UNA OPORTUNIDAD PARA CORREGIR EL RUMBO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó en el día 26 de Febrero de 2020 su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia en relación con los acontecimientos del año 20191. Dicho informe ha sido recibido públicamente por parte del gobierno colombiano como una “chambonada” según las palabras del Alto Consejero Presidencial para la Estabilización Señor Emilio Archila, y una intromisión en asuntos internos según sus declaraciones expuestas por varios medios2.

El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA, como expresión organizada del Pueblo Negro en el que se articulan organizaciones regionales y nacionales, expresa frente al informe y el debate que el mismo ha suscitado:

  1. Reafirmamos que en Colombia la inequidad sigue marcando la vida de la sociedad colombiana, sin que el Estado logre alcanzar garantías en los derechos económicos, sociales y culturales, Colombia sigue entre los tres (3) países más desiguales del mundo3. Adicionalmente, observamos la continuidad de los riesgos señalados por la Corte Constitucional como causa del impacto desproporcionado del conflicto armado sobre el pueblo afrocolombiano, la negación de los servicios sociales del Estado como el agua y la salud en todo el Pacifico colombiano; Buenaventura, Quibdó, Guapi, Tumaco, aquellos municipios del litoral y el Caribe Colombiano. El incumplimiento de los derechos al pueblo afrocolombiano siguen denotando desafíos serios tal como evidencian los estudios censales y más grave con el acontecido étnocidio estadístico, múltiples acuerdos incumplidos y su conexión con el abandono histórico que relaciona la discriminación racial y el racismo, adoptamos esperanzas en el Acuerdo Final de Paz como escenario para el avance en los derechos, no obstante dichas políticas presentan serios obstáculos ante las nuevas decisiones del actual gobierno.
  1. Para nosotros es intrascendente que de dos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDETs formulados al final de la administración del expresidente Santos, se haya pasado a alcanzar 16 durante su gobierno. Lo importante para nuestro pueblo es la implementación de las medidas correspondientes, que nuestras comunidades dejaron plasmadas e integradas en estos instrumentos (que son cuales?) Nuestra preocupación a partir de las experiencias en los PDETs Pacífico Medio, Chocó y Norte del Cauca Patía, se profundiza al observar la deficiente implementación territorial. Se suma el agravante de que los procesos de planeación y articulación entre las políticas del nivel sub nacional y nacional las medidas han sido reducidas. Básicamente, en el caso de Norte del Cauca Patía lo que las comunidades impulsaron y se acordó a nivel sub municipal y municipal se diluyó o eliminó a nivel PDET.
  1. En Colombia la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado como derechos fundamentales que protegen el derecho a la integridad cultural han sido satanizados, incluso por altos funcionarios del Gobierno Nacional. Hemos observado que una parte de las amenazas a los líderes y autoridades étnicos así como a sus organizaciones han sido motivadas por “oponerse al desarrollo” lo que coincide con el señalamiento que se hace a los derechos étnicos, a las comunidades y sus liderazgos. Después de este linchamiento público y estigmatización mediática se pretende reglamentar el derecho fundamental a la Consulta Previa Libre Informada por iniciativa del Gobierno Nacional en el Congreso de la República. En efecto, se profundizan los riesgos para nuestros pueblos en relación con los derechos que protege el derecho a la consulta previa.
  1. Desde el CONPA consideramos que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada más bien se ha quedado corto. Si bien no alcanza a recoger todos los riesgos concretos que viven en muchos territorios nuestras comunidades negras y afrocolombianas, así como todas las violaciones a los derechos de los que seguimos siendo víctimas, el informe revela un conjunto de problemas graves en Colombia que destruyen la territorialidad étnica, dan cuenta del estado de cosas inconstitucionales como escenario lejano a la democracia, con el agravante de un verificado entramado de corrupción nacional orientado por unas pocas familias de Colombia. En esta perspectiva, la reacción del Gobierno Nacional y de sus voceros nos parece grave en especial por dos razones: a) no se elige un Presidente de la República para que intente resolver, sino para que resuelva el alcance del goce efectivo de los derechos; b) desconoce o pretende desconocer la realidad que se vive en los territorios e intenta confundirnos con cifras, interpretaciones y la conjugación de los verbos, lo cual, desde nuestra perspectiva y para el caso del pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero es una manifestación sistemática del racismo estructural y la exclusión de la que hemos sido victimas históricas.
  1. Las organizaciones que nos articulamos en el CONPA damos testimonio de que la crisis que se vive en los territorios es mucho más profunda que lo que el informe plantea. La involución social y económica a nivel territorial, el exacerbado crecimiento de grupos armados presentes en los territorios y la reaparición de confrontación armada con nuestras comunidades en medio, el recrudecimiento de patrones grotescos de violencia contra niñas (incluso bebes), jóvenes y mujeres, y el desplazamiento forzado en aumento, especialmente en el Pacifico Colombiano, constituyen una realidad altamente amenazante que desilusiona y quiebra la esperanza de los pueblos frente su anhelo de pervivir, física y culturalmente.
  1. En virtud de ello, respaldamos totalmente el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, e invitamos al Gobierno Nacional liderado por usted, señor Presidente, a responder con honestidad a las urgencias que el informe plantea.
  1. Desde nuestra perspectiva, otras de las urgencias implícitas en la atención del informe y cumplimiento de sus obligaciones para con el pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero, en el marco de la crisis humanitaria y crímenes de lesa humanidad que se comenten diariamente contra nuestro pueblo. Están, la finalización de la reglamentación de la Ley 70 y su efectiva implementación; el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, los Autos 005 de 2009, el Decreto-ley 4635 de 2011 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, todos ellos obligaciones precariamente asumidas hasta ahora por el Estado Colombiano en consistencia con las prácticas de exclusión y discriminación racista que lo han caracterizado.
  1. Finalmente, lo convocamos a que usted y su gobierno, incluido el señor Archilla, caminen los territorios con intención y responsabilidad de ver y atender sus crisis de manera efectiva e inmediata, estableciendo el diálogo con nuestras autoridades y cumpliendo con los tantos acuerdos que, de haberse cumplido antes, lo tendrían a usted y al Estado en un lugar menos vergonzoso ante la comunidad de derechos humanos, como el que tiene que enfrentar hoy ante el informe de la oficina ACDH de la ONU.

El que tiene tienda, que la atienda. Retome el Rumbo de la Paz como Estado, con verdadero compromiso y honestidad.

De usted.

CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO – CONPA: Asociación de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES, el Proceso de Comunidades Negras – PCN, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA, la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí –RedKambirí, la Pastoral Afrocolombiana, la Autoridad Nacional Afrocolombiana – ANAFRO, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó – FISCH, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca-ASOM, la Red de Mujeres Afrocaribeñas y vocerías de Movimientos Cívicos por la Dignidad del Pacifico Colombiano.

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