El 22 de Octubre del 2018, la defensora de derechos humanos y activista del Proceso de Comunidades Negras en Colombia, Danelly Estupiñán Valencia, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, en el marco de la agenda política abordada en el Programa de Protección a Defensoras y Defensores del Gobierno Vasco, coordinado por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR),  en su intervención  hizo un llamado a los parlamentarios y parlamentarias para que realizaran control político a las empresas Vascas que tiene relaciones económicas con la dinámica portuaria en Buenaventura y Tumaco, dado que los impactos de  la dinámica económica de enclave portuario ha generado daños significativos a los derechos étnicos colectivos de la comunidad afro urbana de estas dos poblaciones del pacifico sur colombiano.

En su exposición  compartió el análisis estructural de “Victimas del Desarrollo” el cual devela cómo la intensa violencia que se ha impreso en Buenaventura  ha sido funcional a la consolidación de la plataforma económica de enclave portuario, un proyecto legal agenciado y validado por el Estado Colombiano quien imparte así una violencia institucional, “no nos matan por matarnos, es decir el fin no es asesinarnos, nos matan, desplazan, masacran, desaparecen, violan y nos niegan la salud, la educación y el agua potable porque necesitan crear condiciones hostiles para que vaciemos demográficamente nuestros territorios, sobre todos los territorios ganados al mar para ampliar la plataforma portuaria donde pretenden construir nuevos puertos, zonas francas, parqueaderos de tracto camiones y hoteles cinco estrellas para los empresarios y la comunidad negra de Buenaventura estorba, ante dicho interés han implementado la estrategia de la intensa violencia, la negación de los derechos fundamentales básicos y hasta programas de reubicación  forzada de los habitantes de los territorios ganados al mar, declarando sus territorios como zonas de alto riesgo ambiental  no mitigables sin realizar estudios técnicos que sustente la no mitigación del riesgo, para desalojar a la población negra que ha consolidado estos territorios y ha hecho comunidad. En este orden de ideas el territorio es de alto riesgo no mitigable para las comunidades étnicas de Buenaventura, pero no para los empresarios portuarios y las grandes cadenas de hotel que codician los frentes marinos para construir condominios, hoteles y parque de contenedores. Nos declaramos victimas del desarrollo, porque la violencia no es un fin; es un medio para consolidar la plataforma económica de enclave portuario, esto ubica claramente que los verdaderos rostros de la violencia en Buenaventura es decir los ideólogos de violencias es el Estado y los empresarios, quienes han sembrado una guerra disputándose el territorio que las comunidades negras de Buenaventura han  cuidado, defendido y protegido desde la época de la colonia, territorios poblados tras las dinámicas de cimarronaje y sueño de un proyecto de vida colectivo. Por esta razón nos declaramos como víctimas de desarrollo pues para el pueblo de buenaventura y el pacifico en general el desarrollo no es más que masacres, despojos, aculturación y vulneración de las distintas formas de vida”

De igual manera la activista relacionó el asesinato, persecución y judicialización de los liderazgos comunitarios con la estrategia de control o limitación del derecho fundamental a la participación de las comunidades organizadas que se resisten a las inclemencias del desarrollo, socializando la propuesta de protección colectiva integral que el PCN – Palenque Congal le ha presentado a la Unidad Nacional de Protección. Frente el tema se resaltó la trascendencia que tendría para los proceso sociales contar con medidas de protección jurídicas y políticas, además de las materiales, pues lo que está concretando los riesgos e incrementando las amenazas a los líderes sociales es su trabajo en defensa de los derechos étnico territoriales, por lo tanto si se blindan los territorios garantizando los derechos ya adquiridos por las comunidades como por ejemplo el derecho fundamental a la consulta previa, se reducirían significativamente los riesgos y las amenazas.

En el marco de la comparecencia las y los parlamentarios se mostraron muy interesados en conocer y estudiar más afondo la situación del primer Puerto de Colombia. Representantes de los Partidos Políticos Podemos y EHBILDU se comprometieron a incidir aportando información, e investigando sobre el tema para proponer al parlamento vasco que valore los daños que se pueden estar causando en el marco de las inversiones en países como Colombia.