En el marco del evento “territorio y juventud, por el derecho a una vida digna” convocado por la personería distrital de Buenaventura, jóvenes de los diferentes consejos comunitarios, que padecemos problemas sociales de carácter estructurales y que muchos de ellos son propiciados por una inadecuada administración de lo público y a falta de herramientas y mecanismos que garanticen la participación autónoma, libre y real de la población juvenil en el distrito, en el presente documento manifestamos.    

 

Racismo y discriminación racial:

  • Los jóvenes afros, rurales y urbanos, somos objeto de exclusión estructural y racismo institucional, expresado en la ausencia de posibilidades de acceso a bienes y servicios sociales que garanticen el goce y disfrute de nuestros derechos.
  • Somos objeto de exceso de fuerza y represión por parte de la fuerza pública por nuestra, procedencia, lugar de habita y/o condición étnico – racial (por nuestro color de piel).
  • Muchos de los programas a académicos que ofrecen las universidades locales nos forman para trabajar como peones de los blanco-mestizos que se formar en carreras gerenciales que les es ofrecidas en las universidades del interior del país, lo cual conduce a perpetuar la relación explotador – explotado, dominador – dominado. 

Carencia de políticas públicas para atender las necesidades de los jóvenes de los consejos comunitarios en procura de garantizar sus derechos fundamentales:

  • En Buenaventura no existen políticas públicas dirigidas a atender las problemáticas de los jóvenes, y las escasas y débiles acciones institucionales que se desarrollan en materia de juventud carecen de un enfoque étnico diferencial coherente con nuestras lógicas y prácticas culturales.
  • En el marco del reconocimiento jurídico de los derechos de las comunidades negras como grupo étnico tenemos derecho a una educación contextualizada, que el Estado ha llamado étnoeducación, sin embargo, el sistema educativo todavía continúa formándonos en los valores y conocimiento de la cultura occidental, alejándonos de nuestras lógicas, valores y prácticas culturales.
  • Las Universidades públicas que tienen presencia en el municipio carecen de programas académicos que permitan formar a los jóvenes de los Consejos Comunitarios en competencias necesarias para el desarrollo propio.

Victimización de los jóvenes por el conflicto armado y la violencia sociopolítica:

  • Los jóvenes de la zona rural y de la zona de bajamar del área urbana son mayormente victimizados por la dinámica de la guerra y del conflicto armado. 
  • Los jóvenes de las comunidades rurales somos sometidos a constantes interrogatorios por parte de la fuerza pública, quienes nos dan un trato de sospechosos.
  • Somos utilizados por los actores armados legales e ilegales como escudo e instrumentos de guerra, manipulan nuestra conciencia para utilizarnos como carne de cañón, para que nos matemos entre nosotros mismos.
  • En el mes de Junio del presenta año el ejército se instaló durante 15 días en la escuela de la comunidad del Tígre, consejo comunitario del Río Raposo, impidiendo que durante este tiempo los estudiantes recibieran sus clases. Lo cual se constituye en acto de violación del Derecho Internacional Humanitario por parte del la Fuerza Pública. Estos hechos violatorios se presentan de manera reiteradas en diferentes territorios étnicos de comunidades negras del distrito.
  • Nuestros niños  y niñas son vinculados al conflicto armado por parte del ejército, al engañarlos con regalos para sacarles información o para utilizarlos como informantes.
  • Nuestras mujeres jóvenes (menores de 15 años) son utilizadas como objeto sexual y como instrumento de guerra por parte de los actores armados legales e ilegales, a las cuales las enamoran y utilizan como informantes.
  • Generalmente cuando el ejército llega a nuestras comunidades, somos objeto de maltrato verbal y físico con un tinte discriminatorio, por parte de los militares.
  • La ausencia del Estado en materia de garantía de derechos sociales a los jóvenes, nos sitúa en una condición de alta vulnerabilidad, que nos hace proclive a ser victimizado o utilizado como instrumento de guerra por los actores armados.

Estigmatización:

  • Los jóvenes  de los consejos comunitarios nos sentimos estigmatizados y perseguidos, tanto por los actores armados ilegales que tienen presencia en la zona, como por parte de la fuerza pública.
  •  Somos objeto de persecución y de malos tratos por nuestras formar particulares de vestir y de comportarnos, estigmatizan nuestras expresiones culturales, nos tipifican y nos tratan como delincuentes.
  • Los jóvenes defensores de derechos Humanos somos estigmatización y persecución armada y política por parte de los actores armados legales e ilegales.

Limitación para el uso cultural del territorio, en términos del goce y disfrute del mismo:

  • Existe una presión real sobre nuestros territorios, expresada en los megaproyectos, las políticas del despojo y los procesos sistemáticos de muerte y exterminio que pretenden vaciar demográficamente los territorios para ponerlos al servicio de actores e intereses privados nacionales e internacionales.
  • Los territorios ancestrales de las comunidades negras del río Naya y de Bahía Málaga siguen siendo objeto de no reconocimiento legal por parte del Estado, pese a la ardua lucha de nuestros Consejos Comunitarios para el logro de este propósito, lo cual se constituye en una vulnerabilidad y en una amenaza para la garantía de la vida de la cultura de nuestras comunidades en el territorio ancestral.
  • La presencia de los actores armados legales e ilegales en nuestros territorios colectivos y ancestrales limita y obstaculiza nuestra movilidad en el territorio  y el desarrollo de nuestras prácticas productivas y culturales. Esto debido al miedo que nos produce la situación de riesgo permanente en que nos encontramos. Un ejemplo de esto es el caso de que nuestros niños no pueden transitar libremente, ni de día ni de noche, tampoco pueden realizar sus juegos tradicionales y su relación natural con el territorio.

 

Exigencias y peticiones:

 

  • Exigimos que la Alcaldía Distrital adopte la Ley 70 de 1993, el convenio 169 de la OIT, ratificado a través de la ley 21 de 1991, en su ejercicio administrativo, y reconozca a los Consejos Comunitarios como autoridades legítimas en sus territorios ancestrales y colectivos.
  • Exigimos que se reconozca el Consejo comunitario de la vereda la Gloria, de tal forma que se den garantías al libre derecho a la autodeterminación como comunidad negra que establece la constitución política y los tratados internacionales ratificado por Colombia.
  • Exigimos que las universidades creen nuevos programas educativos acordes con las condiciones y necesidades de las poblaciones afro de los consejos comunitarios.
  • Exigimos que la alcaldía, las universidades públicas y el SENA adopten políticas que permitan a los y las jóvenes de los consejos comunitarios el ingreso a la educación superior. 
  • Exigimos que se elimine la discriminación racial y el racismo estructural que ha sido sometida la población joven afro de Buenaventura. Al igual que la estigmatización generacional.
  • Exigimos la construcción e implementación de una política pública orientada a la población juvenil que reconozca las particularidades de los jóvenes de los diferentes consejos comunitarios.

 

Atentamente jóvenes de los consejos comunitarios