INFO-Contratistas de la carretera Medellín-Quibdó, recibieron alertas sobre posibilidades de un accidente

Tomado de Revista Cambio

Contratistas de la carretera Medellín-Quibdó, recibieron alertas sobre posibilidades de un accidente
Documentos oficiales muestran que Metrovías tenía que hacerse responsable de las indemnizaciones a terceras personas que fueran víctimas de un accidente.
Como si se tratara de un anuncio premonitorio, los redactores del pliego de condiciones para el contrato del mantenimiento y mejoramiento de la vía Medellín-Quibdó advirtieron que el contratista “asumiría todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y sería responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes de terceras personas”.

Si eso se cumple, la Unión Temporal Metrovías Corredores, cuyos representantes son los hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte, tendría que explicar su eventual responsabilidad en el accidente de un bus de Rápido Ochoa que el pasado 3 de febrero se fue a un abismo y resultaron muertas 45 personas, de las cuales los organismos de socorro han recuperado 31 cuerpos.
Metrovías firmó el 10 de septiembre pasado un contrato con el Instituto Nacional de Vías, Invías, por 65.000 millones de pesos para el mantenimiento de Las carreteras La Manuela-Irra-La Felisa, en el departamento de Caldas; Mumbú-Santa Cecilia, en Risaralda, y Las Ánimas-Quibdó y Quibdó-La Mansa-Bolívar, en Chocó.

El expediente del contrato, obtenido por CAMBIO, muestra que Metrovías estaba obligada, desde el 1° de diciembre, fecha de inicio de las obras, a garantizar durante 15 meses el mantenimiento y mejoramiento de los cuatro corredores y su “estabilidad y transitabilidad”.
Para ello, Invías desembolsó el 16 de diciembre pasado 6.300 millones de pesos para que la compañía interviniera las carreteras, especialmente la de Quibdó-Medellín, pues los anuncios de veedores cívicos y de políticos regionales advertían que en cualquier momento ocurriría una tragedia por el mal estado del tramo.

Una de las advertencias fue producida por Adalberto Caicedo Padilla, un sencillo habitante de Quibdó que a mediados de diciembre envió un mensaje al correo electrónico del presidente Álvaro Uribe, donde rogaba que el Gobierno Nacional le diera pronta solución al problema de la carretera. “Solicito, en mi calidad de ciudadano, una pronta solución al problema de comunicación del tramo Quibdó-El Siete, pues siendo conocedor usted del estado económico nuestro, lo menos que puede ejecutarse para el Chocó es la adecuación de vías”, dice la carta.

Por esos días, y como si las premoniciones se hubieran extendido a las oficinas de Invías en Bogotá, el subdirector de la Red Nacional de Carreteras, Carlos Julio Romero, envió comunicaciones urgentes a Metrovías para recordarle que a partir de la orden de inicio de obra, la empresa tenía la obligación de realizar mantenimiento periódico de los sectores contratados.

Pero pese a ello, no se tuvo evidencia de la presencia de la compañía en el lugar. Según funcionarios de la Personería y del Concejo municipal de El Carmen de Atrato, Chocó, ubicado a una hora del lugar donde se accidentó el bus, ningún obrero, operario o directivo de Metrovías se  hizo presente en la zona desde septiembre hasta el día del siniestro, como tampoco se preocupó por señalizar los puntos críticos de la carretera que durante diciembre y enero presentó constantes derrumbes.

“Podemos dar fe de que Metrovías firmó el contrato pero no se interesaba por esta carretera -dijo un concejal que pidió reserva de su nombre-. Pero tampoco se interesó el Gobierno, pues tenemos un video donde se muestra que en 2005 el ministro de Transporte conoció el pésimo estado de esta trocha y prometió una solución. Tuvieron que aparecer los muertos para que alguien mirara hacia Chocó”.
Una prueba de la ausencia del contratista se evidenció el 26 de diciembre. Ese día, el director de Invías regional Chocó, envió un memorando urgente a Bogotá donde informaba que la vía presentaba hundimiento en algunos tramos y alertaba sobre el colapso de un puente en el kilómetro 18.
De inmediato, en Bogotá se prendieron las alarmas y funcionarios de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras prácticamente obligaron a Metrovías a hacerse cargo de la emergencia. Sin embargo, la firma volvió a desaparecer hasta la semana pasada cuando se presentó la peor tragedia vial en la historia reciente de Chocó.

“No soy responsable”

En momentos en que los medios de comunicación registraban la noticia y buscaban culpables, el representante legal de Metrovías, Carlos Alberto Solarte, aseguró que su empresa no tenía nada que ver en el asunto.
La indignación en las oficinas de Invías y del Ministerio de Transporte fue general pues estaba de por medio un millonario contrato que lo obligaba a atender las necesidades de una vía que históricamente ha tenido todo tipo  de deficiencias (ver recuadro).

El 4 de febrero, 24 horas después del accidente, el Subdirector de Vías escribió a Solarte una nueva carta en la que le recordaba los términos y obligaciones del contratista. “Desde la orden de inicio de las obras -escribió el funcionario- el contratista es el único responsable de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación causará la imposición de multas proporcionales al valor del contrato”.

Pero no solo las autoridades tendrán que mirar con lupa la actuación de Metrovías. También deberán revisar el contrato entregado a la empresa Ponce de León Asociados S.A., la misma a la que Invías le entregó la tarea de interventoría por 4.112 millones de pesos para que vigilara las actuaciones de Metrovías.

CAMBIO se comunicó con el representante legal de Metrovías, Carlos Alberto Solarte, quien evitó responder a los cuestionamientos de la revista.
No obstante, el empresario deberá atender los requerimientos de las autoridades que están al frente de las investigaciones, pues hasta el propio Ministerio de Transporte denunció los hechos y está a la espera de que se inicie el proceso judicial que permita establecer responsabilidades sobre la tragedia.
Ahora, le corresponderá a la Justicia analizar las versiones tanto  de los contratistas como de la empresa transportadora, que deberá demostrar el buen estado del vehículo donde se movilizaban las víctimas. De todas maneras, todo indica que la tragedia de la vía Medellín-Quibdó bien pudo evitarse. O como dijo uno de los familiares de las víctimas, “esta era una tragedia anunciada”.

LA VÍA DE LA MUERTE

La vía Quibdó-Medellín es una de las pocas carreteras del país que conecta a dos capitales de departamento y se encuentra en abandono total. A lo largo del trayecto se observan huecos cuya profundidad supera los 80 centímetros.
La vía, construida en la margen del río Atrato, tiene un ancho no superior a cuatro metros y no posee las características de una vía normal. La mayor parte del tramo es destapada y, según especialistas, es inestable. Así mismo, presenta precipicios con alturas considerables en buena parte del recorrido y la humedad de la zona hace que los derrumbes estén a la orden del día.
Los pocos vehículos que transitan deben hacerlo a una velocidad promedio de 15 a 20  kilómetros por hora y son pocas las empresas de transporte que se atreven a recorrerla. La única compañía que presta el servicio de pasajeros y carga es Rápido Ochoa que realiza un solo trayecto diario, lo que hace que los buses deban transportar a cuanto pasajero encuentra en la vía, sin tener en cuenta el sobrecupo.

EMPRESA  DE TRADICIÓN

Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte hacen parte de una familia de ingenieros dedicada al campo de la construcción y mantenimiento de vías. Oriundos de Pasto, Nariño, han gozado de buena fama y desde hace varias décadas lograron hacerse a importantes obras de infraestructura vial, entre otras razones por tener un músculo financiero envidiable.
Según el Instituto de Concesión Vial, Inco, los Solarte a través de uniones temporales lograron acceder a la administración de la malla vial de buena parte de las carreteras del Valle del Cauca, así como el tramo Bogotá-Tunja-Sogamoso.

En 2005 se ganaron un millonario contrato a través del Consorcio Metrovías Cali 6, para construir el tramo de la troncal suroriental de la capital vallecaucana. Las críticas por esta adjudicación no se hicieron esperar porque veedores cívicos encontraron que los Solarte habían sido sancionados y multados por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, de Bogotá, lo que los inhabilitaba para acceder al negocio. Sin embargo, la sanción desapareció tiempo después.

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