DECLARACIÓN POLÍTICA
PACIFICO SUR POR LA DIGNIDAD Y VIDA DE LOS PUEBLOS
Tumaco, 11 de noviembre de 2016.
Las organizaciones sociales y expresiones políticas, participantes en la Cumbre Regional de Paz Pacífico Sur; reunidos en el municipio de San Andrés de Tumaco, ante la crisis de gobernabilidad institucional en nuestra región y el evidente abandono del estado, nos hemos encontrado para tejer unidad, que permita no sólo debatir los acuerdos oficiales de paz, sino construir y proyectar alternativas propias que fortalezcan la justicia social en nuestros territorios.
Como región, defendemos y revindicamos el capítulo de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular así como los ocho puntos del pliego de peticiones, los cuales se convierten en nuestros mandatos y hoja de ruta para el buen vivir y garantías para la pervivencia de nuestros pueblos.
Respaldamos los acuerdos de la Habana, la disposición del gobierno nacional de dialogar para continuar con la construcción de la paz con las insurgencias, e instamos para que se culmine con la firma de los acuerdos en el menor tiempo posible; así mismo, exigimos contar con garantías para la participación real y efectiva en la implementación y verificación de los acuerdos de la Habana y la participación directa y vinculante desde el inicio del dialogo público con la insurgencia del ELN.
Valoramos el logro del Capítulo Étnico para la Paz y la defensa del territorio conquistado en la Habana y reiteramos la urgente necesidad de instalar la comisión de verificación tripartida, con espacios internos de diálogo con los pueblos y las partes lo más pronto posible.
En el marco de implementación de los acuerdos de la Habana y el proceso de diálogo con el ELN, como movimientos sociales de la región del Pacifico Sur, exigimos ser reconocidos e incluidos como actores políticos, en este marco reafirmamos la necesidad de que se respete y garantice los derechos humanos y la vida de nuestras comunidades, líderes y lideresas, organizaciones y territorio, que cese la discriminación y violencia contra nuestras mujeres, jóvenes y niños en el conflicto armado, así como el reconocimiento de nuestras autoridades étnicas en el control y cuidado del territorio, solicitamos al gobierno nacional y regional culmine con su política de criminalización a la movilización y a la organización social y política de nuestros pueblos.
Ratificamos la movilización social y las diferentes formas de organización y lucha de los pueblos afrodescendiente, indígenas y campesinos, como parte de la estrategia para alcanzar nuestros derechos.
Seguiremos tejiendo en unidad y desde nuestras diferencias e invitamos a todas las expresiones sociales que se encuentran en nuestra región, a que juntos construyamos rutas efectivas en defensa de los derechos territoriales, sociales, económicos, políticos, ambientales, espirituales de nuestras comunidades, por la vida digna y la paz completa, duradera, con justicia social y garantías de no repetición por las presentes y futuras generaciones de nuestro país.
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