Por: César Rodríguez Garavito* / Especial para El Espectador | Elespectador.com
El Congreso se apresta a conciliar la aprobación de una ley que penaliza la segregación, pero falta un mayor debate.
La cárcel siempre capta la atención. Una ley recién aprobada, que sanciona la discriminación con prisión, provocó de inmediato el debate que no han tenido cientos de casos que las víctimas –afrocolombianos, mujeres, parejas del mismo sexo, personas con discapacidad y otros grupos— vienen denunciando a diario desde hace años.
La noticia tomó por sorpresa a casi todos. En medio del desconcierto, la información y la opinión apresuradas han sido la regla general. Algunos preguntan a qué hora los congresistas se sacaron esta ley de la manga. Otros vaticinan que las cárceles se van a llenar de ciudadanos incautos. Otros responden que, al contrario, la ley se quedó corta al fijar una pena de uno a tres años de prisión, que tendría beneficio de excarcelación.
El tema es tan complejo como importante. Y aún no ha sido definido completamente en el Congreso, porque hay dos versiones de la ley que deben ser conciliadas: la que aprobó el Senado el año pasado y castiga sólo el racismo, y la que salió de la Cámara esta semana y castiga también otras formas de discriminación (por religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo y orientación sexual). De modo que, antes de tomar posturas y decisiones, conviene entender de dónde viene y para dónde va la ley.
Una ley con historia
Lo primero que hay que saber es que la idea de la ley no es nueva. Desde hace 30 años, Colombia estaba en mora de cumplir la Convención de la ONU sobre discriminación racial, vigente en el país desde 1981, que ordena expedir una ley que penalice los casos más graves de racismo, los que implican actos de violencia u odio racial. En relación con la discriminación en general, la deuda es aún más vieja y viene del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en 1968. Por eso, casi todos los países de la región han venido expidiendo normas similares en las últimas dos décadas.
También por eso la ONU había conminado varias veces al Estado colombiano a expedir la ley. Lo mismo había hecho la Corte Constitucional en 2005, al decidir la tutela de Johana Acosta, la abogada cartagenera discriminada al tratar de entrar a las discotecas de su ciudad.
La nueva ley tampoco es el único proyecto de este tipo que ha sido presentado al Congreso. El primer intento fue el de la exrepresentante María Isabel Urrutia, quien impulsó sin éxito un proyecto similar que castigaba con cárcel la discriminación racial, en 2006. El proyecto más ambicioso y participativo fue de iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que resultó de un trabajo de dos años con organizaciones sociales e incluía todas las formas de discriminación, creaba una entidad estatal por la igualdad y ponía el énfasis en multas y sanciones pedagógicas, antes que en penas de prisión. El proyecto llegó al Congreso en 2007 y se unió a uno similar que había elaborado la entonces senadora Gina Parody. Aunque la síntesis de estos dos proyectos es la propuesta de legislación más juiciosa y completa contra la discriminación que haya llegado al Congreso, nunca encontró apoyo político y rápidamente cayó en el olvido.
La tercera es la vencida
Los vientos cambiantes de la política le dieron vuelo al proyecto que el partido MIRA presentó el año pasado. En vísperas del Año Internacional de los Afrodescendientes y gracias a la labor que durante años había hecho el movimiento social afrocolombiano, el tema de la discriminación racial se instaló en el Congreso. Así lo muestran las votaciones unánimes a favor del proyecto en los cuatro debates en Senado y Cámara.
El proyecto original del MIRA era a la vez más limitado y más duro que el aprobado esta semana. Más limitado, porque se refería sólo al racismo. Más duro, porque contemplaba penas de prisión de tres a seis años, es decir, el doble de las finalmente aprobadas.
Se dice que hacer leyes es como hacer salchichas, y esta no fue la excepción. En los cuatro hervores de los debates parlamentarios, otros congresistas le bajaron la sal (redujeron las penas a la mitad en el Senado), añadieron ingredientes (las demás formas de discriminación, por iniciativa del representante Alfonso Prada, del Partido Verde) y le pusieron aderezos (como el castigo al antisemitismo). El resultado fue una receta que no deja de tener paradojas, como el hecho de que una ley inicialmente propuesta por el MIRA —partido cristiano que ha votado en contra de los proyectos sobre derechos de las parejas del mismo sexo— termine protegiendo a la población LGBT.
Más allá del proceso, lo que importa ahora es el resultado. La ley recoge aspiraciones de movimientos y víctimas de la discriminación. Además, tiene la bendición del Congreso, y todo indica que el Gobierno está dispuesto a firmarla. Lo que resta, entonces, es un debate sobre los pros y los contras de la ley, que informe la decisión que deberá tomar el Congreso en las próximas semanas sobre el texto definitivo. La ley apenas abre la discusión. Y nada mejor que comenzar por debatir sus detalles.
