Inaceptable Judicialización de Aída Quilcue, Feliciano Valencia y Daniel Piñacue
Comisión de Derechos Humanos y Audiencias
Presidencia
Senado de la República
Constancia Pública
Plenaria del Senado de la República
9 de Junio de 2009
Agresión orquestada desde la Presidencia de la República
En mi condición de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República denunció ante la opinión pública nacional e internacional la grave escalada de de intimidaciones, amenazas y atentados, en contra de los lideres más reconocidos del movimiento indígena y sus proyectos comunitarios, con especial énfasis en las autoridades tradicionales de la zona norte del departamento del Cauca.
Se ha desatado una escalada de agresiones en contra de la Asociación de Cabildos Indígenas, las autoridades tradicionales y los consejeros mayores, tanto de la ACIN como del Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca, CRIC, cuyo hecho m{as reciente es la judicialización de (1) Aída Quilcue, vocera de la Minga Indígena y Social, la cual ha sido objeto de un grave asedio con su núcleo familiar, desde el asesinato de su compañero Edwin Legarda por parte de efectivos de la 3ra brigada del Ejército Nacional en diciembre del 2008, (2) Feliciano Valencia, vocero de La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, así como contra (3)Daniel Piñacue, gobernador indígena, y dos comuneros, al parecer guardias indígenas, que responden a los nombres de (4) José Daniel Ramos Yatacue y (5) Mario Yalanda Tombé, sindicados de forma arbitraria por parte de la Fiscalía Seccional del Cauca de los presuntos delitos de “secuestro agravado y lesiones personales agravadas….” sobre el señor Danilo Chaparral Santiago. En este proceso, la autoridad judicial competente, ha librado ordenes de captura en lo que podría constituirse en una serie de detenciones arbitrarias conexo con abuso de autoridad por presunta falsa imputación en contra de los señalados.
Este proceso se origina en los hechos conocidos públicamente en el mes de noviembre del 2008, en desarrollo del juzgamiento realizado por la jurisdicción indígena en ejercicio de funciones como autoridad constitucional en su territorio en el departamento del Cauca, en atención a que el demandante se introdujera irregularmente en el territorio indígena, por lo cual fue objeto de una reprimenda comunitaria conforme a los procedimientos de las autoridades tradicionales y se le aplicó “ceremonia de remedio” ante más de 5 mil personas, con presencia de los medios de información y conforme lo han señalado los voceros legítimos y legalmente reconocidos de las comunidades indígenas. En el proceso ceremonial, la comunidad indígena denunció públicamente las evidencias de la gravedad del hecho por medio del cual un militar de ascendencia indígena, vestido de civil se infiltra en un territorio indígena llevando consigo elementos castrenses que pudieron haber sido usados para desprestigiar la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se desarrollaba en el Territorio indígena de La María, Piendamó.
Resulta inaceptable a la luz de las garantías procesales consagradas en la ley penal y la Constitución que la Fiscalía inicie una investigación penal asumiendo como hipótesis delictiva la comisión de las conductas de secuestro agravado y lesiones personales agravadas en cabeza de los señalados por estos hechos. Aquí se evidencia la falta de voluntad política y de sindéresis jurídica del Estado colombiano para adelantar formas de coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional.
No dudo en señalar que detrás de estos hechos existe un plan desestabilizador orquestado desde el alto Gobierno Nacional para mantener el asedio sobre los territorios indígenas, sus autoridades tradicionales y su jurisdicción reconocida por la Constitución Política en sus artículos 286 y 287, título (11) de la Organización Territorial. Copamiento por parte de actores armados de estas comunidades que solo se agrava con el anuncio presidencial realizado en las últimas semanas en el municipio de Buenos Aires, Cauca, de la instalación de una nueva unidad militar en los territorios indígenas ubicados la zona norte del departamento del Cauca.
Los hechos más graves de esta campaña de agresión en contra de las comunidades indígenas son:
1. El grave hostigamiento a la dirigente indígena Aída Quilcue, quien luego del asesinato de su compañero por efectivos de la 3ra Brigada el 16 de Diciembre del año pasado, ha seguido siendo objeto de múltiples hostigamientos por parte de operativos de la fuerza pública en el área del resguardo de Tierradentro, Cauca. El pasado 11 de Mayo, la hija menor de Aída Quilcue, Mayerlin Alejandra Legarda Quilcue (12 años), fue objeto de un grave atentado contra su vida, por parte de cuatro hombres armados en su residencia, en la vereda clarete, zona rural del municipio de Popayán. La agresión fue repelida por la Guardia Indígena
2. El asesinato del Gobernador indígena, ROBERT DE JESÚS GUACHETA, Gobernador suplente del resguardo Nasa de Honduras, encontrado muerto horas después de haber salido de su casa familiar, en la madrugada del día 18 de mayo de 2009, en Tierradentro, corregimiento del resguardo indígena de Honduras, municipio de Morales, Cauca.
3. Las graves amenazas en contra de las autoridades indígenas y los consejeros mayores de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, por parte de un anónimo que circulara en el norte del Cauca, en el mes de Noviembre y Diciembre del 2008 y que fuera firmado por la sigla – Campesinos embejucados – De esta amenaza se han desprendido amenazas posteriores a los consejeros Danilo Secué, Feliciano Valencia, Jorge Arias, Giovanni Yule, Ezequiel Vitonás y Daniel Piñacue. Estas amenazas se corresponden con el patrón propio de una operación encubierta de terror, que presuntamente vienen adelantando unidades de inteligencia militar en la región
4. Graves amenazas en contra de las autoridades indígenas en el resguardo de Jambaló – contenidas y denunciadas el pasado 13 de Mayo de 2009 en un pasquín atribuido y firmado presuntamente por el sexto frente de las FARC Hernando Gonzáles Acosta donde se amenaza al gobernador del cabildo, Alveiro Quiguanas y directivas del cabildo, EYBAR FERNÁNDEZ coordinador del proyecto Global, RODRIGO DAGUA coordinador del núcleo de educación, LUÍS ALFREDO ULCUE coordinador de economía MIGUEL HENRI QUITUMBO comisión jurídica, GERMIN GEMBUEL coordinador guardia indígena, ELISEO IPIA AGP, a concejales y a la alcaldía municipal a quienes se conmina para que “renuncien de los cargos dando plazo 8 días.”
5. Las autoridades tradicionales han denunciado en las últimas semanas la presencia intimidatoria de hombres armados que se movilizan en vehículos no identificados en el resguardo indígena de Cerro Tijeras, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Es de recordar que en la cuenca del Rió Naya, en un área contigua al Cabildo de Cerro Tijeras, se perpetró una de las masacres más graves del último periodo en Colombia, en un operativo conjunto entre comandos paramilitares y el Ejército Nacional.
Ante la gravedad de estos hechos y de su implementación sistemática; demando públicamente desde la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; a los Ministros del Interior, Dr. Fabio Valencia Cossio y de Defensa encargado, General Freddy Padilla de León, así como del Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez;
Garantías para los dirigentes indígenas amenazados, las organizaciones y sus autoridades tradicionales en el norte del departamento del Cauca, así como el cese de las acciones encubiertas dirigidas a desestabilizar al movimiento indígena y el fin de la impunidad en las investigaciones de los crímenes de Edwin Legarda y el Gobernador indígena, Robert de Jesús Guacheta así como el cese del asedio de los actores armados sobre los territorios indígenas. Igualmente exijo garantías a todas las autoridades, para la vida, el debido proceso y la integridad de Aída Quilcue, Mayerlin Legarda Quilcue, Feliciano Valencia, Daniel Piñacue, José Daniel Ramos Yatacue y Mario Yalanda Tombé.
Firmado.
Alexander López Maya
Presidente
