Situacion Humanitaria en Buenaventura

Defensor del Pueblo califica situación humanitaria en Buenaventura como «gravísima»

Jorge Armando Otálora aseguró que la situación en el puerto es tan grave, que incluso hay denuncias de cobro de peaje dentro de los mismos barrios.

Por: Redacción de El País Buenaventura Jueves, Noviembre 15, 2012 – 3:56 p.m.

Tras visitar Buenaventura, el defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora, calificó como «gravísima» la situación humanitaria de los habitantes del puerto por la confrontación que sostienen las bandas ‘la Empresa’ y ‘los Urabeños’.

Otálora, quien recorrió los sectores más castigados por la violencia, la pobreza y la falta de servicios públicos como los barrios Juan XXIII, Gamboa, La Carmelita y Seis de Enero, denunció que se han agudizado prácticas como la extorsión y el ‘boleteo’.

«Las alertas continuarán, deben seguirse haciendo pues sigue el riesgo muy alto para la población», dijo el Defensor, quien denunció que la situación es tan preocupante que incluso «le están cobrando un peaje a los propios habitantes de los barrios para poder entrar y salir».

En efecto, según denuncias de varios habitantes de las zonas afectadas, las extorsiones van desde $2.000 para los vendedores de minutos y mototaxistas, hasta los $100.000 que se le han llegado a cobrar a los tenderos o dueños de graneros. El peaje en muchos de estos sectores va desde los $2.000 hasta los $5.000, especialmente en el sector de Gamboa.

«Por eso, la reacción del Estado debe ser diferente, muy diferente a como se está tratando hoy. Las estructuras criminales han crecido», precisó Otálora.

El representante del Ministerio Público estuvo acompañado en su recorrido de este jueves por el defensor del Pueblo del Valle Lennos Ramos Panchano, el personero de Buenaventura Álvaro Martán Abonce, el padre Jhon Reina en representación de la Iglesia, la Acnur y otras ONG nacionales e internacionales.

Después del recorrido, el Defensor Nacional se reunió con autoridades de la Policía, la Armada y la Alcaldía del puerto, para indicar las preocupaciones anotadas en su informe, con respecto a la violencia y las condiciones humanitaria que atraviesan los más de 5.000 desplazados internos que tiene Buenaventura.