“Esta casa hecha de sangre y lanzas afiladas”León Felipe.

ANA FABRICIA CÓRDOBA ERA UNA DIrigente y la hicieron un símbolo. La mataron para enterrarla y enterrar con ella esa larga fila de asesinados, desplazados, desterrados, menesterosos que la seguían esperanzados y atemorizados. Había gente empujando. Había mucha gente que la echaba por delante como escudo para reclamar tierras, vidas y hasta cadáveres. La han sacado a punta de muertos de sus tierras y de sus casas, en Urabá, Tibú, Suárez, Guachucal, Necoclí, Saravena, El Cairo, Bucaramanga, Popayán, Líbano y San José de Apartadó. Y cien pueblos más y miles de muertos más y millones de desplazados más. Las ciudades se han vuelto comunas y las comunas encierran cementerios, tumbas clandestinas, muertos calcinados, blancos, ignorados.



La mataron porque habían matado a su hijo y a su hijo porque habían matado a su esposo. Y a su esposo por cualquier cosa: porque parecía, porque miraba, porque reviraba. Y a su hijo porque parecía, porque miraba, porque reviraba. Una noche entraron a la casa, sin orden de allanamiento, y la sacaron empujada como sacaron de la misma casa, de la misma forma y a la madrugada, a María Cano y a Jorge Loaiza y se los llevaron presos en un furgón. Sucedió en 2004, en el barrio La Honda, zona suroriental de Medellín, y eran miembros —para sus captores, milicianos— de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA). La Policía presumía que ACA era un brazo político de las guerrillas. Punto. La capitana Doris Manosalva declaró, para no decir nada, que se trataba de una “captura administrativa”. Simple. Suficiente. No hubo, como lo reconoció la Fiscalía, ninguna labor de inteligencia ni seguimientos. Nada. La declaración de un tal Cristian, un sujeto que la Policía había hecho objeto de torturas, según su propia declaración, para volverlo un informante: “Me cogieron, me ponían una bolsa en la cabeza, me daban pata en el pecho, me dieron con la parte de atrás de la puñaleta”. Una técnica simple. Muy de moda. Quizá con idéntico propósito terminaron asesinando a Jonathan Arley, hijo de Ana Fabricia, hace un año. Ella acusó a la patrulla de la policía de La Cruz, número 133084. La tenían entre ojos desde que Éver Veloza, H.H., jefe del Bloque Bananero de Urabá, la arrinconó en el corregimiento de Churindó y luego también en Apartadó. En Medellín, a donde llegan los desplazados de Chocó, tampoco la dejaron quieta. La amenazaban. La obligaron a vivir de barrio en barrio, de casa en casa. Le seguían la pista. Era peligrosa, hablaba: “Me van matar, conozco a mis enemigos. ¿Qué fue lo que hice?”, gritó ante representantes de la Procuraduría, la Fiscalía, la Vicepresidencia. Hasta que la cazaron en una buseta como pasajera a las 10 de la mañana. La mataron un par de sicarios. La Mesa Metropolitana de Derechos Humanos de Medellín denunció que en el crimen habrían participado policías. Angelino Garzón declaró —para no decir señaló—: “Es un crimen muy grave que hubiéramos podido evitar”. El ministro de Defensa se alzó de hombros: la llamamos muchas veces y no nos respondió. Las sospechas son tan fuertes que el general Naranjo advirtió a los policías: “Someteremos a la justicia ordinaria a quien se desvíe de sus obligaciones”. Razón tenía Ana Fabricia al desdeñar un esquema de seguridad —como llaman a ese presidio ambulante— hecho por unidades del cuerpo al que pertenecían los presuntos asesinos de su hijo.

El asesinato de Ana Fabricia Córdoba es la notificación formal de los usurpadores, testaferros —y aún, agrego, de poseedores de buena fe— que se sienten amenazados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, firmada el viernes ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por el presidente Santos.

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