NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Fiscal General de Colombia
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26 de abril de 2018
Fiscal General Néstor Humberto Martínez, Las organizaciones y personas suscritas a esta carta escribimos para expresar nuestra oposición a lo que parecen ser acusaciones injustas contra la Sra. Sara Liliana Quiñonez y la Sra. Tulia Maris Valencia, lideresas del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y destacadas defensores de derechos humanos. La Sra. Sara Liliana Quiñonez y la Sra. Tulia Maris Valencia hacen parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y han arriesgado sus vidas para defender legítimamente los derechos individuales y colectivos de la comunidad afrocolombiana.
Durante décadas, su hogar – el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera – ha sido sometido a violencia y despojo por parte de grupos paramilitares, grupos guerrilleros, narcotraficantes, soldados y corporaciones multinacionales. En 2012, otro activista del PCN, Félix Banguero, fue arrestado junto con otras 27 personas en circunstancias similares por presuntamente pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después de pasar más de dos años en una prisión con alto hacinamiento, Banguero fue liberado por falta de pruebas. Él continúa manteniendo su inocencia y sigue comprometido con la lucha por los derechos afrocolombianos.
Nos preocupa mucho que la Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia estén enfrentando una situación similar que viola sus derechos humanos básicos. La Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia tienen trayectorias reconocidas como defensoras de derechos humanos. La Sra. Quiñonez actualmente cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) debido a amenazas de muerte contra ella y contra todo el liderazgo del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.
La Sra. Tulia Maris Valencia, la madre de Sara, también es una líder reconocida y participa en el grupo de mujeres y los comités locales del Consejo Comunitario. Ambas continuaron defendiendo los derechos del Consejo Comunitario incluso después de los asesinatos de alto perfil de Genaro García en 2016 y Jair Cortés en 2017 quienes también fueron lideres del Consejo Comunitario de Alto Mira. Luego de los asesinatos, la Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia fueron desplazadas forzosamente con sus familias a otra parte del país donde la Sra.
Quiñonez recibió medidas de protección suministradas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia. Ahora, el gobierno parece estar criminalizando los esfuerzos de la Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia de defender los derechos colectivos y territoriales del pueblo afrocolombiano que son reconocidos constitucionalmente.
¡Defender los derechos humanos no es un crimen!
¡Defender los derechos del los pueblos afrocolombianos no es un crimen!
¡Defender los derechos de las mujeres no es un crimen!
¡Defender los derechos territoriales no es un crimen
!Nos unimos al llamado de los movimientos sociales colombianos:
¡Retiren los cargos sin fundamento contra Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia y de inmediato libérenlas!
Por favor contactar la encargada de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de PCN Charo Mina Rojas al +57-314-370-8931 o charominarojas@gmail.com si tiene alguna pregunta o comentario relacionado a la carta.
