¿Agentes del CTI asedian a una lideresa social de Buenaventura?

Danelly Estupiñán, promotora del paro cívico de Buenaventura, dice que lleva cinco meses denunciando seguimientos y amenazas en su contra. Tras entregarle las pruebas a la Fiscalía, fue denunciada por dos personas que dicen ser del Cuerpo Técnico de Investigación. Su vida está en riesgo.

Danelly Estupiñán, lideresa social de Buenaventura (Valle del Cauca) y promotora del paro cívico que se desarrolló en esa ciudad en el 2017, denunció seguimientos en su contra y terminó denunciada por injuria y calumnia. Durante todo el 2019 se ha sentido vigilada. Ha dejado constancia, por medio de fotografías y videos, de la presencia de diferentes hombres en varios lugares que le hacen registros fotográficos y de video. El último hecho se dio el martes pasado, cuando un taxi se estacionó al frente de su casa durante unos 15 minutos sin que nadie se subiera o bajara del vehículo. “Esos seguimientos pueden materializarse en un falso positivo judicial o en un asesinato”, advirtió Estupiñán. Su situación de riesgo es tal que ayer Amnistía Internacional emitió una acción urgente y señaló que la Fiscalía no actuó con rapidez, lo cual devino en la persistencia de los seguimientos. El documento, dirigido al fiscal general, Fabio Espitia, le pide “coordinar con las autoridades pertinentes para asegurar un ambiente apto para que ella continúe con su valiente trabajo por los derechos humanos”.

La lideresa puso en conocimiento de la Fiscalía los seguimientos de los que ha sido víctima desde el 8 de enero. En febrero se entrevistó con Katherine Giraldo, una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la seccional Buga (Valle del Cauca), y luego le hizo llegar las pruebas por medio de un correo electrónico que envió el 1º de marzo. Estupiñán esperaba que dieran con los responsables. Sin embargo, en abril la citaron para ampliar su denuncia, por lo que conversó con el agente del CTI José Luis Ávila, quien, según cuenta la lideresa, le dijo que las pruebas que había entregado no estaban en el sistema. Por eso, ella volvió a enviar los archivos. “No es cierto que se haya perdido información. Todos los elementos probatorios que ella ha entregado reposan en las investigaciones”, se defendió la Fiscalía, consultada por Colombia 2020.

Estupiñán no ha obtenido respuestas sobre su caso. Los hechos que ha denunciado se sumaron a una investigación de contexto que está adelantando la Fiscalía por violaciones a los derechos humanos presentadas con posterioridad al paro cívico que se adelantó en esa ciudad, durante 22 días, en el 2017, como un reclamo por la falta de garantía de derechos en medio de la cual viven los bonaverenses. Los líderes le han pedido a la entidad que agrupe las denuncias en una sola investigación, para establecer si hay un patrón común en las agresiones contra los promotores del movimiento. “Hay una dispersión entre las investigaciones que ha disgregado esfuerzos y puede terminar generando impunidad”, se queja Alberto Bejarano, abogado de la lideresa. Dice que conocen tres investigaciones: una que adelanta la seccional Buenaventura, otra del orden nacional de Fiscalía y la de contexto.

La Fiscalía aseguró que existen tres investigaciones por los hechos que Estupiñán ha denunciado. Una abierta en el 2015, que “es una macroinvestigación por amenazas contra los promotores del paro cívico”. Las otras dos corresponden a los seguimientos de 2019. La entidad le dijo a este diario que los tres casos están en indagación y “hay órdenes de Policía judicial”. No especificaron cuáles, pero explicaron que pueden ser entrevistas, interrogatorios, órdenes de captura, entre otras acciones judiciales.

Pero los problemas con la Fiscalía no acaban ahí. Estupiñán y Bejarano sospechan que la entidad rompió la cadena de custodia sobre las pruebas que entregaron. Hicieron esa inferencia luego de que a ella le llegara una citación para una conciliación, porque estaba denunciada por injuria y calumnia. Desconcertados, interpusieron un derecho de petición pidiendo las identidades de los denunciantes. Recibieron respuesta el 25 de junio. El documento, firmado por Janeth Milena Urrego Gracia, fiscal 21 local (de Buenaventura) de delitos querellables y con membrete de la Fiscalía, reza: “le informo que los señores Francisco Martínez y Rafael Tabares presentaron la mencionada denuncia manifestando ser investigadores del CTI, mas no se ha allegado a la carpeta documento que los acredite como tal(es)”.

Bejarano y Estupiñán también preguntaron los motivos de la denuncia. En la respuesta al derecho de petición, la fiscal Urrego señala: “Francisco Martínez y Rafael Tabares manifiestan que la señora Danelly Estupiñán ha realizado manifestaciones públicas donde señala que miembros del CTI, entre ellos los denunciantes, han realizado seguimientos y vigilancias en contra de ella por su ejercicio como líder, responsabilizándolos de cualquier situación de riesgo en contra de su vida, por lo cual solicitan la rectificación y el rescate de su buen nombre, pues niegan cualquier actividad en ese sentido”.

Esas acusaciones son desmentidas por Estupiñán y su abogado. “No he hecho declaraciones públicas con sus nombres, porque no los conozco. Tampoco he develado sus fotografías ni he hecho ninguna manifestación señalando que ellos, con nombre y apellido, son quienes me están siguiendo”, asegura.

Creen que los denunciantes se identificaron en alguna foto o video de los que Estupiñán entregó como pruebas, por eso cuestionan el manejo de la cadena de custodia por parte de la Fiscalía. “Aparte de los investigadores del CTI que han recibido mi caso, nadie más puede tener esas pruebas. La cadena de custodia se ha roto y yo no tengo ninguna garantía, porque incluso antes de que mi denuncia prospere estoy demandada por unas personas que ni siquiera conozco”, dice ella. “La única manera de que alguien se pueda identificar es que tenga acceso al material que se entregó a la Fiscalía”, especifica él.

Este medio encontró un perfil en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), según el cual Francisco Javier Martínez Ardila, uno de los denunciantes, obra como funcionario de la Fiscalía General de la Nación y es oriundo de Cali. Además, en su trayectoria profesional figura que fue “detective investigador experto” del extintoDepartamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 11 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2011. Sobre el otro denunciante, Rafael Tabares, no fue posible encontrar información debido a que el número de cédula que proporcionó la Fiscalía en la respuesta del derecho de petición pertenece a otra persona. El ente investigativo se negó a confirmar si Tabares y Martínez son funcionarios del CTI, arguyendo motivos de seguridad.

“En todo momento se ha respetado la cadena de custodia”, replicó la Fiscalía. En cuanto a la posibilidad de que alguien externo a la investigación haya visto las pruebas, dijeron que “no hay manera, porque eso lleva un registro y el fiscal confirma que no se ha roto la cadena de custodia”. Respondieron que los encargados de mantener la información segura son los integrantes de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana que tienen asignadas las investigaciones y los funcionarios que recolectan información sobre el caso.

A Estupiñán y su abogado les preocupa que los demandantes sean agentes del CTI. Si ellos se identificaron en las fotos que presentó la lideresa a la Fiscalía, eso querría decir que algunas personas señaladas de perseguirla serían agentes de esa entidad. Además, la Fiscalía le confirmó a este diario que el único proceso legal contra Estupiñán es el de injuria y calumnia. “Esos seguimientos son ilegales”, enfatizó Bejarano.

El contenido aquí expuesto se extrajo del medio digital COLOMBIA2020. Si deseas tener mayor informacion dejamos el link: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/agentes-del-cti-asedian-una-lideresa-social-de-buenaventura-articulo-868728

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