades por el alcance del mismo en las comunidades por el ejemplo lo siguiente: “Priorizar a los profesionales de salud étnicos (indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros -NARP y Rrom) en la provisión de capacitación de recursos humanos para la investigación de casos sospechosos de coronavirus (COVID-19)”. Esta supuesta priorización de profesionales tiene poco o nada efecto. En los territorios más apartados, difícilmente se tiene atención básica integral, y en este contexto de pandemia, los miembros de la comunidad a partir de sus respuestas propias han dado solución inmediata a urgencias presentadas. Algo en apariencias tan sencillo como el lavado de mano, se dificulta por escasez de agua potable y de enseres.
Según el Boletín N° 25 del Instituto Nacional de Salud (INS), existen cerca 41,276 casos en la población afrocolombiana, 1,455 personas fallecidas, 39,237 recuperados, a corte de 16 de noviembre de 2020. Estas cifras en apariencia amable, ocultan la realidad del proceso, entre esas que la ficha epidemiológica de registro de casos muchas veces no se diligencia la parte de pertenencia étnica, bien sea porque el funcionario no crea importante hacerlo, o porque no exista una conciencia clara de lo indispensable del reconocimiento al otro. Vimos con preocupación, que en los Boletines del 13 al 15 emitidos por el (INS) hubo una alteración en las cifras ya que se notó una disminución de casi el 50% de casos reportados, en ciudad de Barranquilla, Cartagena, y sus respectivos departamentos, Atlántico y Bolívar. Ese silencio en los datos nos genera la misma inquietud que el censo poblacional para nuestras comunidades.
Los esfuerzos propios del Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN; en articulación con otras organizaciones de base y Consejos Comunitarios, desde el comienzo de la pandemia se dio a la tarea de establecer diferentes mecanismos que permitieran hacer un monitoreo específico de las repercusiones que la COVID-19 estaba causado en la Región Pacífico y Caribe, sobre todo que pudiera incluir las diversas voces territoriales.
El ministerio del interior en el mes de marzo, expide una circular que autorizaba la realización virtual de consultas previas en todo el territorio nacional, luego bajo manifestaciones de protesta de las organizaciones étnicas, deroga este procedimiento, pero deja abierta la posibilidad de continuar con las consultas si las comunidades en el territorio tenían los accesos virtuales disponibles, o se podrían recientemente siguiendo unos lineamientos de bioseguridad. Una vez más demostrando el favorecimiento de los usurpadores del poder, y mostrando las estrategias de aprovechamiento circunstancial a causa de la pandemia, toda vez que las poblaciones se encuentran más vulnerables.
DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA REGIONES.
En territorio del Consejo Comunitario ACAPA, Municipio de Francisco Pizarro, en el departamento de Nariño, están haciendo presencia actores armados, las comunidades manifiestan preocupación, ya que se pueden dar enfrentamientos con otro grupo armado ilegal o fuerzas armadas del estado, como en el pasado y desencadenar en nuevos desplazamientos.
Otra situación en la zona del Telembí es la llegada de retroexcavadoras para la extracción del oro sin los permisos de explotación legal, esta situación ha desencadenado una serie de bombardeos del ejército a estos mineros, generando temor e incertidumbre en la población civil. (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Costa Caucana y Buenaventura – Pacífico Medio.
En los municipios de la Costa Caucana (López de Micay, Guapi y Timbiquí) y el Distrito de Buenaventura se ha profundizado las amenazas, los enfrentamientos, los desplazamientos forzados en el marco de la pandemia generada por el COVID 19. Los efectos se han sentido a nivel de salud y seguridad alimentaria.
En la región del Pacífico se ha presentado un incremento en materia de homicidios y otras violaciones a los DDHH tanto en la zona urbana como rural. Ciudades como Quibdó, Tumaco y Buenaventura. El asesinato y amenazas de líderes y lideresas se ha profundizado, lo cual agrava la situación humanitaria que vive la región. Un hecho reiterado en estos tres municipios y el Distrito de Buenaventura es el interés de los actores armados en la región de fortalecer su presencia y control aprovechando las situaciones y condiciones generadas por la pandemia del COVID 19. Lo anterior coloca en mayor riesgo la permanencia de las comunidades en los territorios bajo condiciones dignas.
Mitigación de riesgos (sabiduría ancestral-Salud Pública) (Control territorial Autonomía)
Las acciones dirigidas a mitigar el riesgo de contagio y muerte por COVID 19 están concentrada en aquellas impulsadas por el Estado nacional y local, y las desarrolladas por las mismas comunidades.
Con respecto a medidas tomadas por el Gobierno nacional, regional y municipal para prevenir, atender y gestionar los efectos del COVID 19 en la región, estás se han concentrado en medida de aislamiento obligatorio que en los últimos meses se han flexibilizado por la necesidad de reactivación económica priorizada por el Estado. Con respecto a las medidas dirigidas aumentar la capacidad y condiciones para atención de la Red pública y privada de salud en el litoral Pacífico, fortalecimiento de la medicina tradicional como apuesta principal para la prevención y atención de enfermos por COVID 19, impulso a la autonomía alimentaria y el abastecimiento de alimentos para los territorios que se nutren de Buenaventura y Tumaco, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control territorial por parte de las comunidades y sus organizaciones.
Medidas de mitigación del riesgo desde el gobierno en el litoral Pacífico.
En términos de capacidades de los Departamentos y Municipios del litoral Pacífico para atender los contagios de enfermos por COVID 19, se cuenta con la siguiente condiciones en términos de Camas UCI: Nariño 111 camas asignadas para enfermos COIVD. El departamento del Chocó cuenta con el Hospital San Francisco de Asís como único hospital de Segundo nivel. Este cuenta con 36 camas UCI instaladas. El Distrito de Buenaventura actualmente cuenta con25 camas UCI, todas ubicadas en la red pública de salud.
Por el lado comunitario, se ha recorrido especialmente a la medicina tradicional como estrategia de prevención y atención a enfermos por COVID 19. Está ha sido la principal forma de atención de la enfermedad a lo largo del Pacífico , particularmente en la zona rural, donde no se cuenta con estructura física adecuada para la atención médica, falta de personal, falta de elementos de bioseguridad para el personal médico y equipos requeridos.
Estudio de expedición de decretos y afectaciones a las comunidades negras. (en el marco del COVID).
El gobierno nacional y otras entidades del Estado de orden nacional, regional y local en el marco de la emergencia generada por el COVID 19 ha emitido una diversidad de normas (decretos, resoluciones, directivas) relacionadas con asuntos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales y seguridad.
Abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad.
La población del pacífico colombiano depende en gran medida de la producción agrícola, pecuaria y pesquera para suplir sus necesidades básicas en materia de seguridad alimentaria. En este sentido, la perdida de cultivos a causa de cambios culturales, presencia de actores armados, economía ilegales y poco control de las comunidades de sus territorios y economía ha llevado a un aumento considerable del hambre y vulnerabilidad a sufrir enfermedades por mal nutrición en los territorios del litoral Pacífico. Esta situación se ha visto exacerbada por la pandemia del COVID 19 ha aumentado las restricciones de movilidad y laborales para la mayoría de las personas del litoral, particularmente en la zona urbana.
Los distrito de Buenaventura y Tumaco, por su condiciones de puertos marítimos de cabotaje e internacional han sido los principales puntos desde donde se abastece al resto del litoral con productos alimentario y otros de primera necesidad combustible, materiales y medicamentos al resto del litoral. En el marco de la pandemia se ha restringido la movilidad de las embarcaciones desde los municipios y comunidades rivereñas hacia Buenaventura y Tumaco, lo que ha aumentado ha profundizado la crisis en materia alimentaria que vive la región. A pesar del restablecimiento de facilidades para la movilización en los últimos meses, aún no se ha recuperado el nivel de movilidad que se tenía antes de la pandemia.
Aún en las principales ciudades se presentan graves situaciones de hambre en la zona urbana de Buenaventura, Tumaco y Quibdó por la falta de empleo e ingresos para adquirir alimentos por los pobladores. Así mismo, se presentan desabastecimiento en los municipios de la costa Nariñense, Caucana y Chocoana que se abastecen de Buenaventura y Tumaco, a través de productos traídos del interior del país. Desde el 16 de noviembre la situación ha empeorado debido al paro del transporte de cabotaje por la inseguridad que viven los transportadores de carga en el litoral pacífico. Esta situación se suma a lo generado por la pandemia y profundiza la situación de vulnerabilidad que viven los pobladores de la región.
Para paliar esta situación las Alcaldías de Buenaventura, Tumaco, Quibdó y los otros municipios en menor medida habían entregado mercados a las familias más vulnerables en la zona urbana y rural en los primeros meses de la pandemia. Estas acciones a pesar de buscar paliar de manera temporal la situación, no es suficiente porque los municipios no cuentan con recursos suficientes para abastecer a todas las familias que demandan alimentos. Además en los últimos meses debido a la flexibilización de las medidas de restricción se ha dejado de entrar ayuda en materia de alimentación, teniendo los habitantes que volver al rebusque y al trabajo informal para satisfacer sus necesidades básicas.
Por otro lado, el gobierno nacional a través de sus programas asistenciales de transferencias directa de recursos (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Adulto Mayor) ha decidido mantener el nivel precario de ingresos para los hogares hasta el próximo año, que además de ser a todas luces insuficiente por los montos aún no llega a la toda la población, especialmente para los habitantes de las zonas rurales que no cuentan con las condiciones para movilizarse al casco urbano y reclamar eso recursos debido a los altos costos de transporte, alimentación y permanencia en la zona urbana que supera el valor que reciben mediante esas transferencias.
Por su parte las comunidades rurales, especialmente de Tumaco, Buenaventura y Quibdó han adelantado jornadas de donación de alimentos agrícolas y pescados a familias de la zona urbana, como una muestra de la solidaridad del pueblo negro, así como estrategias de mercados populares para impulsar la comercialización de la producción local. Para el caso de Buenaventura durante los meses de mayo, junio y julio se realizaron tres (3) jornadas de donación logrando una cantidad de 8 toneladas aproximadamente, y una atención a más de 3 mil familias en la zona urbana. En el mes de noviembre las comunidades negras junto a la administración distrital adelantaron una jornada de mercado popular, donde los productores rurales lograron comercializar sus productos en la zona urbana de manera directa.
En Tumaco, los Consejos Comunitario realizaron jornadas de donación de alimentos a diversos barrios de la zona urbana entre los meses de junio y julio. Así mismo, volvieron a repetir esta jornada en los meses de octubre y principio de noviembre.
Lo anterior, es muestra de los ejercicios de solidaridad del pueblo negro para lidiar con la crisis en materia alimentaria que ha generado el COVID 19 en el Pacífico Colombiano. Se espera que antes de finalizar el presente año se puedan realizar nuevas jornada se mercado popular o de donación de alimentos dependiendo si la situación en matera de contagios mejora o tiende a empeorar.
Amenazas comunitarias, desplazamiento forzado movilidad Territorial, Secuestros y presencia de grupos armados.
El conflicto armado en la región del Pacífico se ha profundizado por la crisis generada por el coronavirus. No sólo por los impactos del COVID 19 a nivel de salud y seguridad alimentaria, sino también por el efecto en materia de amenazas, desplazamiento forzado, restricción a la movilidad territorial y presencia de grupos armados ilegales y legales en los territorios.
De acuerdo con las Naciones Unidas (2020) los grupos armados ilegales y organizaciones criminales han aprovechado la pandemia para expandir su control territorial en los territorios más afectados por el conflicto armado y la pobreza.
En la región del Pacífico se ha presentado un incremento en materia de situaciones de violación a conflicto armado durante la pandemia, particularmente en temas de homicidios tanto en la zona urbana como rural. Ciudades como Quibdó, Tumaco y Buenaventura, confinamiento en barrios de las zonas urbanas y zonas rurales. E asesinato y amenazas de líderes y lideresas se ha profundizado, lo cual agrava la situación humanitaria que vive la región.
Región Caribe:
En los reportes se expresan hechos preocupantes de amenaza a líderes, lideresas, y situación de violación a DDHH. En el escenario de amenazas a líderes sociales se presenta en municipio de Aguachica, departamento del Cesar, la presencia de grupos armados y la intimidación directa a uno de sus líderes, cómo se manifiesta a continuación:
“Banderas alusivas a grupo de guerrillas ELN, en las entradas del municipio de Aguachica Cesar. En calidad de afrocolombiano y representante legal de ASOACEITUNOS, recibí amenaza de muerte por solicitar el restablecimiento de derechos en el marco de formulación del Plan de desarrollo de Aguachica…” (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Por otra parte, en el Cesar, específicamente en la zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico, se informó el asesinato de dos jóvenes, aunque no se especifican las circunstancias del suceso se presume que es por causa de actores armados en el territorio. En otros hechos de amenazas el pasado mes de junio se solicitó proteger la vida de Juana Ruiz, reconocida lideresa quien recibió amenazas de los grupos armados de la zona de los Montes de María, específicamente en María la Baja, quien hace presencia el clan del golfo, en ese sentidos los medios de comunicación decían lo siguiente; “El gobernador de Bolívar, Vicente Blel, pidió a la Unidad Nacional de Protección un esquema de seguridad “inmediato” para Juana Alicia Ruiz, lideresa social de Mampujan luego de recibir amenazas en su contra por parte de grupos armados que siembran el terror en los Montes de María”.(El Heraldo, 5 de junio de 2020) Todo esto se suma a las recientes masacres en los Montes de María y en Simiti Sur de Bolívar
SABIDURÍA ANCESTRAL- SALUD PÚBLICA Y CONTROL TERRITORIAL.
Departamento de Nariño
En el municipio de Barbacoas, han disminuido el número de casos por contagios, en estos momentos la mayor preocupación radica en la capacidad hospitalaria, ya que sigue siendo deficiente, además el hospital es foco de contagios, siendo generador de riesgos para el personal médico, debido a la falta de elementos de bioseguridad y un protocolo ajustado a las condiciones territoriales para aplicar los trabajadores del centro hospitalario. La sensación de incertidumbre ha generado problemas de estrés y aumento en enfermedades cardiovasculares.
Costa Caucana y Buenaventura.
Debido al baja capacidad del sistema de salud en los departamentos y municipios del litoral Pacífico para atender los contagios de enfermos por COVID 19, donde sólo se cuenta con las siguientes condiciones en términos de Camas UCI: Nariño 111 camas asignadas para enfermos COVID. El departamento del Chocó cuenta con el Hospital San Francisco de Asís, único hospital de Segundo nivel en el departamento y cuenta con 36 camas UCI instaladas. El Distrito de Buenaventura cuenta con 13 camas UCI en el Hospital público distrital, 11 en la Clínica privada Santa Sofia y 15 más que se encuentran en construcción. En ninguno de los municipios de la Costa caucana no se cuenta con camas UCI.
Región Caribe:
Resistir desde nuestras propias formas, siempre ha sido una característica esencial de las comunidades afrodescendiente, negras, raizal y palenquera, unificarse ante la adversidad, ante la amenaza de la extinción, los tiempos de crisis han permitido también afianzar los vínculos con el pasado, es decir el saber ancestral, el sentido de todo el tejido espiritual es convocado, para aliviar los pesares y configurar un nuevo horizonte esperanzador.
Como se ha dicho, a falta de alimentos, en los territorios no solo se han supeditado a la espera de la ayuda institucional, sino que se han creado mecanismos solidarios, o han vuelto a viejas prácticas de trueque, como el “cambalache”. Se han programado actividades de recolecta de alimentos, campañas de apoyo a los artistas.
Medicina ancestral.
El saber de la medicina ancestral, acompañado de rituales, rezos entre otras formas de protección, han sido sin duda un recurso indispensable y muchas veces el único que tienen nuestras comunidades. Sobre todo, por esas deficiencias del sistema de salud. Los curanderos, las parteras, brujos, entre otros, han aportado al establecimiento de mecanismos de protección, con baños, con plantas de matarratón, caraña, mataandrea, infusiones, brebajes, basados en matas como el anamú, el jengibre, eucalipto, yerba santa, yerba de limón, limón, toronjil, el ron compuesto, y la contra, entre otros recursos.
En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), propuso una estrategia mundial sobre la Medicina Tradicional y Complementaria (MTC) (2014- 2023). Con el fin de promover la integración, reglamentación y supervisión apropiadas de la MTC, afirmando la utilidad para los países que aspiran desarrollar políticas dinámicas relativas a este aspecto tan importante, y con frecuencia vigorosa para las comunidades y expansiva en la atención en salud, sobre todo de primer recurso y respuesta en estos momentos de pandemia.
Es notorio que la dispersión geográfica y la falta de una oferta de servicios de salud articulada, propias de las zonas rurales e insulares, constituyen una de las principales barreras de acceso pleno a la salud de la población. Los contrastes en la disponibilidad del talento humano, las fallas del modelo de competencia en el aseguramiento, la falta de capacidades estatales y en la gestión territorial, hacen suma a las dificultades. Es fundamental que para cerrar las brechas señaladas anteriormente, se implementen estrategias sectoriales e intersectoriales que respondan a las particularidades de las zonas más apartadas, en ese sentido las Direcciones Territoriales de Salud (DTS), y las necesidades manifestadas por las entidades territoriales tienen como base el Plan Bienal de Inversiones en salud (Ley 715 de 2001) que permitan, atender y mitigar los efectos por causados malestares, tales como; fiebre, diarrea, infección respiratoria aguda y malnutrición, entre muchas otras. Así, que uno de los propósitos de este proyecto es fortalecer las respuestas propias en materia de Medicina Tradicional y Complementaria, que facilite entre otras cosas atender lo siguiente:
CONTROL DE ACCESO AL TERRITORIO. (GUARDIA CIMARRONA).
Un número considerable de comunidades han organizado controles de entrada y salida a sus territorios. Con recursos propios y apoyos intermitentes de las autoridades locales y de entidades particulares se han establecido puestos de desinfección, para el ingreso y salida de los pueblos. En ese sentido se han establecido protocolos que regulan la movilidad en los territorios. Estos ejercicios constan de un control de acceso a todos los nativos y visitantes que quieran ingresar, realizándose un protocolo de desinfección tanto a personas y a vehículos.
SOBERANÍA ALIMENTARIA, ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.
Nariño:
Una de las dificultades que se está presentando en los municipios del Telembí es la afectación a la economía, puesto siguen las restricciones a la movilidad y el trabajo, dado que estos municipios como la mayoría de la Costa Pacífica Nariñense, se vive del rebusque, de otro lado los productos de la zona rural están llegando en muy baja cantidad y el flujo de producto desde Pasto es muy poco, lo que termina afectando a los demás municipios, lo que termina en escasez de productos e incremento de precios por la alta demanda de los mismos.
Costa Caucana y Buenaventura.
La población del pacífico colombiano depende en gran medida de la producción agrícola, pecuaria y pesquera para suplir sus necesidades básicas en materia de seguridad alimentaria. En este sentido, la pérdida de cultivos a causa de cambios culturales, presencia de actores armados, economía ilegal y poco control de las comunidades de sus territorios y economía ha llevado a un aumento considerable del hambre y vulnerabilidad a sufrir enfermedades por malnutrición en los territorios del litoral Pacífico.
Región Caribe:
Se informa que el 83,3% de las comunidades en el caso de región caribe, su mayoría rurales, manifiestan producir alimentos derivados de las actividades agrícolas y pecuarias. Por lo general se expresa que los alimentos cosechados en los territorios son para el consumo interno y venta en la propia comunidad. La comunidad requiere la provisión de insumos, semillas, animales para autosostenimiento. (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Movilidad comunitaria.
El transporte es el principal obstáculo, pues sus altos costos, vías inadecuadas, cobros de peajes no permiten que los productos lleguen a otras plazas de mayor rentabilidad, además las restricciones impuestas han encarecido el costo de pasajes. “El transporte es mínimo y aumentó su costo, las personas que cosechan en la actualidad han disminuido la comercialización del producto porque genera pérdidas, son pequeños cultivos no extensivos” (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Foto: Consejo comunitario de Rocha, departamento de Bolívar.
Educación y conectividad.
Hasta este momento el 85,7% afirmó tener dificultades para el desarrollo formativo de los estudiantes en las comunidades, sobre todo el problema de acentúa en las zonas rurales, aunque estas falencias son compartidas en centros más urbanizados. La mayoría de las familias no tiene acceso a internet, tampoco cuentan con equipos de cómputo, o similares. Instrumentos mínimos para vincularse a las nuevas formas de educación, ello está ligado a la deficiencia formativa en estos medios tecnológicos no solo a los estudiantes sino a los padres y madres de familia. Así reza en la siguiente narrativa: “No hay servicio de internet en las casas, se dificulta la señal vía celular por falta de antenas óptimas para el servicio. los niños y niñas así como sus padres no poseen conocimientos suficientes en el manejo de TIC. Los computadores de la Institución educativa son lentos y deficientes en algunos casos por los años que poseen”. (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Otras dificultades reportadas en las regiones.
La mayor dificultad que presentan las comunidades hasta ahora versa sobre la efectiva respuesta institucional a las necesidades como consecuencia de la pandemia, crisis que ha agudizado los conflictos históricos de nuestras gentes en los territorios. La condición de pobreza multidimensional, se refleja también en los problemas de habitabilidad, lo que es notorio en el hacinamiento en los hogares, lo que impide en los casos de contagio, medidas de atención dignas. En ese orden de ideas una de nuestras comunidades afirma lo siguiente:
“No hay ayuda por parte del gobierno nacional para la generación de ingresos a las familias de comunidades afrocolombianas asentadas en el corregimiento de barranca lebrija, tampoco hay ayuda del gobierno local. Las ayudas que realizan con programas como más familias en acción, adulto mayor, o IVA no son suficientes para el sostenimiento integral de una familia. La crisis que se vive por pandemia, hace que se limiten las oportunidades para generar dinero.” (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Las comunidades solicitan también aparte de la dotación de elementos de bioseguridad, la puesta en marcha de campañas para la prevención de la pandemia, de forma diferenciada.
Reflexiones finales.
Los imperativos sociales que se vuelven determinantes de la salud, y sobre todo en las zonas más apartadas como aquellas comunidades que habitan la zona rural e insular, han carecido de manera estructural; la falta de calidad educativa, escasez de agua potable o viviendas adecuadas entre otros requerimientos que hacen parte de la pobreza multidimensional y que sin duda impactan de manera directa en la salud de la población. Esas inequidades que se profundizan en los territorios étnicos, requieren de líneas de acción contundentes que ayuden a suplir estas desigualdades, que se ahondan en términos de salud y que además se agudizan de manera oprobiosa por parte de los grupos armados que siguen silenciado vidas inocentes, de defensores de derechos humanos, que son miembros representativos de los pueblos NARP. Estas comunidades levantan su voz de exigencia por el respeto a vida en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz.
Lejos de las complacencias confesas de la sacralidad excluyente del conocimiento, y sin una lealtad a los usurpadores del saber, los pueblos Negros en Colombia han destinado todo el acervo de saberes a la libertad de resistir los embates de los tiempos subrepticios y a la libertad de compartir el conocimiento heredado en los momentos más precisos donde ha surgido el dolor como un mal generalizado, como estos de pandemia. Esa acción permanente y solidaria de compartir conocimiento, debe más que nunca estar acompañada de un proceso deliberativo donde surja el aseguramiento de los derechos patrimoniales de nuestras comunidades, los intangibles emanados desde el saber cómo, hasta los tangibles que hacen posible la praxis del saber. Ledermann, W. (2003) afirmó, en su reflexión sobre la historia de la pandemia lo siguiente: “Esta ha sido siempre la primera humana reacción a las terribles pandemias: pánico. Un miedo súbito, extraordinario, que oscurece la razón. Al pánico sigue la huida, como consecuencia inevitable.” (p13). Para el caso de las comunidades negras, el miedo se conjura con identidad, que no es más que la raíz de todos los saberes ligados a los territorios ancestrales.
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Artículos de prensa e información institucional.
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(Ley 715 de 2001)
(MTC) (2014- 2023).
Boletín N° 25 del Instituto Nacional de Salud (INS) recuperado de: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacion-afrocolombiana.aspx
La República, 7 de noviembre, 2019
El Heraldo, 5 de junio de 2020.
