ACCIÓN URGENTE

CRIMINALIZACIÓN DE DOS DEFENSORAS AFRODESCENDIENTES

Sara Quiñonez y su madre, Tulia María Valencia, lideresas comunitarias y defensoras de los derechos humanos de Alto Mira y Frontera, en el municipio de Tumaco, han sido detenidas injustamente y acusadas de delitos que no han cometido.

El 23 de abril, las autoridades colombianas detuvieron a Sara Quiñonez y a su madre, Tulia Valencia, en la ciudad de Cali, suroeste de Colombia. Las dos lideresas han sido acusadas formalmente de rebelión y conspiración agravada para cometer un delito. En la actualidad permanecen detenidas en la prisión estatal cercana a Cali en Jamundi, Valle, hasta que en las próximas semanas se celebre la audiencia de apelación. La organización Proceso de Comunidades Negras (PCN) dijo a Amnistía Internacional que los cargos contra Sara Quiñonez y Tulia Valencia son infundados, ya que estas mujeres no pertenecen a un grupo guerrillero y no han estado implicadas en las prácticas ilegales de las que se las acusa. La PCN también ha informado de que el juicio contra las dos mujeres ha sido injusto y discriminatorio, basado en su identidad como afrodescendientes y en su labor como defensoras de los derechos humanos.

Sara Quiñonez pertenece a la junta de gobierno de la comunidad afrodescendiente de Alto Mira y Frontera. Es una defensora de los derechos humanos que lucha por el derecho a la tierra de su comunidad, una comunidad que sufre un acoso constante por parte de numerosos actores armados que han tratado de ejercer el control sobre su territorio, especialmente en lo que se refiere al cultivo de coca. Tulia Valencia también es una reconocida lideresa local, que ha dedicado su carrera a promover y proteger los derechos individuales y colectivos de su comunidad. Las dos viven en Cali tras haber tenido que desplazarse de su comunidad después del homicidio de otros dos líderes comunitarios. La PCN siente preocupación por la vida y la integridad de otras defensoras de los derechos humanos afrodescendientes en la región colombiana del Pacífico, ya que estas mujeres son las principales lideresas que dan voz a su comunidad, y son las que sufren ataques a causa de su trabajo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de los líderes y lideresas de la junta de gobierno del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, incluida Sara Quiñonez, en marzo de 2018. Las medidas se dictaron tras las denuncias de violencia en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de San Andrés de Tumaco, y tras el asesinato del líder del consejo comunitario José Jair Cortés, cometido el 17 de octubre de 2017. Sara Quiñonez también ha recibido medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección como reconocimiento por los riesgos que corre como lideresa social.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

− instando al fiscal general a poner de inmediato en libertad a Sara Quiñonez y Tulia María Valencia y a abstenerse de presentar cargos sin que existan pruebas sólidas con el fin de impedirles tener un juicio en libertad;

− pidiendo al fiscal general que adapte sus directrices internas para garantizar que el sistema de justicia penal no se utiliza para atacar y acosar a quienes defienden los derechos humanos y que sólo se inician investigaciones penales cuando existen fundamentos y pruebas para ello;

− instando a las autoridades a aplicar adecuadamente las medidas cautelares ya dictadas en favor de Sara Quiñonez y el consejo comunitario y a proporcionar medidas de protección integrales para las defensoras de los derechos humanos afrodescendientes en la costa pacífica de Colombia, unas medidas que sean conformes con los deseos de las afectadas y que les garanticen que pueden realizar su trabajo de derechos humanos sin temor por su seguridad.