Carta al Presidente Juan Manuel Santos con respecto a la violencia sexual contra niñas y mujeres en el territorio ancestral de La Toma, vinculada con la minería ilegal por retroexcavadoras y la inacción de las instituciones
Señor Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia
En sus manos – ESM
Apreciado Sr. Presidente Juan Manuel Santos:
Cordial Saludo, como académicos y acompañantes de procesos de acción colectiva por la defensa del territorio de Comunidades Negras en el Alto Cauca y el Pacífico colombiano, le escribimos nuevamente solicitando su intervención inmediata para Salvaguardar el Territorio y la dignidad de las Comunidades Ancestrales del norte del Cauca y, en Orden Prioritario, como dice la Ley, la protección de la dignidad y esperanza de futuro para niñas, niños, jóvenes, mujeres y comunidad en general.
El pasado 20 de Septiembre le enviamos una carta denunciando la presencia de minería con retroexcavadoras en la Toma (Suárez-Cauca) y los riesgos que implican para la comunidad. Hoy, después de las diferentes advertencias que la comunidad y nosotros mismos hemos realizado, tenemos que denunciar que gracias a que se continúa con la actividad minera por externos se presentó la violación sexual de una niña por personal que practica minería ilegal en el territorio.
Las prácticas de racismo en el país no son un asunto del pasado. Continúan dándose y relacionamos la minería que impulsa la locomotora minera con la violación de los derechos étnico-territoriales y la violencia sexual contra las mujeres negras. La violencia contra las mujeres es una constante que proviene como un continuum histórico estratégico desde la Colonia hasta nuestros días. Las maquinarias de guerra no sólo se acompañan con armas físicas, las locomotoras y retroexcavadoras conllevan acciones de amedrentamiento como la humillación de las mujeres como estrategia para el desplazamiento forzado, el despojo y destierro de sus habitantes, entre otros.
Denunciamos con indignación el impacto devastador en la vida y la integridad de los grupos étnicos del país debido a la depravación y la crueldad ejercida por los agentes de minería legal e ilegal. La minería de retroexcavadoras y de concesiones traen gente extraña a los territorios y está devastando el territorio poseído desde 1635 y despojando a las comunidades negras de la minería ancestral, fuente de sustento, de cultura y de pervivencia, como señaló la Sentencia 1045 A de 2010. El Gobierno está permitiendo la adjudicación de títulos sobre zonas donde las comunidades negras tienen la prevalencia del derecho y burlando los derechos étnico-territoriales. Tampoco controla la minería ilegal que destroza los ríos, las tierras y rompe la estructura social comunitaria con amenazas, violaciones y con la fuerza de las armas. Las 12 retroexcavadoras que permanecen ahora en el río Ovejas, en el consejo comunitario de La Toma, en Suárez Cauca, a pesar de las reiteradas peticiones, no han sido decomisadas, ni vinculadas a ningún proceso de investigación por parte de la fiscalía, lo que impide su inmovilización, y en consecuencia su traslado en todo el territorio del Norte del Cauca, caso concreto sucedió luego de la catástrofe en la mina San Antonio en Santander, las cuales solicitan permiso de movilidad y no se les puede negar pues sus dueños no han sido vinculados formalmente por los hechos sucedidos a finales de mayo donde murieron según las cuentas oficiales 13 personas.
Hay que advertir que la única minería legítima en los territorios de las comunidades negras es la minería ancestral. Éste oficio se aprende en la comunidad de generación en generación en armonía y equilibrio con el río. Mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes heredan especialmente de sus madres el conocimiento de tecnologías propias y limpias que hay que seguir recuperando, acordes con los ritmos y crecientes de los ríos. Estas prácticas se vienen aniquilando en el territorio, confinando la comunidad y violentando la vida personal y comunitaria.
Siendo consecuentes con un estado social de derecho pluriétnico y plurijurídico, la única minería legal en los territorios étnicos es la minería ancestral y artesanal. Exigimos por tanto que puedan protegerse jurídica y materialmente a las comunidades y sus nuevas generaciones, que se realicen acciones inmediatas para el cumplimiento de la sentencia proferida por la corte constitucional T1045-A de 2010 y los autos 004, 005 del 2009 y el 092 del 2008 que en general el Gobierno Nacional ha incumplido.
El respeto integral al buen vivir que practican las comunidades afrodescendientes requiere mirar integralmente las políticas, su dimensión histórica, cultural, ecológica y generacional que portan los conocimientos en los territorios de vida habitados por las comunidades étnicas.
La violencia contra la mujer, el abuso adolescentes y la prostitución, se constituye en una práctica concomitante con la minería no ancestral y debe entenderse y judicializarse como tal; en tal sentido, interpelamos por respetar la integralidad de los territorios culturales y la integridad del cuerpo de las mujeres, de sus niñas y niños.
La crianza de niños y niñas en las comunidades negras no sólo se remite a la familia nuclear o extensa, cualquier violación a la integridad de las mujeres de La Toma no es un caso aislado que se resuelva meramente en el ámbito doméstico y privado, es parte de una problemática cultural y política para la comunidad en general. Es la expresión de racismo, sexismo, femicidio e infanticidio con la complicidad del gobierno por la omisión de sus funciones y la fabricación e impulso de políticas de desarrollo contra las prácticas ancestrales y apuestas políticas del buen vivir de las comunidades.
Las violencias contra las mujeres no puede quedar impune ni a la suerte del destino individual, son parte del exterminio general de la guerra que vive el país y afecta a las comunidades y territorios negros, es usada como estrategia del destierro y extinción de los pueblos Afrocolombianos.
Además denunciamos la amenaza inminente de muerte a dos líderes de la comunidad de La Toma y que una mujer lideresa ha tenido que salir del territorio con sus hijos por exigir a los dueños y trabajadores de las retroexcavadoras que saquen la maquinaria del río Ovejas.
Exigimos por tanto:
1. Salvaguardar el territorio de manera inmediata, decomisar las retroexcavadoras y detener la minería ilegal que está actuando en el consejo comunitario de La Toma, en Yolombó y otras zonas, con la expulsión y/o destrucción de las retroexcavadoras que aún permanecen en el territorio de La Toma.
- Cumplir la Sentencia con la aplicación del derecho fundamental de la Consulta precia y el consentimiento previo libre e informado y demás órdenes que contiene.
- Respetar y proteger las decisiones de la comunidad ancestral consecuentes con su opción propia de presente y de futuro.
- Sanar y garantizar el cuidado para la no repetición de las violencias contra la niñez, violencias de género y generación (sexual, física, psicológica, cultural, patrimonial y económica).
- Clarificar hechos, buscar pruebas de la violencia contra las mujeres, e iniciar procesos judiciales contra ellos.
- Sacar las retroexcavadoras del territorio, o destruirlas como está establecido por ley.
7. Llevar a cabo la protección con enfoque de afro-reparación a las niñas, niños, jóvenes y mujeres desplazadas y violentadas en el marco de la minería realizada por agentes externos.
Atentamente,
Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacifico Colombiano, GAIDEPAC (ver firmas abajo).
