La junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, expresa su profundo rechazo e indignación por las capturas de nuestras lideresas Sara Liliana Quiñones Valencia y Tulia Maris Valencia ordenadas por la Fiscalía General de la Nación el día de hoy, 20 de abril de 2018 en la ciudad de Cali. Sara y Tulia Maris (hija y madre), han sido destacadas activistas, defensoras de la vida y del territorio en nuestro Consejo Comunitario. Sara desempeñó los cargos de lideresa juvenil, presidenta y vicepresidenta de la junta de gobierno, con pulcritud y transparencia; siempre en lucha por la justicia social y el bienestar comunitario.
En la actualidad y como resultado de amenazas por la decidida defensa de los derechos colectivos de nuestras comunidades, Sara y Tulia Maris se encuentran desplazadas forzosamente en la ciudad de Cali, donde las protegía un esquema de protección de la UNP. Este último desplazamiento fue provocado por las amenazas contra la vida que sufrimos todos los miembros de la junta de gobierno el año pasado, que inclusive le costaron la vida a nuestro compañero José Jair Cortés. Advertimos que a lo largo de la historia de nuestro proceso organizativo, se han configurado todo tipo de hechos victimizantes y los líderes han sido objeto de amenazas sistemáticas, intimidaciones y asesinatos sin que hasta el momento se nos brinde las garantías necesarias para ejercer gobierno propio. Hoy más que nunca exigimos que la labor de liderazgo no sea estigmatizada y criminalizada, dado que nuestras únicas banderas son la defensa de la vida y del territorio.
Con todo lo sucedido, le hacemos un especial llamado a las organizaciones de derechos humanos, al movimiento social afrocolombiano y a la Defensoría del Pueblo, para que estén vigilantes y contribuyan a garantizar el derecho a la libre expresión, autonomía y gobierno propio que día a día intentamos ejercer pese a todas las adversidades y peligros. Creemos firmemente que la labor de liderazgo no es un delito, y por lo tanto, rechazamos cualquier acto de persecución en contra de nuestras comunidades, líderes y miembros de junta.
A las autoridades judiciales, a la comunidad internacional y a los defensores de derechos humanos, les recordamos que nuestras compañeras, al igual que las comunidades y demás líderes, estamos cobijados por las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en razón del riesgo generalizado al que hemos estamos sometidos. Por todo lo anterior, convocamos a la solidaridad del pueblo negro con nuestras compañeras y le rogamos estar vigilantes para que se les garantice su legítima defensa y el debido proceso.
