COLOMBIA: EEUU debe abrir archivos sobre el Palacio de Justicia

Por Constanza Vieira

Un documento confidencial de la cancillería de Estados Unidos, fechado en enero de 1999, responsabiliza a militares colombianos de la desaparición de civiles y la ejecución sumaria de guerrilleros en el operativo para recuperar el Palacio de Justicia, tomado por insurgentes en 1985.


El cablegrama, conocido el miércoles, fue obtenido por el no gubernamental instituto de investigación estadounidense National Security Archive (NSA), que se dedica a la recolección y publicación de documentos gubernamentales desclasificados invocando la ley de libertad de información de ese país (FOIA, por sus siglas en inglés).

La clasificación del cablegrama como confidencial fue dispuesta por quien era en 1999 embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman, y estaba prevista hasta enero de 2024.

Un párrafo del cablegrama sostiene que el coronel retirado Alfonso «Plazas (Vega) comandó en noviembre de 1985 el operativo militar sobre la sede de la Suprema Corte que había sido tomada por el M-19».

 
La efectividad de la justicia militar

En el encuentro de enero de 1999 reseñado por el cablegrama estadounidense, el entonces subcomandante del ejército, general Néstor Ramírez, expresó que la justicia penal militar tenía «una reputación bien fundamentada de producir decisiones justas».

Como ejemplo de ello, Ramírez puso la absolución del general Farouk Yanine Díaz (fallecido este año) y la sentencia de 12 meses de cárcel contra el entonces coronel Marco Báez Garzón.

«Extraños casos para ser puestos en un pedestal», comentó al respecto el autor del reporte, «debido a las notorias acusaciones contra el general Yanine» y «los vínculos del coronel Báez con la masacre de Segovia», cometida en 1988 en el noroccidental departamento de Antioquia y que dejó 43 civiles muertos.

El documento estadounidense también apostilla que, por esa matanza, la justicia civil condenó en 1998 a cinco oficiales, mientras la justicia penal militar los exoneró.

«Ese operativo concluyó con la muerte de más de 70 personas, incluyendo 11 jueces de la Suprema Corte. Los soldados mataron fuera de combate a una cantidad de miembros del M-19 y de presuntos colaboradores, inclusive al personal de la cafetería del Palacio», agrega el documento redactado por la embajada de Estados Unidos en Colombia y dirigido al Departamento de Estado de ese país.

Se trata del «pronunciamiento más claro y conciso que hemos visto en registros desclasificados sobre la responsabilidad del ejército en las muertes y desapariciones del Palacio de Justicia», según el director del proyecto de documentación sobre Colombia del NSA, Michael Evans.

Cuando falta poco para que se cumpla el 24 aniversario de lo que en Colombia se conoce como «el holocausto», «es momento de que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer toda la información de derechos humanos que posee sobre la tragedia del Palacio de Justicia», urgió Evans en un comunicado publicado el jueves.

El Palacio de Justicia, máxima sede del Poder Judicial, fue tomado por 35 combatientes del hoy extinto M-19 (Movimiento 19 de Abril, de tendencia nacionalista), el 6 de noviembre de 1985, con unas 300 personas dentro, que fueron tomadas como rehenes.

La batalla militar de 27 horas para recuperarlo marcó un antes y un después en materia de violaciones a los derechos humanos en este país, que lleva casi medio siglo en guerra interna.

Algunos relacionan ese punto de inflexión con la destrucción, en la tragedia, de lo mejor de la institución judicial.

El episodio culminó con el edificio incendiado y valiosa documentación y evidencias destruidas y cerca de un centenar de muertos, la mayoría pertenecientes a la Rama Judicial, entre los que se encontraban 10 magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Once personas permanecen desaparecidas. En el proceso que se sigue este año contra Plazas Vega, la fiscalía mostró pruebas de que fueron trasladadas a la Escuela de Caballería que comandaba el coronel, donde habrían sido torturadas hasta la muerte.

Aún no se ha emitido fallo en el juicio a Plazas Vega, acusado de secuestro agravado y desaparición forzada agravada de 10 civiles y de una guerrillera que salió viva de la sede del Palacio de Justicia.

Según testimonios de ex agentes, ésta habría sido torturada durante tres meses dentro de una ambulancia en una brigada de inteligencia militar, y no en la Escuela de Caballería.

El representante de la Procuraduría General de la Nación en el proceso a Plazas Vega sostuvo el jueves que el reporte estadounidense ya no puede ser introducido como material probatorio en la causa, pues esa etapa está cerrada.

La jueza del caso, María Stella Jara, no está obligada a acatar ese concepto de la Procuraduría que, por otra parte, había pedido la absolución de Plazas Vega.

El abogado Rafael Barrios, que representa a las familias de los desaparecidos, solicitó sumar el cablegrama al expediente, pues se trata de «una información que es de notorio conocimiento

 
Los militares no deben combatir a los paramilitares

El documento desclasificado por el National Security Archive destaca que el ejército colombiano consideró que «no tiene responsabilidad de combatir o aprehender a paramilitares» de extrema derecha, ligados con narcotraficantes, pues esa es función de la policía.

Los paramilitares, argumentaba el subcomandante del ejército Néstor Ramírez, «no amenazan el orden constitucional a través de actividades subversivas», como sí lo hacían las guerrillas de izquierda surgidas en 1964.

Ramírez consideró una «amenaza para el orden constitucional» la decisión tomada por esa época de que los militares combatieran también a esos escuadrones de la muerte, dotados de armamento de uso privativo del ejército.

Tras una desmovilización pactada en 2002 con el actual presidente Álvaro Uribe, los propios jefes paramilitares han señalado en numerosas declaraciones judiciales que siempre trabajaron conjuntamente con la fuerza pública.

público. Es prueba sobreviniente» en el juicio.

El documento será aportado como evidencia en los procesos que se siguen a quien era superior directo de Plazas Vega, Jesús Armando Arias Cabrales, al comandante de una unidad de inteligencia militar, Iván Ramírez, y a otros oficiales.

«Estamos en la etapa procesal para hacerlo», señaló Barrios, miembro del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El reporte desclasificado reseña una reunión convocada en Bogotá el 13 de enero de 1999 por la jerarquía militar de entonces, con entre 12 y 14 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de las que sólo asistieron «cuatro líderes de opinión prominentes», y un representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También estuvo presente un funcionario de la Oficina Política de la embajada de Estados Unidos, atendiendo «una invitación específica» del ministro de Defensa de la época, Rodrigo Lloreda.

En el encuentro, el tema central fue el rechazo de los uniformados a introducir reformas en la justicia penal militar para reducir los grados de impunidad que arrastra esa jurisdicción en casos de oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos.

Además «se discutieron temas de poca importancia, y los asuntos centrales sobre derechos humanos que están a la orden del día fueron omitidos», advierte el sumario del reporte.

Según el documento, la superficialidad de la conversación se podía atribuir a que los defensores de derechos humanos presentes temían resultar «amenazados y quizá lesionados si desafiaban agresiva y públicamente a los militares».

De hecho, uno de ellos había recibido recientemente amenazas de muerte que atribuía a los militares.

El reporte desclasificado agrega que la discusión se vio desviada por largas «diatribas pro-militares» de dos oficiales, uno retirado y otro en servicio activo.

Ambos posaban de ser «representantes de ONG» (organizaciones no gubernamentales), dice entre comillas el reporte. El retirado era el coronel Plazas Vega, quien hablaba a nombre de una «Oficina para los Derechos Humanos de los Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares» de la que nada se sabe.

Evans comentó a IPS que «aunque el documento ya estaba en nuestra base de datos, es probable que las búsquedas previas de información sobre el coronel Plazas Vega no dieran con él pues en el texto su apellido aparece erróneamente escrito como Plazas Vargas».

«Descubrí este documento recién desclasificado hace poco, mientras investigaba el caso de El Salado», agregó Evans, en referencia a una de las más violentas matanzas cometidas por paramilitares colombianos de ultraderecha, en la que murieron al menos 66 civiles en febrero de 2000.

La reunión reseñada fue la quinta de ese tipo y estuvo presidida por el general Rafael Hernández, por entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los encuentros anteriores fueron similares «y prácticamente sin intercambios de peso», de espaldas al escenario de la época, considera el documento.

Una semana antes de esa reunión se había creado una zona de distensión en la región sureña del Caguán como sede de diálogos de paz entre el gobierno y las entonces muy poderosas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Además, había ocurrido una «ofensiva paramilitar excepcionalmente sangrienta», rememora el reporte.

Precisamente, el anuncio del candidato presidencial Andrés Pastrana de que buscaría establecer una zona desmilitarizada para negociar con las FARC, efectuado en mayo de 1998, catalizó una ofensiva paramilitar en vastas regiones del país, con miles de civiles muertos, que se prolongó hasta el fracaso de esos diálogos en febrero de 2002.(FIN/2009)

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