La nueva fase de aislamiento selectivo iniciada este mes de septiembre, en muy poco cambia el curso de las acciones negativas en los pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP) en todo el país. Las comunidades aún siguen en el infortunio, las deudas históricas del Estado se mantienen más que vigentes, la pandemia causada por el virus del COVID-19, profundizó las angustias estructurales vivenciadas a través de los años. Las disputas territoriales de los actores armados, es lo continuo, la muerte, amenaza, y las diásporas obligadas por el ruido de las armas, siguen silenciando a líderes, lideresas. La masacre a jóvenes, en las distintas regiones lastimosamente prevalece. Todas estas situaciones se deben lidiarse en medio esta crisis sanitaria. La falda de abastecimiento, los problemas graves de movilidad, el acceso pleno a un sistema integral de salud, las condiciones propicias de acceso a internet que agrava la vulnerabilidad social, tan indispensables en procesos educativos y a todo esto se suman las manifestaciones de racismo.
MARCO LEGAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA.
El 25 de marzo de 2020 se promulgan los lineamientos para la prevención, detección, y manejo de casos de coronavirus (COVID-19) para la población étnica en Colombia, que tiene como proceso estratégico la transversalización del enfoque diferencial y como objetivo general: “Dar orientaciones a los grupos étnicos y a los actores del SGSS (Direcciones Territoriales de Salud, prestadores y aseguradores) para la prevención, contención y mitigación del eventual contagio por Coronavirus (COVID-19).”
Una debilidad manifiesta en estos lineamientos, radica en el punto 3, sobre los aspectos generales de los grupos étnicos, en este apartado, se define de manera conceptual y se estima el número poblacional de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), datos basados en el DANE 2018, las cuales reducen la población Negra o Afrocolombiana ha; 2.950.072., Raizal; 25.515 y Palenquera; 6.637. Cifras de exterminio, que continúan silenciando, el ejercicio pleno de reconocimiento identitario, y que sin duda ha tenido consecuencias nefastas en la aplicación de políticas públicas y de recursos en los territorios. Esa disminución ilógica de cerca del 30,8% en comparación con el censo del 2005, que en ese momento el autoreconocimiento se estimaba en 4, 3 millones. En un periodo de 13 años tuvo semejante disminución. (La República, 7 de noviembre, 2019)
El documento muestra otra serie de dificultades por el alcance del mismo en las comunidades por el ejemplo lo siguiente: “Priorizar a los profesionales de salud étnicos (indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros -NARP y Rrom) en la provisión de capacitación de recursos humanos para la investigación de casos sospechosos de coronavirus (COVID-19)”. Esta supuesta priorización de profesionales tiene poco o nada efecto. En los territorios más apartados, difícilmente se tiene atención básica integral, y en este contexto de pandemia, los miembros de la comunidad a partir de sus respuestas propias han dado solución inmediata a urgencias presentadas. Algo en apariencias tan sencillo como el lavado de mano, se dificulta por escasez de agua potable y de enseres.
Según el Boletín N° 16 del Instituto Nacional de Salud(INS), existen cerca 21,144 casos en población afrocolombiana, 876 personas fallecidas, 20, 240 recuperados, a corte de 11 de septiembre. Estas cifras en apariencia amable, ocultan la realidad del proceso, entre esas que la ficha epidemiológica de registro de casos muchas veces no se diligencia la parte de pertenencia étnica, bien sea porque el funcionario no crea importante hacerlo, o porque no exista una conciencia clara de lo indispensable del reconocimiento al otro. Vimos recientemente con preocupación, que en los Boletines del 13 al 15 emitidos por el (INS) hubo una alteración en las cifras ya que se notó una disminución de casi el 50% de casos reportados, en ciudad de Barranquilla, Cartagena, y sus respectivos departamentos, Atlántico y Bolívar. Ese silencio en los datos nos genera la misma inquietud que el censo poblacional para nuestras comunidades.
Los esfuerzos propios del Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN; en articulación con otras organizaciones de base y Consejos Comunitarios, desde el comienzo de la pandemia se dio a la tarea de establecer diferentes mecanismos que permitieran hacer un monitoreo específico de las repercusiones que la COVID-19 estaba causado en la Región Pacífico y Caribe, sobre todo que pudiera incluir las diversas voces territoriales.
Consultas previas.
El ministerio del interior en el mes de marzo, expide una circular que autorizaba la realización virtual de consultas previas en todo el territorio nacional, luego bajo manifestaciones de protesta de las organizaciones étnicas, deroga este procedimiento, pero deja abierta la posibilidad de continuar con las consultas si las comunidades en el territorio tenían los accesos virtuales disponibles. Una vez más demostrando el favorecimiento de los usurpadores del poder, y mostrando las estrategias de aprovechamiento circunstancial a causa de la pandemia, toda vez que las poblaciones se encuentran mas vulnerables.
DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA REGIONES.
Departamento de Nariño
Municipio de Francisco Pizarro
En territorio del Consejo Comunitario ACAPA, está haciendo presencia actores armados, las comunidades manifiestan preocupación, ya que se pueden dar enfrentamientos con otro grupo armado ilegal o fuerzas armadas del estado, como en el pasado y desencadenar en nuevos desplazamientos.
Minería ilegal
Otra situación en la zona del Telembí es la llegada de retroexcavadoras para la extracción del oro sin los permisos de explotación legal, esta situación ha desencadenado una serie de bombardeos del ejército a estos mineros, generando temor e incertidumbre en la población civil.
Costa Caucana y Buenaventura – Pacífico Medio.
En los municipios de la Costa Caucana (López de Micay, Guapi y Timbiquí) y el Distrito de Buenaventura se ha profundizado las amenazas, los enfrentamientos, los desplazamientos forzados en el marco de la pandemia generada por el COVID 19. Los efectos se han sentido a nivel de salud y seguridad alimentaria.
En la región del Pacífico se ha presentado un incremento en materia de homicidios y otras violaciones a los DDHH tanto en la zona urbana como rural. Ciudades como Quibdó, Tumaco y Buenaventura. El asesinato y amenazas de líderes y lideresas se ha profundizado, lo cual agrava la situación humanitaria que vive la región. Un hecho reiterado en estos tres municipios y el Distrito de Buenaventura es el interés de los actores armados en la región de fortalecer su presencia y control aprovechando las situaciones y condiciones generadas por la pandemia del COVID 19. Lo anterior coloca en mayor riesgo la permanencia de las comunidades en los territorios bajo condiciones dignas.
Región Caribe:
En los reportes se expresan hechos preocupantes de amenaza a líderes, lideresas, y situación de violación a DDHH. En el escenario de amenazas a líderes sociales se presenta en municipio de Aguachica, departamento del Cesar, la presencia de grupos armados y la intimidación directa a uno de sus líderes, cómo se manifiesta a continuación:
“Banderas alusivas a grupo de guerrillas ELN, en las entradas del municipio de Aguachica Cesar. En calidad de afrocolombiano y representante legal de ASOACEITUNOS, recibí amenaza de muerte por solicitar el restablecimiento de derechos en el marco de formulación del Plan de desarrollo de Aguachica…” (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Por otra parte, en el Cesar, específicamente en la zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico, se informó el asesinato de dos jóvenes, aunque no se especifican las circunstancias del suceso se presume que es por causa de actores armados en el territorio. En otros hechos de amenazas el pasado mes de junio se solicitó proteger la vida de Juana Ruiz, reconocida lideresa quien recibió amenazas de los grupos armados de la zona de los Montes de María, específicamente en María la Baja, quien hace presencia el clan del golfo. Todo esto se suma a las recientes masacres en los Montes de María y en Simiti Sur de Bolívar
SABIDURÍA ANCESTRAL- SALUD PÚBLICA Y CONTROL TERRITORIAL.
Departamento de Nariño
En el municipio de Barbacoas, han disminuido el número de casos por contagios, en estos momentos la mayor preocupación radica en la capacidad hospitalaria, ya que sigue siendo deficiente, además el hospital es foco de contagios, siendo generador de riesgos para el personal médico, debido a la falta de elementos de bioseguridad y un protocolo ajustado a las condiciones territoriales para aplicar los trabajadores del centro hospitalario. La sensación de incertidumbre a generado problemas de estrés y aumento en enfermedades cardiovasculares.
Costa Caucana y Buenaventura.
Debido al baja capacidad del sistema de salud en los departamentos y municipios del litoral Pacífico para atender los contagios de enfermos por COVID 19, donde sólo se cuenta con las siguientes condiciones en términos de Camas UCI: Nariño 111 camas asignadas para enfermos COVID. El departamento del Chocó cuenta con el Hospital San Francisco de Asís, único hospital de Segundo nivel en el departamento y cuenta con 36 camas UCI instaladas. El Distrito de Buenaventura cuenta con 13 camas UCI en el Hospital público distrital, 11 en la Clínica privada Santa Sofia y 15 más que se encuentran en construcción. En ninguno de los municipios de la Costa caucana no se cuenta con camas UCI.
Región Caribe:
Resistir desde nuestras propias formas, siempre ha sido una característica esencial de las comunidades afrodescendiente, negras, raizal y palenquera, unificarse ante la adversidad, ante la amenaza de la extinción, los tiempos de crisis han permitido también afianzar los vínculos con el pasado, es decir el saber ancestral, el sentido de todo el tejido espiritual es convocado, para aliviar los pesares y configurar un nuevo horizonte esperanzador.
Como se ha dicho, a falta de alimentos, en los territorios no solo se han supeditado a la espera de la ayuda institucional, sino que se han creado mecanismos solidarios, o han vuelto a viejas prácticas de trueque, como el “cambalache”. Se han programado actividades de recolecta de alimentos, campañas de apoyo a los artistas.
Medicina ancestral.
El saber de la medicina ancestral, acompañado de rituales, rezos entre otras formas de protección, han sido sin duda un recurso indispensable y muchas veces el único que tienen nuestras comunidades. Sobre todo, por esas deficiencias del sistema de salud. Los curanderos, las parteras, brujos, entre otros, han aportado al establecimiento de mecanismos de protección, con baños, con plantas de matarratón, caraña, mataandrea, infusiones, brebajes, basados en matas como el anamú, el jengibre, eucalipto, yerba santa, yerba de limón, limón, toronjil, el ron compuesto, y la contra, entre otros recursos.
CONTROL DE ACCESO AL TERRITORIO. (GUARDIA CIMARRONA).
Un número considerable de comunidades han organizado controles de entrada y salida a sus territorios. Con recursos propios y apoyos intermitentes de las autoridades locales y de entidades particulares se han establecido puestos de desinfección, para el ingreso y salida de los pueblos. En ese sentido se han establecido protocolos que regulan la movilidad en los territorios. Estos ejercicios constan de un control de acceso a todos los nativos y visitantes que quieran ingresar, realizándose un protocolo de desinfección tanto a personas y a vehículos.
SOBERANÍA ALIMENTARIA, ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.
Nariño:
Una de las dificultades que se está presentando en los municipios del Telembí es la afectación a la economía, puesto siguen las restricciones a la movilidad y el trabajo, dado que estos municipios como la mayoría de la Costa Pacífica Nariñense, se vive del rebusque, de otro lado los productos de la zona rural están llegando en muy baja cantidad y el flujo de producto desde Pasto es muy poco, lo que termina afectando a los demás municipios, lo que termina en escasez de productos e incremento de precios por la alta demanda de los mismos.
Costa Caucana y Buenaventura.
La población del pacífico colombiano depende en gran medida de la producción agrícola, pecuaria y pesquera para suplir sus necesidades básicas en materia de seguridad alimentaria. En este sentido, la pérdida de cultivos a causa de cambios culturales, presencia de actores armados, economía ilegal y poco control de las comunidades de sus territorios y economía ha llevado a un aumento considerable del hambre y vulnerabilidad a sufrir enfermedades por malnutrición en los territorios del litoral Pacífico.
Región Caribe:
Se informa que el 83,3% de las comunidades en el caso de región caribe, su mayoría rurales, manifiestan producir alimentos derivados de las actividades agrícolas y pecuarias. Por lo general se expresa que los alimentos cosechados en los territorios son para el consumo interno y venta en la propia comunidad. La comunidad requiere la provisión de insumos, semillas, animales para autosostenimiento. (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Movilidad comunitaria.
El transporte es el principal obstáculo, pues sus altos costos, vías inadecuadas, cobros de peajes no permiten que los productos lleguen a otras plazas de mayor rentabilidad, además las restricciones impuestas han encarecido el costo de pasajes. “El transporte es mínimo y aumentó su costo, las personas que cosechan en la actualidad han disminuido la comercialización del producto porque genera pérdidas, son pequeños cultivos no extensivos” (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Foto: Consejo comunitario de Rocha, departamento de Bolívar.
Educación y conectividad.
Hasta este momento el 85,7% afirmó tener dificultades para el desarrollo formativo de los estudiantes en las comunidades, sobre todo el problema de acentúa en las zonas rurales, aunque estas falencias son compartidas en centros más urbanizados. La mayoría de las familias no tiene acceso a internet, tampoco cuentan con equipos de cómputo, o similares. Instrumentos mínimos para vincularse a las nuevas formas de educación, ello está ligado a la deficiencia formativa en estos medios tecnológicos no solo a los estudiantes sino a los padres y madres de familia. Así reza en la siguiente narrativa: “No hay servicio de internet en las casas, se dificulta la señal vía celular por falta de antenas óptimas para el servicio. los niños y niñas así como sus padres no poseen conocimientos suficientes en el manejo de TIC. Los computadores de la Institución educativa son lentos y deficientes en algunos casos por los años que poseen”. (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Otras dificultades reportadas en las regiones.
La mayor dificultad que presentan las comunidades hasta ahora versa sobre la efectiva respuesta institucional a las necesidades como consecuencia de la pandemia, crisis que ha agudizado los conflictos históricos de nuestras gentes en los territorios. La condición de pobreza multidimensional, se refleja también en los problemas de habitabilidad, lo que es notorio en el hacinamiento en los hogares, lo que impide en los casos de contagio, medidas de atención dignas. En ese orden de ideas una de nuestras comunidades afirma lo siguiente:
“No hay ayuda por parte del gobierno nacional para la generación de ingresos a las familias de comunidades afrocolombianas asentadas en el corregimiento de barranca lebrija, tampoco hay ayuda del gobierno local. Las ayudas que realizan con programas como más familias en acción, adulto mayor, o IVA no son suficientes para el sostenimiento integral de una familia. La crisis que se vive por pandemia, hace que se limiten las oportunidades para generar dinero.” (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Las comunidades solicitan también aparte de la dotación de elementos de bioseguridad, la puesta en marcha de campañas para la prevención de la pandemia, de forma diferenciada.
Este artículo es el resultado del trabajo del equipo interdisciplinar de conformado por : Jasmar Pájaro, Andrés Felipe Granja, Yuly Vásquez, Álvaro Arroyo, Elvis Pardo, Darwin Torres.
